Javier Buenrostro
El domingo pasado en una gira, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró que recibía un país en bancarrota debido a las políticas neoliberales fallidas que se aplicaron en el país los últimos treinta años. La polémica no se hizo esperar y de inmediato le contestaron los empresarios diciendo que el país no estaba en bancarrota, así como la Secretaría de Hacienda afirmando que no había insolvencia de pagos y en cambio dejarían una economía con finanzas sanas.
Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿A qué se refería López Obrador concretamente? Primero, hay que decir que la bancarrota es un término coloquial para referirnos a la insolvencia que tiene una persona o un país para realizar los pagos de deuda que tiene contraídos con anterioridad. Técnicamente, México no se encuentra en la bancarrota dado que su deuda es de poco más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menor a las deudas de Estados Unidos y Japón o Brasil, por poner un ejemplo latinoamericano, países que tienen deudas con un mayor coeficiente del PIB.
Y aquí es donde debemos matizar, ya que aunque el porcentaje de la deuda con relación al PIB no parece alarmante sí lo es que ha habido un aumento constante en los números totales. En los últimos 18 años pasamos de una deuda de 1,5 billones de pesos a una de 10,9 billones. En cuanto al porcentaje del PIB, la deuda pasó de representar el 19,2 por ciento del PIB a poco más del 50 por ciento de hoy, actualizándose con la última emisión de deuda por 10.000 millones de dólares que colocó el gobierno mexicano después de las elecciones.
Dicen los empresarios y algunos analistas que una deuda de poco más de 500.000 millones de dólares no es inconveniente para una economía como la mexicana porque no representa un porcentaje del PIB que sea problemático. Esta es una lectura insuficiente. Pongamos por ejemplo, el caso de cualquier persona. Si yo debo 500 dólares (hipoteca, tarjeta de crédito, préstamos personales, etc) pero mi salario es de 1.500 dólares pues todo permanecerá en relativo control. Pero, ¿y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿O si mi negocio deja de tener el mismo margen de ganancias? ¿O si surge una eventualidad, como una enfermedad que absorba todos mis ingresos? De forma inmediata me veré en complicaciones para el pago de mis deudas, acumulándose a estas el agregado de los intereses que se generen por el incumplimiento. Seguro me meteré en un buen lío, tanto que tal vez pida dinero por otro lado, o con otro esquema de pago más oneroso, o cualquier otra cosa que desencadenaría un círculo vicioso en lo relacionado con las deudas. Seguro eso lo conocemos bien a nivel personal o lo hemos escuchado en distintas ocasiones.
Bueno, México tiene dos problemas importantes que no tienen otros países con una deuda mayor respecto al PIB. Primero, la capacidad de pago. Con una mala recaudación fiscal y con una economía ligada a la de Estados Unidos dependemos más que otros países de lo externo para ingresar el dinero. Una turbulencia como la que todavía se vive por el TLCAN y cuyo resultado nos puede costar varios puntos porcentuales del PIB, significaría también un aumento inmediato de la deuda. Otro punto importante es que un gran porcentaje de nuestra deuda no está en moneda nacional, como es el caso de Japón, Estados Unidos o muchos países de Europa. Esta deuda externa es de 180.000 millones de dólares y representa la mayor cantidad de deuda externa en Latinoamérica, incluso por encima de Brasil y Venezuela en números totales, aunque también hay que decir que en porcentaje del PIB no es la mayor. Con estas cantidades de dinero, pequeñas variaciones de las calificadoras (Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch Ratings) o de las tasas de interés representan miles de millones de pesos (o dólares) de aumento en los intereses de la deuda.
Otro factor a destacar es que la deuda se usa en la mayoría de los países para financiar infraestructura, la cual podrá ser el detonante de un mayor dinamismo económico. En México, en cambio, de la deuda contraída en los últimos sexenios se ha destinado al simple pago de intereses de deudas anteriores o se ha metido en el gasto corriente de la administración. Igual que pasó con el bono petrolero de las administraciones de la derecha (Vicente Fox y Felipe Calderón) donde se "esfumaron" más de 420.000 millones de dólares en gasto corriente y no se hicieron inversiones en infraestructura o en proyectos económicos rentables a largo plazo, es lo que ha pasado con la deuda mexicana. El dinero se ha desperdiciado claramente.
Los números de hoy dicen que México no está, técnicamente, en la bancarrota. Pero si está en una situación donde ciertos factores (variación en la tasa de cambio, modificaciones en las tasas de interés de Estados Unidos o la abrogación del TLCAN, por ejemplo) podrían desencadenar una crisis. A eso le agregamos, a que si bien ha habido un crecimiento moderado de la economía mexicana, este nunca se ha traducido en la reducción de los porcentajes de pobreza ni en los de desigualdad. La riqueza generada ha ido a parar al decil más rico de la población mexicana, como en tantas otras partes del mundo.
Por otro lado, tampoco López Obrador se echó para atrás de lo prometido en campaña, como algunos mal interpretaron la declaratoria de la bancarrota. Reafirmó que cumplirían con todos los compromisos formulados en el proceso electoral pero que la problemática de México era tan profunda que satisfacer todo lo que demanda el país era ya un asunto más complejo. Hay que recordar que quizás la mayor petición de la ciudadanía sea sobre la inseguridad que se vive y que en eso hay una crisis profunda y, aunque no se aplique el tecnicismo financiero de bancarrota, si podemos decir que somos un país roto, partido, quebrado emocionalmente, cuya mayor deuda del gobierno es con la pacificación, la justicia y la reconciliación en el territorio nacional.
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