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Seis meses después de que autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la percepción ciudadana no ha cambiado en mucho.
"Hay mucha inseguridad con los policías corruptos, entonces, ya no es libre uno de caminar por la ciudad por el peligro que hay y sale uno con miedo siempre", comentó Maria Elena Jiménez, ama de casa.
Este jueves, se fundó el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que conformado por organizaciones sociales, empresariales y académicas, abordará tres elementos fundamentales.
"Primero, la percepción ciudadana; en segundo lugar, la incidencia delictiva y el tercer lugar, el desempeño institucional", dijo Carlos Mendoza, asesor de México Unido Contra la Delincuencia.
"Ahora no nada más lo dejamos a estas cosas subjetivas, sino tendremos calificaciones objetivas y creo que ahí será muy claro demostrar quién puede y quién no y quién debe renunciar", expresó Alejandro Martí, presidente del Sistemas de Organización Para la Seguridad Ciudadana.
A decir de sus fundadores, no se trata de un tribunal que obstaculice o apoye las acciones del gobierno en materia de seguridad.
"No será una comparsa irreflexiva de los gobernantes, ni de sus programas, se trata de monitorear con rigor técnico y metodológico tanto las fortalezas como las debilidades en el funcionamiento de las instituciones. Queremos el compromiso de las autoridades de abrir la ventanilla de información que ya nos ofrecieron tanto en el gobierno federal como en los estados", manifestó Maria Elena Morera, presidente de México Unido Contra la Delincuencia.
Un compromiso que también debe asumir la ciudadanía al impulsar una nueva cultura de la legalidad.
"Sabemos que el tema de la delincuencia organizada es un tema bastante delicado para el país, el gobierno está afrontándolo; sin embargo, sin la participación de la sociedad, va a ser imposible que podamos tener resultados en el corto y mediano plazo", indicó Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La nueva instancia dará seguimiento a las instituciones encargadas de la impartición de justicia, a fin de diagnosticar y ayudar a definir líneas de acción para un combate más eficaz a la delincuencia organizada.
"Los ciudadanos que estamos organizados no renunciaremos a nuestro derecho por la seguridad, no renunciaremos sólo un momento y trabajaremos arduamente desde la parte de la ciudadanía para que México siga y sea una nación segura y una gran nación", concluyó Alejandro Martí.
Seis meses después de que autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la percepción ciudadana no ha cambiado en mucho.
"Hay mucha inseguridad con los policías corruptos, entonces, ya no es libre uno de caminar por la ciudad por el peligro que hay y sale uno con miedo siempre", comentó Maria Elena Jiménez, ama de casa.
Este jueves, se fundó el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que conformado por organizaciones sociales, empresariales y académicas, abordará tres elementos fundamentales.
"Primero, la percepción ciudadana; en segundo lugar, la incidencia delictiva y el tercer lugar, el desempeño institucional", dijo Carlos Mendoza, asesor de México Unido Contra la Delincuencia.
"Ahora no nada más lo dejamos a estas cosas subjetivas, sino tendremos calificaciones objetivas y creo que ahí será muy claro demostrar quién puede y quién no y quién debe renunciar", expresó Alejandro Martí, presidente del Sistemas de Organización Para la Seguridad Ciudadana.
A decir de sus fundadores, no se trata de un tribunal que obstaculice o apoye las acciones del gobierno en materia de seguridad.
"No será una comparsa irreflexiva de los gobernantes, ni de sus programas, se trata de monitorear con rigor técnico y metodológico tanto las fortalezas como las debilidades en el funcionamiento de las instituciones. Queremos el compromiso de las autoridades de abrir la ventanilla de información que ya nos ofrecieron tanto en el gobierno federal como en los estados", manifestó Maria Elena Morera, presidente de México Unido Contra la Delincuencia.
Un compromiso que también debe asumir la ciudadanía al impulsar una nueva cultura de la legalidad.
"Sabemos que el tema de la delincuencia organizada es un tema bastante delicado para el país, el gobierno está afrontándolo; sin embargo, sin la participación de la sociedad, va a ser imposible que podamos tener resultados en el corto y mediano plazo", indicó Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La nueva instancia dará seguimiento a las instituciones encargadas de la impartición de justicia, a fin de diagnosticar y ayudar a definir líneas de acción para un combate más eficaz a la delincuencia organizada.
"Los ciudadanos que estamos organizados no renunciaremos a nuestro derecho por la seguridad, no renunciaremos sólo un momento y trabajaremos arduamente desde la parte de la ciudadanía para que México siga y sea una nación segura y una gran nación", concluyó Alejandro Martí.
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