Teodoro Rentería Arróyave
El tema primario, fue la petición del líder senatorial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Manlio Fabio Beltrones de que se faje los pantalones el presidente, Felipe Calderón para que tome las decisiones que por ley le corresponden en asuntos tan importantes como restituir a la soberanía nacional, por la violación flagrante a la norma, el Banco Nacional de México, BANAMEX; la ubicación de la nueva refinaría, que por presiones la determinación se pospone hasta la culminación de un foro al que convoca el Jefe del Ejecutivo, y la extradición o no a su país de origen de la delincuente secuestradora francesa, Florence Cassez.
Ahora, el tema es la “puntada” del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, como la califica el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el de Convergencia, José del Río Virgen, quien puntualmente ha dicho que la propiedad de BANAMEX debe resolverse en un fallo de la Suprema Corte, no por una, repetimos, “puntada del titular de Hacienda”.
Vamos por partes, nuestra legislación prohíbe tácitamente la intervención de un gobierno extranjero en la propiedad de una institución bancaria del país, en ese caso se encuentra BANAMEX por la decisión del Presidente estadounidense, Barack Obama de nacionalizarla en un gran porcentaje para salvar a su propietario privado, Citygroup; como se sabe, por la crisis global que sufre la gran potencia del norte y que exportó a todo el globo terráqueo.
Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados no precisamente objetan la participación extranjera en Banamex sino la intervención de un gobierno, valga la redundancia extranjero, simple y llanamente porque la ley expresamente lo prohíbe a pesar de que el llamado jefe de las finanzas nacionales, a contrapelo, lo avale.
La inconformidad de los partidos de oposición contra la Secretaría de Hacienda es perfectamente lógica, cuando a título personal su titular se concede tres años para resolver si se mexicanizan las acciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en Banamex, a través del banco Citigroup.
Por eso mismo, en la Cámara de Diputados las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, PRD y Convergencia han expuesto que analizan los fundamentos jurídicos para proponer al pleno entablar una controversia constitucional contra el Ejecutivo.
Que sea la Corte la instancia que resuelva quienes tienen la razón: “el Congreso de la Unión, que defiende la soberanía nacional, o el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien se fijó un plazo de tres años para tomar una decisión, podría haber señalado un año”, expresó con la sorna debida, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen.
Y no van solos: en San Lázaro, también se han pronunciado por ir a una controversia, diputados del PRD encabezados por Juan Guerra, integrante de la Comisión de Hacienda, y en el Senado, el PRI se ha inconformado contra la resolución de Carstens de permitir al gobierno de Estados Unidos como accionista en Banamex.
Todo ello basado en la legislación mexicana, que establece un candado en la propiedad de bancos, al no permitir que gobiernos extranjeros sean dueños de instituciones bancarias.
"No podemos permitir una decisión que involucra la soberanía nacional a un solo hombre, que dice una cosa y luego otra y que sale con una puntada, como es el dar tres años a la propiedad del gobierno de Estados Unidos en Banamex", los funcionarios, "no son dueños ni de sus tiempos, menos de los tiempos del Estado ni de la legalidad y la constitucionalidad del país; el plazo de tres año no tiene validez". En conclusión, porque es inadmisible, la soberanía nacional no puede ni debe estar supeditada a puntadas del poder.
El tema primario, fue la petición del líder senatorial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Manlio Fabio Beltrones de que se faje los pantalones el presidente, Felipe Calderón para que tome las decisiones que por ley le corresponden en asuntos tan importantes como restituir a la soberanía nacional, por la violación flagrante a la norma, el Banco Nacional de México, BANAMEX; la ubicación de la nueva refinaría, que por presiones la determinación se pospone hasta la culminación de un foro al que convoca el Jefe del Ejecutivo, y la extradición o no a su país de origen de la delincuente secuestradora francesa, Florence Cassez.
Ahora, el tema es la “puntada” del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, como la califica el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el de Convergencia, José del Río Virgen, quien puntualmente ha dicho que la propiedad de BANAMEX debe resolverse en un fallo de la Suprema Corte, no por una, repetimos, “puntada del titular de Hacienda”.
Vamos por partes, nuestra legislación prohíbe tácitamente la intervención de un gobierno extranjero en la propiedad de una institución bancaria del país, en ese caso se encuentra BANAMEX por la decisión del Presidente estadounidense, Barack Obama de nacionalizarla en un gran porcentaje para salvar a su propietario privado, Citygroup; como se sabe, por la crisis global que sufre la gran potencia del norte y que exportó a todo el globo terráqueo.
Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados no precisamente objetan la participación extranjera en Banamex sino la intervención de un gobierno, valga la redundancia extranjero, simple y llanamente porque la ley expresamente lo prohíbe a pesar de que el llamado jefe de las finanzas nacionales, a contrapelo, lo avale.
La inconformidad de los partidos de oposición contra la Secretaría de Hacienda es perfectamente lógica, cuando a título personal su titular se concede tres años para resolver si se mexicanizan las acciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en Banamex, a través del banco Citigroup.
Por eso mismo, en la Cámara de Diputados las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, PRD y Convergencia han expuesto que analizan los fundamentos jurídicos para proponer al pleno entablar una controversia constitucional contra el Ejecutivo.
Que sea la Corte la instancia que resuelva quienes tienen la razón: “el Congreso de la Unión, que defiende la soberanía nacional, o el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien se fijó un plazo de tres años para tomar una decisión, podría haber señalado un año”, expresó con la sorna debida, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen.
Y no van solos: en San Lázaro, también se han pronunciado por ir a una controversia, diputados del PRD encabezados por Juan Guerra, integrante de la Comisión de Hacienda, y en el Senado, el PRI se ha inconformado contra la resolución de Carstens de permitir al gobierno de Estados Unidos como accionista en Banamex.
Todo ello basado en la legislación mexicana, que establece un candado en la propiedad de bancos, al no permitir que gobiernos extranjeros sean dueños de instituciones bancarias.
"No podemos permitir una decisión que involucra la soberanía nacional a un solo hombre, que dice una cosa y luego otra y que sale con una puntada, como es el dar tres años a la propiedad del gobierno de Estados Unidos en Banamex", los funcionarios, "no son dueños ni de sus tiempos, menos de los tiempos del Estado ni de la legalidad y la constitucionalidad del país; el plazo de tres año no tiene validez". En conclusión, porque es inadmisible, la soberanía nacional no puede ni debe estar supeditada a puntadas del poder.
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