PL
El proyecto de nueva Carta Magna boliviana, sujeto a referendo el próximo 25 de enero, defiende como nunca antes el acceso universal a la salud y la educación, aseguró hoy el constituyente Eulogio Cayo.
De acuerdo con el asambleísta por Potosí, la actual Ley Suprema posee un alcance limitado en cuanto a esos servicios básicos para la población.
Si aprobamos el texto en la consulta, todos los ciudadanos tendremos un seguro médico gratuito, plasmado en el artículo 36, ilustró durante su comparecencia en la televisión estatal.
También relacionado con la calidad de vida de los seres humanos, garantiza la renta dignidad para los mayores de 60 años, quienes reciben 200 bolivianos al mes (28 dólares), agregó.
Respecto al sector de la enseñanza, Cayo resaltó el carácter obligatorio de la educación hasta el bachillerato, fijado en el apartado 81, y la obligación del gobierno de apoyar económicamente a los hijos de familias pobres para que puedan concluir dicho nivel docente.
La norma vigente sólo impone las clases hasta la primaria, recordó en el canal 7.
Según el constituyente potosino, estas son algunas de las razones para decir sí a la Carta Magna impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Cayo resaltó además la lucha promovida por el nuevo texto contra la corrupción.
De entrar en vigor la Ley Suprema, los Chito Valle (ex prefecto paceño) y los Gonzalo Sánchez de Lozada (otrora presidente y prófugo refugiado en Estados Unidos) no podrán robar con tanta impunidad, advirtió.
Cuando apenas restan menos de dos semanas para el referendo, tanto los partidarios del proyecto como los detractores aceleran sus campañas.
Quienes defienden el sí piden a los bolivianos leer el texto constitucional, mientras los promotores del no despliegan una contienda mediática calificada de mentirosa por el MAS y los movimientos sociales.
Los opositores intentan desacreditar la nueva Ley Suprema de la República acusándola de atacar la religión, la propiedad privada y las autonomías, aseveran legisladores, campesinos, obreros, mujeres e indígenas enrolados en el proceso de cambio iniciado en 2006 por el presidente Evo Morales.
El proyecto de nueva Carta Magna boliviana, sujeto a referendo el próximo 25 de enero, defiende como nunca antes el acceso universal a la salud y la educación, aseguró hoy el constituyente Eulogio Cayo.
De acuerdo con el asambleísta por Potosí, la actual Ley Suprema posee un alcance limitado en cuanto a esos servicios básicos para la población.
Si aprobamos el texto en la consulta, todos los ciudadanos tendremos un seguro médico gratuito, plasmado en el artículo 36, ilustró durante su comparecencia en la televisión estatal.
También relacionado con la calidad de vida de los seres humanos, garantiza la renta dignidad para los mayores de 60 años, quienes reciben 200 bolivianos al mes (28 dólares), agregó.
Respecto al sector de la enseñanza, Cayo resaltó el carácter obligatorio de la educación hasta el bachillerato, fijado en el apartado 81, y la obligación del gobierno de apoyar económicamente a los hijos de familias pobres para que puedan concluir dicho nivel docente.
La norma vigente sólo impone las clases hasta la primaria, recordó en el canal 7.
Según el constituyente potosino, estas son algunas de las razones para decir sí a la Carta Magna impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Cayo resaltó además la lucha promovida por el nuevo texto contra la corrupción.
De entrar en vigor la Ley Suprema, los Chito Valle (ex prefecto paceño) y los Gonzalo Sánchez de Lozada (otrora presidente y prófugo refugiado en Estados Unidos) no podrán robar con tanta impunidad, advirtió.
Cuando apenas restan menos de dos semanas para el referendo, tanto los partidarios del proyecto como los detractores aceleran sus campañas.
Quienes defienden el sí piden a los bolivianos leer el texto constitucional, mientras los promotores del no despliegan una contienda mediática calificada de mentirosa por el MAS y los movimientos sociales.
Los opositores intentan desacreditar la nueva Ley Suprema de la República acusándola de atacar la religión, la propiedad privada y las autonomías, aseveran legisladores, campesinos, obreros, mujeres e indígenas enrolados en el proceso de cambio iniciado en 2006 por el presidente Evo Morales.
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