Alberto Híjar
Tanto el Secretario de Gobernación como el procurador general de la República llamaron a los participantes en la Conferencia de Procuradores celebrada en Cancún coincidente con el Día del Juzgador, a aplicar todo el peso de la ley. A cambio de la justicia y la verdad, la ley y nadie mejor que Gómez Mont -un defensor de criminales como Raúl Salinas- para coordinar los acuerdos de ley torcida desde la Secretaría de Gobernación.
A la par se anuncia un nuevo privilegio a Roberto Hernández, el ganón de toda crisis gracias a los manejos criminales de las concesiones financieras. No es el único protegido por el sistema de injusticia imperante, sino que se suma a los Bribiesca, Fox, Sahagún, Ulises Ruíz, Peña Nieto, Marín, Larrea el responsable de la tragedia de Pasta de Conchos, a Rubén Figueroa aún impune por la comisión y omisión han delinquido gravemente. No extraña el rechazo del gobierno de Oaxaca a la recomendación de la CNDH para que asuma la desaparición forzada de los dos reivindicados por el EPR. Sobre esta base, cuando los funcionarios dicen peso de la ley debe entenderse que es a costa de la verdad y la justicia.
Los procesos penales resultan entonces un conjunto de consideraciones lógicas excluyentes del fondo de los asuntos en cuestión. Por ejemplo, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís admiten ser rebeldes como militantes del ERPI pero han probado de manera minuciosa su ausencia en el combate donde murió un civil. La bala vino del lado del grupo de soldados y es imposible saber quien la disparó. Sin embargo, el amparo ha procedido porque el artículo 167 del Código Penal exculpa a los rebeldes de las muertes en combate. Al anular el delito de homicidio, el Comandante Antonio y la Coronela Aurora quedaban a punto de libertad porque han pasado nueve años en prisión y ahora sólo son procesados por los delitos de rebeldía y daños en propiedad ajena. Pero como la verdad no cuenta, han sido juzgados dos veces por el mismo delito para subir la pena a catorce años. De esta manera, la argumentación procesal es definida al fin como procedimiento dominado por la política.
En la aceptación de casos hay evidentes preferencias contra la verdad. Tal es el caso de los procesados de Atenco hasta la inhumana sentencia de 107 años para Ignacio del Valle, el dirigente del FPDT. A cambio, los pocos policías consignados por algún delito menor de acoso sexual pese a su testimoniada y filmada vesania, el gobierno de Peña Nieto les pagó la fianza y no pisaron la cárcel. Los asesinatos de Alexis Benhumea y Xavier Cortés quedan impunes, tanto como los mandos de seguridad del Estado de México y de la AFI que acordaron con Peña Nieto, los presidentes municipales perredistas de Texcoco y San Salvador Atenco, el entonces responsable de seguridad del Estado Medina Mora hoy procurador, la brutal represión de mayo de 2007. Por más verdades denunciadas por el FPDT en foros nacionales e internacionales, la dura ley mantiene la impunidad de los principales responsables y de injusta prisión para las víctimas incluyendo a la joven América del Valle escondida para librarse de la orden de aprehensión.
A punto de terminar su paso por la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe y su principal apoyo el ministro Juan Manuel Santos, insisten en congraciarse con el gobierno yanqui y destacan la información en la computadora de Raúl Reyes, el responsable de las relaciones internacionales de las FARC masacrado en Sucumbíos junto con cuatro estudiantes mexicanos y veinte combatientes. La figura jurídica de la debida custodia no se cumplió al permanecer la supuesta computadora en poder del ejército colombiano. No hay garantía de verdad. Sin embargo, el fiscal de Sucumbíos amenaza con la extradición a la testigo y víctima sobreviviente Lucía Andrea Morett, mientras la Procuraduría General de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores ignoran el caso y mantienen viva la posible presentación o consignación de Lucía y los demás inculpados por las denuncias de hechos de dos organizaciones del Yunque. La verdad no cuenta, queda el procedimiento legal como amenaza e intimidación política.
Contrasta todo esto con el interés del presidente francés por la suerte de su compatriota Florence Cassez involucrada con una banda de secuestradores. La República Francesa en poder de la derecha, no omite su deber de ocuparse de sus nacionales. En México, no sólo se abandona a su suerte a las víctimas y se favorece la impunidad de los culpables sino se intensifica la campaña de criminalización mediática para ocultar la verdad y eliminar los procedimientos penales más elementales. El peso de la ley se aplica de acuerdo al poder empresarial proyanqui no por justicia y verdad. Además, es muy caro porque los magistrados de la Suprema Corte se aprobaron un sueldo de 347 mil pesos mensuales.
