Gloria Leticia Díaz / Apro
Organizaciones sociales alertaron sobre actos de represión contra ciudadanos que han salido a las calles a protestar por el alza de los precios de los combustibles, y advirtieron de la infiltración de personas ajenas a las manifestaciones d inconformidad que han generado caos en entidades como el Estado de México.
En comunicados de prensa, organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), así como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilero (CDHZL), llamaron a las autoridades federales, estatales y municipales a dar garantías a los ciudadanos para manifestarse.
José Antonio Lara Luque, coordinador general de CDHZL, acusó al gobernador mexiquense, el priista Eruviel Ávila Villegas, de “echar a andar grupos de provocadores, los cuales están cometiendo desmanes para infundir temor y pánico en la población que ha salido a manifestarse pacíficamente”.
El defensor informó que vecinos de varias colonias de la entidad que han decidido manifestarse, “están reforzando sus organizaciones para evitar que grupos de provocadores puedan infiltrar sus filas, generando caos, temor y violencia”.
Tras responsabilizar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila de la “situación de ingobernabilidad y caos por el irresponsable incremento al precio de las gasolinas”, Lara Luque destacó que en el Estado de México la situación se ha recrudecido con saqueos en tiendas comerciales y expendios de combustible, en tanto que el gobierno estatal ha recurrido a la represión de los movimientos ciudadanos.
Al sostener que en México “existe un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, el FLEPS expresó su preocupación por “algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas corporaciones del país, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines contra personas manifestantes”.
Las agrupaciones que conforman el FLEPS resaltaron que en los primeros días de 2017, en que se han desarrollado manifestaciones de inconformidad en 28 entidades, al menos 16 personas fueron arrestadas en la Ciudad de México, Guadalajara y en la carretera México-Toluca, en tanto que hubo actos de represión e intimidación en el Estado de México, Sinaloa y Guanajuato.
Ante la “criminalización contra quien ejerce su derecho a la manifestación, el FLEPS urgió a autoridades de los tres niveles de gobierno “a que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que a lo largo del país se están manifestando contra el alza de precios a la gasolina, y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad de quienes se manifiestan”.
A las corporaciones policiales, estatales, policiales y la Policía Federal, las organizaciones piden que “se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario de la fuerza pública”, por lo que llaman a privilegiar el diálogo y “velar por la seguridad de las personas”, como corresponde a sus obligaciones “en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
De igual forma, los integrantes del FLEPS exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los organismos públicos estatales a instruir a personal a su cargo para “monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas”, y que, conforme a sus atribuciones, emitan “medidas precautorias” a fin de que las autoridades “garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas”.
Las 12 agrupaciones que conforman el FLEPS advirtieron que en los últimos años hay una tendencia a tomar medidas para limitar la libertad de expresión a través de “iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones, conteniendo restricciones desproporcionales, así como agresiones por parte de diversas autoridades en contextos de protesta, tales como detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública”.
El FLEPS está conformado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, Espacio Libre Independiente Marabunta, Resonar y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.
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