Jesusa Cervantes / Apro
En medio de las crecientes manifestaciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las protestas.
De forma sorpresiva, PRI y PAN sacaron de la “congeladora” un dictamen sobre “movilidad social” que, el 24 de abril pasado, avaló la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el perredista e integrante de la corriente de Los Chuchos, Julio César Moreno Rivera, y lo pusieron hoy a consideración del pleno.
Se trata de cambios al 11 y 73 constitucionales; en el primero se establece que “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
En tanto que al artículo 73 se le añadió que el Congreso puede legislar en “materia de movilidad universal en los términos de la Constitución… y que podrá expedir la Ley General de Movilidad que haga efectivo el pleno ejercicio del derecho a la movilidad”.
La iniciativa fue promovida por el panista Marco Aguilar, uno de los operadores del excoordinador Luis Alberto Villarreal, y quien forma parte del grupo cercano a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN.
Por tratarse de una modificación a la Constitución se requirió el aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes; el bloque de PRI, PAN, Panal y PVEM cosechó 292 votos a favor en tanto que PT, MC y PRD sólo sumaron 100 sufragios en contra.
La minuta fue enviada al Senado y, una vez avalada por éste, deberá ser aprobada por al menos 17 Congresos locales. Después se tendrán 180 días para elaborar la Ley General de Movilidad.
El tema fue seriamente cuestionado por legisladores de izquierda, quienes fueron los únicos que hablaron en tribuna, pues el bloque afín al PRI guardó silencio y sólo espero la votación que de antemano sabía sería avasalladora.
La perredista Amalia García, quien en abril pasado fue reconvenida por sus compañeros de partido por haber votado a favor de la polémica iniciativa, subió este martes a tribuna para hablar en contra y justificar su voto en aquel momento:
“Hace un año el país era otro, hoy estamos en una situación extremadamente delicada, y a la luz de lo sucedido hoy en las manifestaciones, en el PRD estamos en contra… Se deben respetar los derechos humanos, la libertad, el respeto a la libre expresión. Hay ya artículos en la Constitución que son el centro y le dan la fuerza a estas libertades”, resaltó.
Y enumeró: El 35, “que habla del derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos”; el 9 que advierte que no se podrá coartar el derecho a reunirse con cualquier fin, “que dice que no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o denuncia por un acto o presentar una protesta ante una autoridad”.
Además, están el primero, que señala que el Estado debe prevenir, sancionar e investigar las violaciones a los derechos humanos, y el octavo, que obliga a los funcionarios públicos a respetar el derecho de petición.
Sin embargo, añadió, con estos cambios a los artículos 11 y 73, en donde “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad”, en realidad pueden ser utilizados como “coartada” para limitar el derecho a la libre manifestación.
“Es sumamente peligroso que se coarten las libertades y los derechos políticos”, alertó la zacatecana.
Lilia Aguilar, vicecoordinadora de PT, fue certera en su intervención al traer a colación el apunte que los diputados chilenos hicieron con motivo de su visita a México la semana pasada para buscar la liberación de Laurence Maxwell, detenido al término de la manifestación del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino:
“Lo que vemos hoy en México nos recuerda lo ocurrido durante la dictadura de Pinochet”, recordó.
Luego dijo que los cambios propuestos por el panista y llevados al pleno de forma sorpresiva parecieran una “ley antimarchas”. Enseguida preguntó: ¿Qué derechos estamos violentando como para que se presente esta iniciativa? ¿Por qué la urgencia?, ¿Por qué en este momento?
La petista también advirtió que los priistas y sus aliados “están abriendo una caja de Pandora. La pradera está seca y ustedes no sólo le echan gasolina sino que están prendiendo un cerillo”.
La legisladora sostuvo que la tentación de utilizar estas modificaciones en forma “punitiva” se pueden presentar, sobre todo luego del añadido en donde se establece que “el Estado deberá garantizar el derecho a la movilidad. ¿De qué manera se dará esto? ¿Ese derecho no está en la Constitución?, cuestionó para enseguida señalar que movilidad es el poder trasladarse de un estado a otro, el derecho a vivir en cualquier lugar, como lo establece el derecho internacional, y nada tiene que ver con las marchas y las protestas.
La petista exhibió luego a los priistas cuando sostuvo que “pareciera que le están pagando al PAN con esta iniciativa”.
Por parte del MC, Ricardo Mejía Berdeja denunció que con los cambios se abre la puerta para “una coartada a la represión”. Este dictamen, añadió, es políticamente inoportuno por la situación que se vive en el país, en donde se han presentado violaciones a los derechos humanos.
Esta iniciativa, advirtió el legislador del MC, puede ser la puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales.
Con esta ley, abundó, “por la vía de la justicia se pueden frenar las movilizaciones, los actos legítimos de protesta se pueden coartar aunque no lo diga así el dictamen. Hoy México vive una crisis política, social, económica, de derechos humanos y, en el escenario de inconformidad que se vive, quieren frenar el descontento social con estos cambios a la Constitución”.
Con las modificaciones, puntualizó, se tiene el pretexto perfecto para reprimir las manifestaciones.
Griselda Saldaña, del PRD, dijo que los cambios constitucionales son “ambiguos”, pues se puede caer en “criminalizar la protesta”. Luego acusó a priistas y panistas de “perversos”.
“Es perverso que ante las masivas manifestaciones que hay se proponga esta ley. ¿Desde cuándo un derecho humano debe reglamentarse?”, planteó.
El también perredista Fernando Belaunzarán sugirió cambios para frenar la tentativa de coartar el derecho a manifestarse, aunque antes enumeró los errores del gobierno federal: El “ya me cansé” del procurador general de la República, la irrupción de policías en Ciudad Universitaria; del Ejército a la Universidad de Coahuila; las detenciones del 20 noviembre; los ‘levantones’ de jóvenes por parte de fuerzas de seguridad…
“Se quiere criminalizar las manifestaciones”, acusó Belaunzarán, en tanto que la petista Lilia Aguilar advirtió al bloque encabezado por el PRI que “una sola chispa puede incendiar la pradera”.
El dictamen finalmente se aprobó y nadie de PRI, PAN, PVEM o Panal subió a tribuna para defenderlo; en silencio, la mayoría escuchó los reclamos de la oposición y así, sin decir palabra, levantaron la mano para avalar una nueva ley que podría facilitar a las autoridades impedir, frenar o sofocar una manifestación.
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