Ezequiel Flores Contreras / Apro
Con el rostro desencajado y la voz entrecortada, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció esta tarde su dimisión al cargo por la indolencia asumida frente al tema de la infiltración del narco en la esfera política que desató la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de septiembre en la ciudad de Iguala.
“Estos hechos nos deben llevar a una reflexión nacional que permita construir una nueva estrategia de seguridad efectiva que evite tragedias como las de Iguala”, expresó Aguirre durante la lectura de un comunicado en la residencia oficial Casa Guerrero.
También dijo que su licencia la presentará al Congreso estatal para que los diputados locales la autoricen y definan a su sucesor, a pesar de que se perfila a la secretaria de Desarrollo Social estatal, Beatriz Mojica Moraga como gobernadora interina.
Durante los últimos días, Aguirre asumió una actitud reacia para dejar el cargo, e incluso hizo todo lo posible para mantenerse al frente del Ejecutivo, entre otras acciones, pagó a organizaciones de transportistas ligadas a la delincuencia para que se asumieran como un grupo de choque y confrontarán las protestas de los normalistas.
También pidió que la clase política, alcaldes y diputados locales, que en su mayoría han sido señalados por sus presuntos nexos con el narco, como el presidente del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, cerraran filas y manifestarán públicamente su apoyo.
No obstante, la delgada cuerda que sostenía al gobernador postulado por el PRD se reventó esta tarde y Aguirre convocó a representantes de los medios para fijar su postura y anunciar su dimisión al cargo.
Casi una hora después de la hora citada, cerca de las 18:00, Aguirre apareció flanqueado por sus colaboradores más cercanos, entre ellos el senador perredista Sofío Ramírez, para anunciar que había tomado la decisión de solicitar licencia al cargo, al argumentar que estaba convencido de que se trata una decisión “responsable”.
Luego, dio por hecho que su separación del cargo es definitiva al señalar que los diputados locales que conforman el
Congreso estatal decidirán a su sucesor, quien “encabezará la administración estatal en los próximos meses”.
Al defenestrado Aguirre prácticamente le quedaba un año en la administración, no obstante la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa exhibió el nivel de impunidad, violencia y corrupción que se padece en la entidad.
Este hecho, ha provocado que la clase política en la entidad, señalada por sus presuntos nexos con la delincuencia, se mantenga arrinconada frente a la escalada de protestas que paralizó la entidad.
Por su parte, padres de familia de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y miembros de organizaciones sociales marcharon de Tixtla a Chilpancingo, donde se realizó una misa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, el mismo lugar donde el generalísimo José María Morelos y Pavón proclamó los “Sentimientos de la Nación”.
Los manifestantes recorrieron casi 15 kilómetros partiendo de la Normal de Ayotzinapa para llegar a esta capital, sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en medio del silencio protector de la Montaña y la consigna consecuente en contra de las autoridades que sintetiza el dolor de las víctimas: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso”.
Mientras el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala, oficiaba la misa, los padres de las víctimas y los normalistas advirtieron: “No basta con la renuncia del gobernador, pues el objetivo es encontrar con vida a nuestros compañeros, hijos y hermanos”.
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