Crímenes sociales
Poderes embarrados
Hoy, marcha en Cuernavaca
Julio Hernández López / Astillero
Aun cuando su historial político aportaba suficiente material para desalentar esperanzas fundadas de cambio real en Morelos, Graco Ramírez ha resultado peor gobernante de lo que algunos suponían. El izquierdismo de fachada, la demagogia, la truculencia y el oportunismo del tabasqueño avecindado en una de las entidades contiguas al Distrito Federal han agravado las condiciones deplorables en que anteriores mandatarios dejaron a Morelos, sobre todo en materia de seguridad pública.
El más reciente episodio de violencia criminal contra ciudadanos indefensos se produjo contra el doctor Alejandro Chao Barona y su esposa, Sara Rebolledo, quienes fueron asesinados con el uso de piedras y palos en su domicilio particular. Los homicidios retumbaron especialmente en la comunidad universitaria morelense, pues Chao había dedicado 36 años de su vida a las tareas académicas, sobre todo en materia de sicología. La rectoría de la Universidad Autónoma de Morelos no sólo condenó los hechos y exigió una rápida y confiable investigación de ellos, sino que formalmente convocó a una marcha que se realizará hoy y desembocará en el centro de Cuernavaca. Ayer mismo, maestros y estudiantes de sicología de la UAEM consideraron necesario dar una muestra inmediata de su grave inconformidad con lo que sucede en su estado y marcharon con pancartas y gritos de protesta.
Con una celeridad que no constituye la regla, sino la excepción, la administración del chuchoperredista Ramírez (Garrido Abreu es su segundo apellido) hizo saber que ya había detenido a presuntos responsables del doble asesinato. Uno de los subordinados de Graco descartó en principio el móvil del robo y planteó que los criminales conocían las rutinas de las víctimas y posiblemente éstas los conocían.
Ya en su primer comunicado la UAEM había expresado que el doble hecho delictivo no sólo lacera profundamente a la comunidad universitaria, sino que pone una vez más en el centro de la conciencia del país la negación del derecho a la vida, la existencia y seguridad de los ciudadanos. Otros universitarios han sufrido agravios similares, y muchos otros ciudadanos no pertenecientes a esa comunidad activa también han vivido episodios criminales graves, frente a los cuales no ha habido sino una socarrona respuesta del gobierno de izquierda que prometió poner freno a esa delictividad desbordada en un plazo que se ha cumplido sin que haya mejoría reconocida.
En esta misma entidad surgió el movimiento nacional encabezado por Javier Sicilia luego del asesinato de su hijo y otros jóvenes, en marzo de 2011, en un contexto de hartazgo ciudadano frente a las complicidades y abusos de gobiernos priístas y panistas, que ayudó a que en Morelos se cumplieran pactos secretos entre el peñismo y el chuchoperredismo para dar paso en julio de 2012 a Graco Ramírez como alternativa democrática, con la aquiescencia del panista saliente, el intocado ultraderechista militante Marco Antonio Adame (quien fundó en 1986 el grupo de acción política desde el conservadurismo religioso denominado Movimiento Testimonio y Esperanza, y ahora forma parte de la planilla de Gustavo Madero en busca de dirigir el PAN).
La rauda mención de presuntos responsables de los asesinatos de Chao y Rebolledo no apaciguó la inconformidad ciudadana. Por el contrario, de inmediato se extendió el temor de que se hubiesen habilitado figuras distractoras para ofrecerlas como presunto antídoto ante la marcha universitaria y popular convocada para hoy. El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez (quien llegó al cargo en marzo de 2012, luego de haber sido secretario general de la misma institución) dijo que no se aceptarían ese tipo de chivos expiatorios, se inconformó con el móvil del robo y, enmarcando lo que una inmensa mayoría de ciudadanos de ese estado y del país entero consideran, declaró que un Estado que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos es un Estado fallido. El mismo rector da testimonio de ese fracaso, pues en septiembre del año pasado tres hombres armados entraron a su domicilio particular, amagaron a su esposa con hacerle daño y lo amenazaron de muerte, sin que hubiera robo de objetos de valor. En otras circunstancias y fecha, un hermano suyo había sido secuestrado.
Desde ese contexto morelense, el rector en mención planteó que se está en presencia no sólo de una expresión específica de violen- cia contra una pareja muy respetada por la comunidad morelense, sino de un crimen social. Cierto es que la sociedad entera vive hoy las consecuencias de políticas criminales desarrolladas desde las cúpulas del poder para, presuntamente, confrontar a la delincuencia organizada que ha retado y superado en ciertas regiones a las autoridades constituidas. Pero el torbellino de intereses sucios en que se mueven esos políticos gobernantes (en todos los niveles: municipales, estatales y federal, y con banderías partidistas múltiples: panistas, priístas, perredistas, verdes, por mencionar los membretes más frecuentes) ha hecho que se agrave y consolide ese crimen social, el de detentar los órganos de poder, pero no para servir a los intereses sociales, sino para beneficiarse directa o indirectamente de las operaciones criminales dominantes, las de los cárteles que financian campañas electorales, entregan carretadas de dólares a políticos para sus cuentas personales y a cambio reciben protección en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. No sólo es Graco o, dicho de otra manera, todos esos mandatarios indolentes, mendaces y negociables son Graco. Frente al desastre nacional, marchar, levantar la voz, protestar, como sucederá hoy en Cuernavaca.
Y, mientras en Tamaulipas se vive una violencia creciente, con un goberna- dor, Egidio Torre, de origen convertido en mero espectador con chaleco antibalas, con un gobierno federal que envía un comisionado militar para una región del estado pero no se atreve a tomar medidas intervencionistas abiertas como en Michoacán, y con una población sumida en el terror, ¡hasta mañana!
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