Tanto el Secretario de Gobernación como el procurador general de la República llamaron a los participantes en la Conferencia de Procuradores celebrada en Cancún coincidente con el Día del Juzgador, a aplicar todo el peso de la ley. A cambio de la justicia y la verdad, la ley y nadie mejor que Gómez Mont -un defensor de criminales como Raúl Salinas- para coordinar los acuerdos de ley torcida desde la Secretaría de Gobernación.
A la par se anuncia un nuevo privilegio a Roberto Hernández, el ganón de toda crisis gracias a los manejos criminales de las concesiones financieras. No es el único protegido por el sistema de injusticia imperante, sino que se suma a los Bribiesca, Fox, Sahagún, Ulises Ruíz, Peña Nieto, Marín, Larrea el responsable de la tragedia de Pasta de Conchos, a Rubén Figueroa aún impune por la comisión y omisión han delinquido gravemente. No extraña el rechazo del gobierno de Oaxaca a la recomendación de la CNDH para que asuma la desaparición forzada de los dos reivindicados por el EPR. Sobre esta base, cuando los funcionarios dicen peso de la ley debe entenderse que es a costa de la verdad y la justicia.
Los procesos penales resultan entonces un conjunto de consideraciones lógicas excluyentes del fondo de los asuntos en cuestión. Por ejemplo, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís admiten ser rebeldes como militantes del ERPI pero han probado de manera minuciosa su ausencia en el combate donde murió un civil. La bala vino del lado del grupo de soldados y es imposible saber quien la disparó. Sin embargo, el amparo ha procedido porque el artículo 167 del Código Penal exculpa a los rebeldes de las muertes en combate. Al anular el delito de homicidio, el Comandante Antonio y la Coronela Aurora quedaban a punto de libertad porque han pasado nueve años en prisión y ahora sólo son procesados por los delitos de rebeldía y daños en propiedad ajena. Pero como la verdad no cuenta, han sido juzgados dos veces por el mismo delito para subir la pena a catorce años. De esta manera, la argumentación procesal es definida al fin como procedimiento dominado por la política.
En la aceptación de casos hay evidentes preferencias contra la verdad. Tal es el caso de los procesados de Atenco hasta la inhumana sentencia de 107 años para Ignacio del Valle, el dirigente del FPDT. A cambio, los pocos policías consignados por algún delito menor de acoso sexual pese a su testimoniada y filmada vesania, el gobierno de Peña Nieto les pagó la fianza y no pisaron la cárcel. Los asesinatos de Alexis Benhumea y Xavier Cortés quedan impunes, tanto como los mandos de seguridad del Estado de México y de la AFI que acordaron con Peña Nieto, los presidentes municipales perredistas de Texcoco y San Salvador Atenco, el entonces responsable de seguridad del Estado Medina Mora hoy procurador, la brutal represión de mayo de 2007. Por más verdades denunciadas por el FPDT en foros nacionales e internacionales, la dura ley mantiene la impunidad de los principales responsables y de injusta prisión para las víctimas incluyendo a la joven América del Valle escondida para librarse de la orden de aprehensión.
A punto de terminar su paso por la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe y su principal apoyo el ministro Juan Manuel Santos, insisten en congraciarse con el gobierno yanqui y destacan la información en la computadora de Raúl Reyes, el responsable de las relaciones internacionales de las FARC masacrado en Sucumbíos junto con cuatro estudiantes mexicanos y veinte combatientes. La figura jurídica de la debida custodia no se cumplió al permanecer la supuesta computadora en poder del ejército colombiano. No hay garantía de verdad. Sin embargo, el fiscal de Sucumbíos amenaza con la extradición a la testigo y víctima sobreviviente Lucía Andrea Morett, mientras la Procuraduría General de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores ignoran el caso y mantienen viva la posible presentación o consignación de Lucía y los demás inculpados por las denuncias de hechos de dos organizaciones del Yunque. La verdad no cuenta, queda el procedimiento legal como amenaza e intimidación política.
Contrasta todo esto con el interés del presidente francés por la suerte de su compatriota Florence Cassez involucrada con una banda de secuestradores. La República Francesa en poder de la derecha, no omite su deber de ocuparse de sus nacionales. En México, no sólo se abandona a su suerte a las víctimas y se favorece la impunidad de los culpables sino se intensifica la campaña de criminalización mediática para ocultar la verdad y eliminar los procedimientos penales más elementales. El peso de la ley se aplica de acuerdo al poder empresarial proyanqui no por justicia y verdad. Además, es muy caro porque los magistrados de la Suprema Corte se aprobaron un sueldo de 347 mil pesos mensuales.
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