Álvaro Delgado / Apro
En la ceremonia del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar –un pacto cupular, para dulcificar el gasolinazo, que nació muerto– la corrupción no existió, ni siquiera como ornamento lingüístico, en los discursos de Enrique Peña Nieto y de los secretarios José Antonio Meade, Idelfonso Guajardo y Alfonso Navarrete Prida.
El dato es notable, porque ratifica –si falta hacía– que Peña carece de la sensibilidad personal y del equipo estratégico para entender que la furia popular en curso no es sólo por el desproporcionado incremento del precio de las gasolinas –que subirán otra vez en febrero–, sino porque esta decisión sólo colmó la paciencia de la sociedad por tantos abusos, impunidad y saqueos protagonizados, patrocinados y/o solapados por él como jefe de Estado.
Peña volvió a dar la razón a los que nunca han esperado nada bueno de él: En vez de anunciar medidas de la dimensión del descontento en su contra –que lo tienen en niveles de aprobación de apenas un dígito–, se aferró a la decisión “dolorosa pero necesaria” del gasolinazo –que viene “de fuera”– y se dejó colmar de zalamerías, como la de Navarrete Prida, el aspirante priista a candidato del Estado de México que le inventó talla de estadista.
Pero si Peña no fue a la entraña del enojo social –la impunidad, los privilegios, los despilfarros y la corrupción–, tampoco fue capaz de articular un acuerdo con amplio consenso entre los sectores de la población, ni siquiera reeditó adecuadamente los pactos de las crisis de los ochenta, porque hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) despreció la convocatoria.
“Urge un acuerdo, sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”, argumentaron los patrones, que pusieron en evidencia la maniobra, pero también el carácter autoritario de la misma: Dos horas antes del anuncio, el gobierno entregó el documento que se firmaría.
Pero, además, el listado de “compromisos” firmado por los 12 miembros de los “sectores de la producción” –con la priista CTM usurpando la representación de todos los trabajadores del país– es una tomadura de pelo, porque en los “compromisos” del gobierno lo mismo enlista responsabilidades legales de los servidores públicos federales que formula buenos propósitos.
Los compromisos de la iniciativa privada son de risa, en particular en la protección de la economía familiar: “El sector empresarial a través de sus organizaciones asume el compromiso de coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica”.
¿Y a qué se compromete el sector laboral? “A intensificar los procesos de productividad que permitan incrementar la competitividad (¿?). ¿Y el sector del campo? “Se compromete a trabajar en la mejora de la productividad del campo en beneficio de los pequeños y medianos productores y de la oferta nacional agroalimentaria”.
En todo el listado del acuerdo, conformado por cuatro ejes, hay un solo compromiso que puede tener fácil verificación de su cumplimiento: La reducción de 10% de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior, un porcentaje idéntico al que decretó Felipe Calderón tras tomar posesión, en 2006, para tratar de sofocar acusaciones de fraude electoral.
Actualmente, Peña cobra como presidente de la República 208 mil 570 pesos brutos, y ya menos impuestos su salario era de 142 mil 256 pesos. Es decir, el descuento de 10% implicará una reducción de 14 mil 255 pesos, para un total de 128 mil pesos netos cada mes.
Sobre los otros ámbitos del poder público, Peña hace una tímida solicitud, en vez de una iniciativa de ley: “Se exhorta a los otros Poderes de la Federación, a los organismos autónomos, así como a los gobiernos locales, para que adopten medidas similares”.
Es un pactito, recurso insulso ante el descontento, que nació muerto. Aunque aún no cobra la magnitud de un movimiento articulado y nacional, las protestas contra el gasolinazo han logrado vencer el miedo que, mediante vandalismo y saqueos inducidos, se tramó desde el poder. En las calles no cesa la exigencia: “¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!”
Apuntes
Fue Margarita Zavala quien, por primera vez desde el inicio del actual gobierno, se refirió a Peña. Hace una semana, el lunes 2, en El Universal, lo acusó de hacerlo “todo mal: el precio de la gasolina, la corrupción, la mentira”.
Con su artículo con ese título le recordó que prometió en su campaña que no subiría la gasolina e incumplió. “Después ligó indebidamente el precio de la gasolina con la reforma energética y lo hizo cuando prometió que se acabarían los ‘gasolinazos’. Pero de ‘regalo’ de Navidad nos receta un aumento de 20% de un día para otro. Y se sorprenden por la reacción de indignación que han desatado. Lo que la gente ya no aguanta es la mentira, la corrupción y la hipocresía con la que se conducen”.
La respuesta de Peña llegó el jueves 5, en cadena nacional, y culpó al esposo de Margarita, Felipe Calderón, del aumento en las gasolinas: “Tan sólo en el sexenio anterior se perdieron casi un billón de pesos, es decir, un millón de millones subsidiando la gasolina. Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales”.
Calderón no ha respondido, pero su esposa emitió, el domingo 8, un mensaje videograbado en el que recita el mismo artículo del diario. Escondido detrás de la falda de Margarita, Calderón tuiteó este lunes 9: “Hoy cumplo 24 años felizmente casado con una extraordinaria mujer, inteligente, guapa, sencilla, amable…”
Comentarios