Apro
El fracaso perseguirá al presidente Enrique Peña Nieto si no logra hacer avanzar la economía de México antes de que finalice su sexenio, advierte la revista inglesa The Economist, y asegura que la razón principal para el “mediocre” desempeño es la baja productividad.
En un artículo publicado en su última edición, The Economist subraya que el mexiquense prometió mejorar el sistema de salud e incentivar la productividad y la formalidad para echar a andar el crecimiento del país, pero eso se ha quedado en buenos deseos.
Si Peña Nieto logra ese crecimiento, subraya, podrá nombrar como posible sucesor al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, pero si no lo consigue habrá fallado.
El problema del Ejecutivo, apunta, es que sus otras reformas aún no han dado frutos tangibles.
“Su tasa de aprobación, en torno del 40%, es la más baja para un presidente mexicano desde que comenzó el sondeo. La economía se ha desempeñado pobremente bajo su revisión, creciendo sólo 1.1% el año pasado; a pesar de un gasto de déficit considerable, el gobierno este mes recortó su previsión para 2014 a 2.7%. Secretarios insisten en que el beneficio de las reformas, sobre todo de la energética, se sentirá sólo en el mediano plazo; que esperan que el crecimiento aumente a 5 o 6% a finales del sexenio.
“Si tienen razón [que la economía avanzará 5 a 6% a finales del sexenio], los mexicanos sentirán calor por Peña, y Videgaray, sin duda, será elegido como su [posible] sucesor. Ciertamente, las reformas energéticas y de competencia son pasos importantes hacia la modernización de México. Pero si el señor [Santiago] Levy tiene razón [y la Reforma Laboral y de Salud necesitan un cambio], entonces el señor Peña pudo haber renunciado a la medida más importante para mejorar el rendimiento económico de su país. Y ese fracaso puede venir a perseguirlo”.
La publicación, con fuerte presencia en los sectores económicos y financieros internacionales, destaca que desde hace 18 meses, cuando tomó posesión como presidente de México, Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha un conjunto extraordinariamente ambicioso de reformas.
“Se ha sobrepuesto a un tabú constitucional sobre la inversión privada en energía, ganó nuevas herramientas para reventar los oligopolios privados y arrebató el poder al sindicato de maestros, cuya líder [Elba Esther Gordillo] está en la cárcel. Este mes, una Reforma Política limitada también fue aprobada”.
Sin embargo, sostiene, “esta lista impresionante tiene una llamativa omisión: En las primeras páginas de un libro en el que expuso su plataforma de campaña (México: La Gran Esperanza), incluso antes de detallar algunas de las medidas que desde entonces ha realizado, Peña prometió, ante todo, ‘un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal’, que se financiará en gran parte de los ingresos fiscales generales, en lugar del sistema actual, que se basa en las contribuciones sobre la nómina. Esta nueva propuesta reduciría los incentivos para ingresar o permanecer en la economía ‘informal’, escribió. Como resultado, ‘la calidad del empleo, la productividad y el crecimiento económico van todos para arriba’”.
No obstante, agrega, esta reforma “no sólo ha desaparecido de la agenda del gobierno, sino que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y zar de la reforma, parece haberle cerrado la puerta. Después de la aplicación de una medida fiscal limitada el año pasado, que impuso una miscelánea de gravámenes impopular para las empresas, Videgaray prometió no más cambios en los impuestos hasta el año 2017”, y eso, subraya, “es un error”.
Prosigue:
“La razón principal para el desempeño económico mediocre de México (el crecimiento anual tiene un promedio de sólo 2.3% desde 1982) es la baja productividad. Y la explicación más plausible para ello es la prevalencia de una enorme economía informal de empresas no registradas y sobre todo las pequeñas, en donde tres de cada cinco mexicanos trabajan. Santiago Levy, un exfuncionario mexicano ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha sostenido durante mucho tiempo que esta cifra es alta debido a las políticas públicas perversas que fomentan la informalidad a través de subsidios, aunque gravan la formalidad”.
El corazón del problema está en la forma de provisión de las leyes laborales y de seguridad social que se han desarrollado en México, puntualiza The Economist.
“Los trabajadores del sector formal contribuyen a sus pensiones, salud, cuidado de niños y similares a través de los impuestos sobre la nómina, que añaden un 30% adicional o más a los costos salariales. Sin embargo, como la democracia ha llegado a México, los gobiernos han añadido un sistema paralelo de pensiones no contributivas, de la salud y del cuidado de niños para los trabajadores informales, pagada con los ingresos generales del gobierno.
“La diferencia de calidad entre los dos sistemas [para informales y formales] es el estrechamiento. Después de aportes y contribuciones por un total de 6.5% del salario durante 24 años, un trabajador formal con salarios bajos puede obtener una pensión de mil 700 pesos (132 dólares) al mes, hasta que cumple los 65. Según una ley cercana de aprobación en el Congreso, un trabajador informal con menos de 50 puede aspirar a una pensión a los 65 años de al menos mil 050 pesos al mes, gratis. Mientras tanto, las empresas no se animan a contratar a los trabajadores formales por reglas rígidas y costosas para la indemnización por despido”, sostiene la prestigiada revista.
Comentarios