Eduardo Ibarra Aguirre
Ahora hasta el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea --y lo hace público 11 meses antes de abandonar el cargo-- que el debatido y debatible origen del titular del Ejecutivo federal es y sigue siendo la fuente de múltiples conflictos políticos, incluida la ilegitimidad que arrastra desde agosto de 2006, en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo proclamó presidente de la República.
Para decirlo en el lenguaje que José Luis Soberanes Fernández utilizó en la entrevista con Víctor Ballinas : Los problemas políticos y los cuestionamientos “impidieron que el Ejecutivo pudiera entrar con el empuje que normalmente llegan los gobernantes de este país. Ello motivó que no hubiera un planteamiento presidencial para avanzar en el rubro” (de los derechos humanos). La Jornada , 11-I-09, p. 3.
Si esto le sucedió a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en un tema clave más para el discurso que para la praxis de los principales gobiernos aliados de México, pero vital para que las mayorías sorteen con menores desventajas sus difíciles condiciones materiales y políticas, y además breguen por superarlas, ya podemos imaginarnos como anda el gobierno que simuló, el miércoles 7, la suscripción del Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo sin que los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno conocieran el texto con la anticipación para estudiarlo antes de firmar, como declaró José Eduardo Robinson Bours Castelo para justificar su ausencia en la escenificación en Palacio Nacional. Atrás quedaron los tiempos en que el sonorense fue clave para aportar su cuota para que el michoacano arribara a la Presidencia con 234 mil votos de diferencia, al decir del TEPJF.
El doctor Soberanes, otro aliado de Calderón Hinojosa, tanto que sus críticos aseguran que soñaba que lo hiciera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , denuncia lo que millones de mexicanos han corroborado en carne propia o en la de sus familiares y vecinos: “no le preocupa el tema de los derechos humanos”.
¿Y cómo esperaba el jurista una política de compromiso con el derecho humanitario si Calderón arribó a Los Pinos apuntalado por el Ejército, entregó a éste un protagonismo civil que desdice el espíritu y la letra de la misma Constitución; si para ganar legitimidad y pagar los servicios castrenses emprendió la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado , bajo la justificación de la SCJN y sin la crítica oportuna de la CNDH ?
Las 8 mil 604 vidas perdidas de narcotraficantes, soldados, agentes policiacos y civiles inocentes, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a estimaciones de Milenio Diario, constituyen un intolerable baño de sangre, acaso el más escandaloso desde 1910-17. No importa el origen de los muertos, son vidas perdidas en una guerra improvisada, de origen politiquero y sin el consenso indispensable. Por ello, fracasada e insostenible, excepto para el grupo gobernante.
Raúl Fraga Juárez , periodista especializado en el fenómeno delictivo, afirma que sólo durante 2008 se produjeron 5 mil 661 bajas, de ellas 535 policías y 32 funcionarios de la justicia. Chihuahua, Sinaloa y Baja California concentran el mayor porcentaje de víctimas, y Ciudad Juárez la tercera parte del total.
El desastre en materia de derechos humanos y en seguridad pública produce, entre otras cosas, una mala imagen internacional del país que ya angustia al abogado y economista, mismo que exigió en la 20 Reunión de embajadores y cónsules de México que desmientan que se esté “masacrando a la población civil en las calles”.
Felipe de Jesús Calderón emuló a Vicente Fox Quesada , lo que es más frecuente, y ordenó a los 110 diplomáticos “les pido, les instruyo que estén orgullosos de México”.
Ahora hasta el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea --y lo hace público 11 meses antes de abandonar el cargo-- que el debatido y debatible origen del titular del Ejecutivo federal es y sigue siendo la fuente de múltiples conflictos políticos, incluida la ilegitimidad que arrastra desde agosto de 2006, en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo proclamó presidente de la República.
Para decirlo en el lenguaje que José Luis Soberanes Fernández utilizó en la entrevista con Víctor Ballinas : Los problemas políticos y los cuestionamientos “impidieron que el Ejecutivo pudiera entrar con el empuje que normalmente llegan los gobernantes de este país. Ello motivó que no hubiera un planteamiento presidencial para avanzar en el rubro” (de los derechos humanos). La Jornada , 11-I-09, p. 3.
Si esto le sucedió a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en un tema clave más para el discurso que para la praxis de los principales gobiernos aliados de México, pero vital para que las mayorías sorteen con menores desventajas sus difíciles condiciones materiales y políticas, y además breguen por superarlas, ya podemos imaginarnos como anda el gobierno que simuló, el miércoles 7, la suscripción del Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo sin que los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno conocieran el texto con la anticipación para estudiarlo antes de firmar, como declaró José Eduardo Robinson Bours Castelo para justificar su ausencia en la escenificación en Palacio Nacional. Atrás quedaron los tiempos en que el sonorense fue clave para aportar su cuota para que el michoacano arribara a la Presidencia con 234 mil votos de diferencia, al decir del TEPJF.
El doctor Soberanes, otro aliado de Calderón Hinojosa, tanto que sus críticos aseguran que soñaba que lo hiciera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , denuncia lo que millones de mexicanos han corroborado en carne propia o en la de sus familiares y vecinos: “no le preocupa el tema de los derechos humanos”.
¿Y cómo esperaba el jurista una política de compromiso con el derecho humanitario si Calderón arribó a Los Pinos apuntalado por el Ejército, entregó a éste un protagonismo civil que desdice el espíritu y la letra de la misma Constitución; si para ganar legitimidad y pagar los servicios castrenses emprendió la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado , bajo la justificación de la SCJN y sin la crítica oportuna de la CNDH ?
Las 8 mil 604 vidas perdidas de narcotraficantes, soldados, agentes policiacos y civiles inocentes, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a estimaciones de Milenio Diario, constituyen un intolerable baño de sangre, acaso el más escandaloso desde 1910-17. No importa el origen de los muertos, son vidas perdidas en una guerra improvisada, de origen politiquero y sin el consenso indispensable. Por ello, fracasada e insostenible, excepto para el grupo gobernante.
Raúl Fraga Juárez , periodista especializado en el fenómeno delictivo, afirma que sólo durante 2008 se produjeron 5 mil 661 bajas, de ellas 535 policías y 32 funcionarios de la justicia. Chihuahua, Sinaloa y Baja California concentran el mayor porcentaje de víctimas, y Ciudad Juárez la tercera parte del total.
El desastre en materia de derechos humanos y en seguridad pública produce, entre otras cosas, una mala imagen internacional del país que ya angustia al abogado y economista, mismo que exigió en la 20 Reunión de embajadores y cónsules de México que desmientan que se esté “masacrando a la población civil en las calles”.
Felipe de Jesús Calderón emuló a Vicente Fox Quesada , lo que es más frecuente, y ordenó a los 110 diplomáticos “les pido, les instruyo que estén orgullosos de México”.
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