Mónica Uribe / El Economista
La semana pasada y antepasada, dos noticias me llamaron la atención, no porque no se supiera o se intuyera que ambos hechos sucederían, sino porque parecen parte de una película que ya vimos, una especie de dejá vu. Retrocedí a 1987, a mi época de estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero, a las lecturas de Gramsci, a la teoría de escenarios, por supuesto, a la insurgencia estudiantil previa a la creación de la corriente democrática del PRI y a las advertencias de no suscribirse a periódicos y revistas, cuyos suscriptores eran miembros dilectos, aunque involuntarios, del fichero de la Dirección Federal de Seguridad.
Evidentemente, las notas son la moción de 89 priistas que están desafiando al liderazgo oficial y formal, para lograr que la elección del candidato presidencial del PRI sea producto de una consulta a las bases, no una decisión presidencial a la antigüita. La segunda nota es que los mexicanos estamos siendo espiados por el gobierno, gracias a la compra de un programa de tecnología israelí destinado a prevenir y controlar ataques terroristas.
Ante ambos hechos, no deja de pasarme por la mente un título: “Escenarios sobre el fin del PRI”, un artículo de Gabriel Zaid, incluido en la compilación La economía presidencial, obra de cabecera en la segunda mitad de los 80. En 1988, el PRI dio muestra de una fortaleza muy particular, pues a pesar de la división, aún siguió por sus fueros 12 años más y retornó al poder 12 años después en el 2012. Ahora, su futuro luce más sombrío.
La Alianza Generacional del PRI es un grupo variopinto que moviliza a priistas de segundo nivel como José Ramón Martell, Encarnación Alfaro y Ernesto Gándara, entre otros, que son bien conocidos en sus estados y algunos a nivel nacional, como los tres mencionados. A ellos se les unió Ivonne Ortega —exgobernadora de Yucatán y hasta hace unos días, diputada federal— la que aprovechó la reunión con sus correligionarios para dar a conocer sus aspiraciones para candidatearse a la Presidencia de la República. En contraste con la institucionalidad de la que siempre hacen gala los priistas, la exgobernadora de Yucatán dijo que el PRI ya no es electoralmente rentable y que, si no se abre la elección de candidatos a la militancia, será difícil que pueda ser competitivo, como lo demuestra la pérdida de seis gubernaturas en cinco años y más de 4 millones de electores. Días después, Ortega pidió licencia a la Cámara para iniciar el movimiento #HazloPorMéxico que tiene temas específicos como #FirmaPorTuBolsillo, una iniciativa ciudadana para reducir impuestos y el precio de los combustibles.
En todo caso, la reunión de estos personajes causó escozor en la dirigencia nacional, Arturo Zamora, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) arremetió contra Ivonne Ortega y demás “insurrectos” tildándolos de “políticos de café que buscan destruir al partido”.
Pero el drama de los priistas fue poca cosa frente al terremoto provocado por el reportaje de The New York Times acerca del espionaje gubernamental en México.
En suma, tres organismos gubernamentales: la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional según información proporcionada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, compraron el software Pegasus, el cual opera mediante un virus que infecta los teléfonos celulares y accede a toda la información. Este programa desarrollado por la empresa israelí NSO, se vende exclusivamente a gobiernos con fines antiterroristas, pero hay revendedores y competidores como la empresa italiana Hacking Team.
El gobierno mexicano ha acudido a ambas para avituallarse con esta tecnología, misma que también ha sido utilizada para la represión como Emiratos Árabes Unidos, Mozambique, Uzbekistán y Kenia, países que no destacan por democráticos.
La compra del programa, malware se le llama, se puede justificar para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general. Lo que no se justifica es que haya sido utilizado en contra de 88 activistas y periodistas que son la conciencia crítica de la sociedad y sólo supondrían alarma para un estado fallido y un gobierno paranoide. De terroristas lo único que tienen los personajes espiados es la capacidad de poner el dedo en la llaga y desnudar las infamias que la clase política comete un día sí otro también, ya sea por comisión de delitos, omisión en la aplicación de las normas, connivencia con la corrupción o cualquier acto lesivo a la dignidad y bienestar de los mexicanos.
Lo que asuste e indigna es que el gobierno utilice una cantidad ingente de recursos para intimidar a activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, en lugar de perseguir efectivamente a quienes cometen un delito, y por supuesto, hacer lo que le toca al gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos y las condiciones para el mejor desarrollo económica y social de la población. ¿Cómo es posible que, en lugar de perseguir a delincuentes, como los exgobernadores que dejaron deudas astronómicas y permitieron el lucro hasta con medicamentos para niños con cáncer, se espíe a ciudadanos de pro? ¿En qué cabeza cabe hackear el teléfono de un menor de edad para saber los pasos de su madre, una periodista de alta credibilidad?
Nadie pone en cuestión la necesidad de servicios de inteligencia para la gobernabilidad de un país, pero existen límites que en México están evidentemente sobrepasados y que revelan la debilidad de una clase política que no ha sabido qué hacer con las instituciones y que ha sido incapaz de poner en marcha los mecanismos del sistema para gestionar el conflicto. Gravísimo.
No es ético, ni siquiera necesario, cooptar a los medios ni a las organizaciones no gubernamentales. Simplemente con cumplir con las promesas de campaña y los programas de gobierno de una manera responsable, ética y eficiente, se tendría para que la opinión pública pudiese emitir buenas calificaciones de la gestión gubernamental. La opinión pública es la caja de resonancia de los ciudadanos, su existencia es inherente a un régimen democrático. Sólo en los regímenes autoritarios se le pretende asfixiar por sistema.
El problema de fondo, a mi juicio, es la falta de autorreflexión y autocrítica de la clase política mexicana. No importa el partido ni el grupo de presión: la constante es la promesa incumplida, la corrupción y el ahí se va. Y si como el presidente Peña —quien emplazó a los panistas a presentar pruebas sobre el espionaje— señala con razón que el problema de la corrupción es cultural, pues ya va siendo hora que los mexicanos entendamos que hay que ponerle fin al tema desde instituciones como la familia y la escuela: acabar con las condiciones que originan a los mirreyes sería un buen paso, pero eso compete a la sociedad, no sólo al gobierno.
El tema del espionaje precipitará la salida del PRI del poder, a lo que se sumará la inestabilidad e insurrección internas. Están dados los elementos para la implosión del PRI: crisis interna, falta de rentabilidad electoral, ineficiencia, ingobernabilidad, mala imagen nacional e internacional, ausencia de liderazgo efectivo y falta de autocrítica constructiva. Sólo hay que sentarse un rato a esperar el fin de la agonía.
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