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Con la reforma petrolera impulsada por el presidente Felipe Calderón se burlaron los mandatos constitucionales que señalan la exclusividad del Estado en la explotación de este recurso y la prohibición de concesiones y contratos a empresas privadas; además, se abrió la participación empresarial en todas las actividades vinculadas a esta industria y se dio pie a una abierta desnacionalización del sector.
Miembros del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como el político Manuel Bartlett Díaz denunciaron los riesgos que representa para el país la apertura disfrazada para que los capitales privados nacionales y extranjeros participen en la industria petrolera nacional.
En un foro y una mesa redonda que realizaron recientemente por separado, advirtieron que este gobierno continúa la política salinista de dar una apertura sigilosa y encubierta al capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la edición número 12 del Foro de Energía, organizado por el FTE, Bartlett Díaz hizo ver que con esta reforma se logró un nuevo engaño al pueblo de México al que se ha negado que haya intentos de privatización de Pemex, cuando cada día aparecen nuevas declaraciones, informes sobre la utilidad de la reforma energética para que las empresas puedan participar del mercado petrolero con contratos de servicios a todas luces inconstitucionales.
El doctor Abelardo Cantú, del IPN, demandó seriedad de las autoridades al hablar y hacer prospectivas sobre los yacimientos petroleros en el país. Afirmó que no obstante los anuncios espectaculares, no se han localizado yacimientos similares o superiores a los que el país posee en el sureste de su territorio tanto en tierra como en aguas someras, y no se debería especular con esa información.
En tanto, David Bahena, del FTE, sostuvo que el gobierno actual tiene prisa por deshacerse del patrimonio nacional, que no le pertenece.
Por otra parte en la mesa redonda titulada Revertir las leyes privatizadoras y desnacionalizadoras, convocada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialistas de esta casa de estudios alertaron que la reforma energética aprobada en 2008 no sólo abre a la participación de la iniciativa privada todas las actividades vinculadas a la industria petrolera, también propicia una abierta desnacionalización del sector, lo que representa un riesgo crítico para México.
Víctor Rodríguez, especialista en política energética, señaló que con la reforma energética se abrió un proceso de clara privatización, completa e integral, de Pemex, porque no se ha restringido una sola actividad vinculada a la producción energética donde no pueda participar la iniciativa privada.
En la actividad, donde también participaron el jurista Jaime Cárdenas y el investigador Fabio Barbosa Cano, Manuel Bartlett afirmó que una de las peores cosas que ocurrieron al aprobarse la reforma, no fue sólo que se abre la puerta a su completa privatización, sino que un sector de la izquierda en los hechos haya avalado este proceso, con su apoyo a una reforma en la que no se escuchó a ninguno de los especialistas que advertían de los riesgos.
Con la reforma petrolera impulsada por el presidente Felipe Calderón se burlaron los mandatos constitucionales que señalan la exclusividad del Estado en la explotación de este recurso y la prohibición de concesiones y contratos a empresas privadas; además, se abrió la participación empresarial en todas las actividades vinculadas a esta industria y se dio pie a una abierta desnacionalización del sector.
Miembros del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como el político Manuel Bartlett Díaz denunciaron los riesgos que representa para el país la apertura disfrazada para que los capitales privados nacionales y extranjeros participen en la industria petrolera nacional.
En un foro y una mesa redonda que realizaron recientemente por separado, advirtieron que este gobierno continúa la política salinista de dar una apertura sigilosa y encubierta al capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la edición número 12 del Foro de Energía, organizado por el FTE, Bartlett Díaz hizo ver que con esta reforma se logró un nuevo engaño al pueblo de México al que se ha negado que haya intentos de privatización de Pemex, cuando cada día aparecen nuevas declaraciones, informes sobre la utilidad de la reforma energética para que las empresas puedan participar del mercado petrolero con contratos de servicios a todas luces inconstitucionales.
El doctor Abelardo Cantú, del IPN, demandó seriedad de las autoridades al hablar y hacer prospectivas sobre los yacimientos petroleros en el país. Afirmó que no obstante los anuncios espectaculares, no se han localizado yacimientos similares o superiores a los que el país posee en el sureste de su territorio tanto en tierra como en aguas someras, y no se debería especular con esa información.
En tanto, David Bahena, del FTE, sostuvo que el gobierno actual tiene prisa por deshacerse del patrimonio nacional, que no le pertenece.
Por otra parte en la mesa redonda titulada Revertir las leyes privatizadoras y desnacionalizadoras, convocada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialistas de esta casa de estudios alertaron que la reforma energética aprobada en 2008 no sólo abre a la participación de la iniciativa privada todas las actividades vinculadas a la industria petrolera, también propicia una abierta desnacionalización del sector, lo que representa un riesgo crítico para México.
Víctor Rodríguez, especialista en política energética, señaló que con la reforma energética se abrió un proceso de clara privatización, completa e integral, de Pemex, porque no se ha restringido una sola actividad vinculada a la producción energética donde no pueda participar la iniciativa privada.
En la actividad, donde también participaron el jurista Jaime Cárdenas y el investigador Fabio Barbosa Cano, Manuel Bartlett afirmó que una de las peores cosas que ocurrieron al aprobarse la reforma, no fue sólo que se abre la puerta a su completa privatización, sino que un sector de la izquierda en los hechos haya avalado este proceso, con su apoyo a una reforma en la que no se escuchó a ninguno de los especialistas que advertían de los riesgos.
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