PL
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Nardi Suxo, presentó hoy documentos que acusan al prefecto opositor de Beni, Ernesto Suárez, de daños económicos al Estado,
Suxo solicitó a la Fiscalía iniciar la correspondiente investigación sobre Suárez y otros cuatro colaboradores de esa prefectura, entre ellos Clemente Cárdenas, su secretario general.
De acuerdo con la denuncia, Suárez ocasionó pérdidas por más de seis millones 700 mil bolivianos (casi un millón de dólares) tras la compra de motores generadores de energía eléctrica en desuso.
Por ese delito, dijo la autoridad, también deberán responder José Pinedo, Director de Inversión Pública; Ovidio Aponte, Jefe de Licitaciones, y Rafael Saavedra, Director Jurídico de la prefectura de Beni.
Según Suxo, esas personas encubrieron con falsas etiquetas la procedencia de los equipos deteriorados, para aparentar que eran de reciénte adquisición.
Por esos hechos, dijo, se vieron afectadas las comunidades de San Lorenzo, Esperanza, San Pedro, San Miguel, Puerto Bolívar y San Francisco, precisó.
También denunció que muchos fiscales en Beni y en Pando tienen temor de aplicar la ley, por lo que llamó a formar una comisión especial con magistrados que investiguen el caso.
Entre los delitos que le imputan sobresalen uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación, incumplimiento de deberes, falsificación y aplicación indebida de marcas.
El prefecto Suárez es una de las autoridades regionales, junto a las de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca que obstaculizan un diálogo convocado por el Ejecutivo para la implementación de las autonomías en todo el país, según establece la Carta Magna, vigente desde el pasado 7 de febrero.
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Nardi Suxo, presentó hoy documentos que acusan al prefecto opositor de Beni, Ernesto Suárez, de daños económicos al Estado,
Suxo solicitó a la Fiscalía iniciar la correspondiente investigación sobre Suárez y otros cuatro colaboradores de esa prefectura, entre ellos Clemente Cárdenas, su secretario general.
De acuerdo con la denuncia, Suárez ocasionó pérdidas por más de seis millones 700 mil bolivianos (casi un millón de dólares) tras la compra de motores generadores de energía eléctrica en desuso.
Por ese delito, dijo la autoridad, también deberán responder José Pinedo, Director de Inversión Pública; Ovidio Aponte, Jefe de Licitaciones, y Rafael Saavedra, Director Jurídico de la prefectura de Beni.
Según Suxo, esas personas encubrieron con falsas etiquetas la procedencia de los equipos deteriorados, para aparentar que eran de reciénte adquisición.
Por esos hechos, dijo, se vieron afectadas las comunidades de San Lorenzo, Esperanza, San Pedro, San Miguel, Puerto Bolívar y San Francisco, precisó.
También denunció que muchos fiscales en Beni y en Pando tienen temor de aplicar la ley, por lo que llamó a formar una comisión especial con magistrados que investiguen el caso.
Entre los delitos que le imputan sobresalen uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación, incumplimiento de deberes, falsificación y aplicación indebida de marcas.
El prefecto Suárez es una de las autoridades regionales, junto a las de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca que obstaculizan un diálogo convocado por el Ejecutivo para la implementación de las autonomías en todo el país, según establece la Carta Magna, vigente desde el pasado 7 de febrero.
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