Notimex
El diputado federal Antonio Ortega se pronunció por una revisión del marco jurídico del INAH, toda vez que ese organismo carece de un control eficaz en más de 650 monumentos y zonas arqueológicas, lo cual pone en riesgo dichas edificaciones.
Urgió asimismo a definir criterios para limitar la comercialización de dichos sitios y evitar que sufran daños, por lo que es preciso reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y su reglamento.
En entrevista, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó la pretensión de llevar a cabo un espectáculo en la zona arqueológica de Teotihuacan, pues con ello se debilita la misión cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados comentó que de acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública 2006 algunas zonas arqueológicas sin control eficaz del INAH se encuentran en descuido absoluto y en permanente saqueo.
Además, en otras se han invertido recursos con poca planeación y desorden, y muchas se han incorporado a proyectos que no han sido suficientemente discutidos ni consensuados, alertó.
Al respecto, se refirió a la pretensión de convertir zonas arqueológicas en espacios comerciales, en concesiones de negocios y en oportunidades para que esas áreas generen recursos, pero la mayor parte de éstos no va al erario público.
Por ello, señaló, en la revisión de la Cuenta Pública 2007 la ASF revisará la inversión física del INAH, toda vez que el presupuesto a la institución se ha elevado considerablemente.
Respecto a la comercialización de las zonas arqueológicas, Ortega Martínez consideró que se debe cuidar que las decisiones al respecto no dañen el entorno de la zona ni se conviertan en un negocio particular.
Por ello, insistió en que se promuevan reformas legales que incluyan la posibilidad de prohibir la instalación de proyectos comerciales o de lucro que no sean consensuados con los habitantes de las zonas o que dañen el patrimonio arqueológico del país.
El diputado federal Antonio Ortega se pronunció por una revisión del marco jurídico del INAH, toda vez que ese organismo carece de un control eficaz en más de 650 monumentos y zonas arqueológicas, lo cual pone en riesgo dichas edificaciones.
Urgió asimismo a definir criterios para limitar la comercialización de dichos sitios y evitar que sufran daños, por lo que es preciso reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y su reglamento.
En entrevista, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó la pretensión de llevar a cabo un espectáculo en la zona arqueológica de Teotihuacan, pues con ello se debilita la misión cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados comentó que de acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública 2006 algunas zonas arqueológicas sin control eficaz del INAH se encuentran en descuido absoluto y en permanente saqueo.
Además, en otras se han invertido recursos con poca planeación y desorden, y muchas se han incorporado a proyectos que no han sido suficientemente discutidos ni consensuados, alertó.
Al respecto, se refirió a la pretensión de convertir zonas arqueológicas en espacios comerciales, en concesiones de negocios y en oportunidades para que esas áreas generen recursos, pero la mayor parte de éstos no va al erario público.
Por ello, señaló, en la revisión de la Cuenta Pública 2007 la ASF revisará la inversión física del INAH, toda vez que el presupuesto a la institución se ha elevado considerablemente.
Respecto a la comercialización de las zonas arqueológicas, Ortega Martínez consideró que se debe cuidar que las decisiones al respecto no dañen el entorno de la zona ni se conviertan en un negocio particular.
Por ello, insistió en que se promuevan reformas legales que incluyan la posibilidad de prohibir la instalación de proyectos comerciales o de lucro que no sean consensuados con los habitantes de las zonas o que dañen el patrimonio arqueológico del país.
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