Melchor López
“Hay que organizarnos”. “Hay que resistir”. Fue la expresión de Bernardino Cruz, en un foro realizado en días pasados en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, para “sumar las voces y que se hagan audibles. Y que la libertad y la justicia lleguen para San Salvador Atenco”. Bernardino, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, vivió autoexilio político durante tres años por ser acusado del delito de secuestro equiparado. Delito que nunca se le comprobó. Actualmente doce de sus compañeros se encuentran presos. Tres de ellos en la cárcel conocida como del Altiplano. A Ignacio del Valle Medina, líder del FPDT, se le condenó a más de cien años de prisión.
En dicho foro, Luis Arriaga, director de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó: “El Estado criminaliza a quienes defienden, exigen o promueve derechos”, el activista de derechos humanos agregó que los miembros del FPDT, han sido “sentenciados por delito de secuestro equiparado, un tipo penal creado específicamente para contener las demandas legitimas de protesta y exigencias de derechos realizadas por organizaciones sociales”. Se ha dado un “uso de la ley para inhibir cualquier intento de expresión o exigencia de derechos. No hay lugar para el disenso”.
Acompañado por integrantes del FPDT, Luis Arriaga explicó: “La protesta es un mecanismo de presión ante las autoridades. La protesta es para que se construya ciudadanía; expresa disenso y ha tenido que rebasar varios obstáculos: los líderes mas visibles han sido acusados de delitos que los han llevado a estar en la cárcel o a vivir fuera de sus comunidades; soportar actos de tortura, abuso sexual, allanamientos ilegales, violaciones graves a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.
“Esta reivindicación de los actos de protesta —continuó— son descalificados por grupos gubernamentales y no gubernamentales. La descalificación de la protesta ha sido señalada como una expresión del autoritarismo que ve en las personas a súbdito y no a ciudadanos. Intenta inhibir expresiones sociales”.
En su momento, Erika Zamora, de El Charco, Guerrero, y activista social, hizo alusión a la represión de los movimientos sociales que se viven en esta entidad. “La militarización se agudizó en la zona Mixteca y Tlapaneca después de 1998 cuando tropas del ejército mexicano masacraron, el 7 de junio, a diez indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Ante la demanda de justicia, los familiares han tenido como respuesta una mayor presencia de militares. Los habitantes que viven en esta región son catalogados como guerrilleros en potencia. La masacre de El Charco marca el inicio de la guerra de baja intensidad de la región y el hecho de organizarse de la comunidad para exigir sus derechos, los han convertido en el objetivo de la guerra de baja intensidad”, señaló.
Desde la masacre, aseveró, “la presencia del ejército es masiva y en las comunidades del municipio de Ayutla prevalece un patrón de impunidad que permite al ejército mexicano perseguir a los luchadores sociales y violentar los derechos humanos”. Denunció los “actos de impunidad del Estado”. Habló de la negación de la justicia y la impunidad como sello de este gobierno. Dijo que el Estado “basa su legitimidad en las fuerzas armadas. Sobre todo en cuestiones de seguridad pública”.
Frente a la presencia de movimientos sociales indígenas en Guerrero “el Estado mexicano renuncia a la búsqueda de soluciones civiles y políticas. En este contexto, se vive actualmente un ambiente de criminalización de la lucha social y de los movimientos en defensa de los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas”, matizó.
Luis Arriaga, al referirse a los movimientos sociales, comentó que “la protesta, tiene obstáculos. Uno de ellos es el actual clima de violencia y descomposición social, porque los movimientos son presentados como una amenaza para la seguridad pública. Y por tanto, legitima la intervención desproporcionada del ejército”. Además, como el caso emblemático de los presos de Atenco, “las investigaciones llevadas son imparciales. Hay un uso faccioso del derecho penal”.
“Hay que organizarnos”. “Hay que resistir”. Fue la expresión de Bernardino Cruz, en un foro realizado en días pasados en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, para “sumar las voces y que se hagan audibles. Y que la libertad y la justicia lleguen para San Salvador Atenco”. Bernardino, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, vivió autoexilio político durante tres años por ser acusado del delito de secuestro equiparado. Delito que nunca se le comprobó. Actualmente doce de sus compañeros se encuentran presos. Tres de ellos en la cárcel conocida como del Altiplano. A Ignacio del Valle Medina, líder del FPDT, se le condenó a más de cien años de prisión.
En dicho foro, Luis Arriaga, director de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó: “El Estado criminaliza a quienes defienden, exigen o promueve derechos”, el activista de derechos humanos agregó que los miembros del FPDT, han sido “sentenciados por delito de secuestro equiparado, un tipo penal creado específicamente para contener las demandas legitimas de protesta y exigencias de derechos realizadas por organizaciones sociales”. Se ha dado un “uso de la ley para inhibir cualquier intento de expresión o exigencia de derechos. No hay lugar para el disenso”.
Acompañado por integrantes del FPDT, Luis Arriaga explicó: “La protesta es un mecanismo de presión ante las autoridades. La protesta es para que se construya ciudadanía; expresa disenso y ha tenido que rebasar varios obstáculos: los líderes mas visibles han sido acusados de delitos que los han llevado a estar en la cárcel o a vivir fuera de sus comunidades; soportar actos de tortura, abuso sexual, allanamientos ilegales, violaciones graves a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.
“Esta reivindicación de los actos de protesta —continuó— son descalificados por grupos gubernamentales y no gubernamentales. La descalificación de la protesta ha sido señalada como una expresión del autoritarismo que ve en las personas a súbdito y no a ciudadanos. Intenta inhibir expresiones sociales”.
En su momento, Erika Zamora, de El Charco, Guerrero, y activista social, hizo alusión a la represión de los movimientos sociales que se viven en esta entidad. “La militarización se agudizó en la zona Mixteca y Tlapaneca después de 1998 cuando tropas del ejército mexicano masacraron, el 7 de junio, a diez indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Ante la demanda de justicia, los familiares han tenido como respuesta una mayor presencia de militares. Los habitantes que viven en esta región son catalogados como guerrilleros en potencia. La masacre de El Charco marca el inicio de la guerra de baja intensidad de la región y el hecho de organizarse de la comunidad para exigir sus derechos, los han convertido en el objetivo de la guerra de baja intensidad”, señaló.
Desde la masacre, aseveró, “la presencia del ejército es masiva y en las comunidades del municipio de Ayutla prevalece un patrón de impunidad que permite al ejército mexicano perseguir a los luchadores sociales y violentar los derechos humanos”. Denunció los “actos de impunidad del Estado”. Habló de la negación de la justicia y la impunidad como sello de este gobierno. Dijo que el Estado “basa su legitimidad en las fuerzas armadas. Sobre todo en cuestiones de seguridad pública”.
Frente a la presencia de movimientos sociales indígenas en Guerrero “el Estado mexicano renuncia a la búsqueda de soluciones civiles y políticas. En este contexto, se vive actualmente un ambiente de criminalización de la lucha social y de los movimientos en defensa de los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas”, matizó.
Luis Arriaga, al referirse a los movimientos sociales, comentó que “la protesta, tiene obstáculos. Uno de ellos es el actual clima de violencia y descomposición social, porque los movimientos son presentados como una amenaza para la seguridad pública. Y por tanto, legitima la intervención desproporcionada del ejército”. Además, como el caso emblemático de los presos de Atenco, “las investigaciones llevadas son imparciales. Hay un uso faccioso del derecho penal”.
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