Jorge Rosales López
El impacto de la crisis económica que hoy afecta a millones de mexicanos puede ser tan duro que existe el riesgo de inestabilidad política y social. Todavía el año pasado, la escala de interpretaciones iba desde quienes minimizaban el problema y sostenían que pronto mejoraría la situación, hasta quienes afirmaban que esta crisis internacional es peor que la de 1929 y, a nuestro país, le tomaría muchos años superarla. Pero ahora, en recientes declaraciones, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha reconocido que la situación es grave, que el mundo pasa por una “fuerte tormenta financiera” y que en México tendremos problemas.
Es evidente que el ejecutivo federal tiene plena conciencia de los peligros que encierra esta crisis: inflación, desempleo, desintegración social, delincuencia, estallidos sociales, etc. Por eso, se han anunciado programas destinados a reducir los efectos de un desastre económico que fácilmente puede brincar al terreno político.
En efecto, cuando la escasez entra por la puerta, el orden político sale por la ventana, o por lo menos tiende a salir. Esto porque una situación crítica de la economía se convierte de manera automática en una oportunidad de oro para que la oposición al gobierno organice un seguimiento riguroso de cada error que cometen el ejecutivo federal y los miembros de su gabinete. Si a eso le sumamos, efectivamente, una serie de errores, tranzas y artificios económicos de parte del gobierno federal (por ejemplo, los subejercicios presupuestales, es decir, dinero que, en lugar de destinarse a determinado proyecto, permanece “guardado”), el resultado es un desequilibrio que rebasa sus límites originales y entra al terreno político.
Lo peor es que el gobierno lo facilita. En enero de 2008 se pronosticó que nuestra economía crecería un 3 por ciento; seis meses después se habló de un 2.5 por ciento. Luego, el Fondo Monetario Internacional señaló que nuestro crecimiento para 2008 sería de un 2 por ciento. Al final, ganaron las peores conjeturas. Ese nivel de incertidumbre y el flujo continuo de malas noticias han permitido que, recientemente, legisladores federales de la fracción perredista vaticinen un decrecimiento del 1 por ciento en la economía mexicana para el año 2009. Una proyección optimista de la administración federal habla de un crecimiento de cero por ciento para 2009. Es decir, los pronósticos negativos continúan.
Por otra parte, uno de los primeros esquemas importantes que el gobierno calderonista implementó para atacar la crisis el año pasado, fue el establecimiento de un acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), para congelar los precios de 150 alimentos hasta el 31 de diciembre de 2008. En la lista se anotaban productos básicos como: café, sopas, salsas, atún, condimentos, chiles, té, aceite comestible y otros. Por ello, el acuerdo sonaba prometedor para el bolsillo de los que menos tienen, pero la realidad fue diametralmente opuesta. Vimos con angustia la manera en que los precios de esas y otras mercancías se incrementaron constantemente durante todo el año. Algo falló o el acuerdo estuvo viciado de origen.
Por eso, no debe extrañar la desconfianza que generan acciones como el congelamiento del precio de las gasolinas y una reducción del 10 por ciento en el precio del gas LP. Aunque son buenas noticias, ya no sabemos si confiar o no. Muchos mexicanos, y también muchos colimenses, hemos perdido la confianza en las autoridades. En consecuencia, es conveniente que los tres niveles de gobierno trabajen también en este asunto que es eminentemente social: es necesario recuperar la confianza de la sociedad, porque la sociedad requiere confiar en su gobierno.
El impacto de la crisis económica que hoy afecta a millones de mexicanos puede ser tan duro que existe el riesgo de inestabilidad política y social. Todavía el año pasado, la escala de interpretaciones iba desde quienes minimizaban el problema y sostenían que pronto mejoraría la situación, hasta quienes afirmaban que esta crisis internacional es peor que la de 1929 y, a nuestro país, le tomaría muchos años superarla. Pero ahora, en recientes declaraciones, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha reconocido que la situación es grave, que el mundo pasa por una “fuerte tormenta financiera” y que en México tendremos problemas.
Es evidente que el ejecutivo federal tiene plena conciencia de los peligros que encierra esta crisis: inflación, desempleo, desintegración social, delincuencia, estallidos sociales, etc. Por eso, se han anunciado programas destinados a reducir los efectos de un desastre económico que fácilmente puede brincar al terreno político.
En efecto, cuando la escasez entra por la puerta, el orden político sale por la ventana, o por lo menos tiende a salir. Esto porque una situación crítica de la economía se convierte de manera automática en una oportunidad de oro para que la oposición al gobierno organice un seguimiento riguroso de cada error que cometen el ejecutivo federal y los miembros de su gabinete. Si a eso le sumamos, efectivamente, una serie de errores, tranzas y artificios económicos de parte del gobierno federal (por ejemplo, los subejercicios presupuestales, es decir, dinero que, en lugar de destinarse a determinado proyecto, permanece “guardado”), el resultado es un desequilibrio que rebasa sus límites originales y entra al terreno político.
Lo peor es que el gobierno lo facilita. En enero de 2008 se pronosticó que nuestra economía crecería un 3 por ciento; seis meses después se habló de un 2.5 por ciento. Luego, el Fondo Monetario Internacional señaló que nuestro crecimiento para 2008 sería de un 2 por ciento. Al final, ganaron las peores conjeturas. Ese nivel de incertidumbre y el flujo continuo de malas noticias han permitido que, recientemente, legisladores federales de la fracción perredista vaticinen un decrecimiento del 1 por ciento en la economía mexicana para el año 2009. Una proyección optimista de la administración federal habla de un crecimiento de cero por ciento para 2009. Es decir, los pronósticos negativos continúan.
Por otra parte, uno de los primeros esquemas importantes que el gobierno calderonista implementó para atacar la crisis el año pasado, fue el establecimiento de un acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), para congelar los precios de 150 alimentos hasta el 31 de diciembre de 2008. En la lista se anotaban productos básicos como: café, sopas, salsas, atún, condimentos, chiles, té, aceite comestible y otros. Por ello, el acuerdo sonaba prometedor para el bolsillo de los que menos tienen, pero la realidad fue diametralmente opuesta. Vimos con angustia la manera en que los precios de esas y otras mercancías se incrementaron constantemente durante todo el año. Algo falló o el acuerdo estuvo viciado de origen.
Por eso, no debe extrañar la desconfianza que generan acciones como el congelamiento del precio de las gasolinas y una reducción del 10 por ciento en el precio del gas LP. Aunque son buenas noticias, ya no sabemos si confiar o no. Muchos mexicanos, y también muchos colimenses, hemos perdido la confianza en las autoridades. En consecuencia, es conveniente que los tres niveles de gobierno trabajen también en este asunto que es eminentemente social: es necesario recuperar la confianza de la sociedad, porque la sociedad requiere confiar en su gobierno.
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