Celibato y pederastia
Desaparecidos en Tamaulipas
Impunidad pintada en Guerrero
Julio Hernández López / Astillero
Abordo del avión que lo llevaba de Tel Aviv a Roma, habiendo cumplido una gira en la que propició acercamientos con ánimos pacificadores entre autoridades israelíes y palestinas, el papa Francisco deslizó la posibilidad de revisar el celibato obligatorio de los sacerdotes (al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta), anunció que tres obispos están bajo investigación por acusaciones de abusos sexuales contra menores de edad, dijo que estas prácticas de sacerdotes son comparables con las misas negras e informó que próximamente habrá una misa en el Vaticano en la que participarán seis u ocho de esos feligreses afectados.
Las confesiones aéreas del máximo jefe religioso ante periodistas (ya había abordado antes otro tema polémico a miles de metros de altura, cuando se preguntó, contestando, ¿quién soy yo para juzgar a los gays?) tienen especial relevancia para un país donde el catolicismo es aún la creencia aplastantemente mayoritaria, según los censos oficiales, y donde se han ido revelando sintomáticos casos de descomposición moral y conductas delictivas de sacerdotes de a pie y de clérigos encumbrados, siempre todos ellos bajo protección y encubrimiento de parte de las élites política, económica y religiosa.
Uno de esos casos es el del presbítero Eduardo Córdova Bautista, retirado del ejercicio sacerdotal y consignado por su propio arzobispado ante la procuraduría potosina de justicia hasta que se difundió con amplitud y precisión su catálogo de abusos (en las páginas de La Jornada se dio a conocer el asunto, bajo la firma de la esclarecedora Sanjuana Martínez). Otro, con menos difusión pero igual intensidad trágica, no urbano sino rural y específicamente indígena, es el que afectó a medio centenar de niños y adolescentes oaxaqueños, con el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández como acusado.
Una buena noticia para un país como México sería que se aboliera la imposición contra natura del celibato sacerdotal, que curas de todo nivel pudieran regularizar sus relaciones de familia, dejando a un lado fingimientos respecto de sobrinos y mujeres auxiliares de casa, y que se castigara con firmeza a presbíteros, obispos, arzobispos y cardenales practicantes de pederastia hasta ahora impune. Ojalá y así sea.
Graciela Pérez Rodríguez se enteró, como tantos otros mexicanos, de la visita, los discursos y las promesas hechas el pasado 23 en Tamaulipas por Enrique Peña Nieto y el gobernador Egidio Torre. Puso especial atención a la oferta de que fuerzas federales y estatales tratarán de restablecer la posibilidad de transitar sin incidentes violentos las carreteras de esa ensangrentada entidad. Pero no le fue posible aplaudir ni regalarse una esperanza fundada, pues al momento de la visita de EPN ella cumplía un año, nueve meses y 11 días de que en un tramo de la carretera El Mante-Ciudad Valles desaparecieron su hija de 13 años (Milynali Piña Pérez), su hermano de 53 (Ignacio Pérez Rodríguez) y tres de sus sobrinos, dos de 20 años (José Arturo Domínguez Pérez y Aldo de Jesús Pérez Salazar) y otro de 16 (Alexis Domínguez Pérez).
Como en la inmensa mayoría de los demás casos de desaparecidos por la fuerza, la madre, hermana y tía, que vive en el municipio huasteco de Tamuín, San Luis Potosí, no sabe de mayor esfuerzo de búsqueda por parte de las autoridades más que el de algún discurso de ocasión. Graciela asegura que existen indicios de vida de su hija, y demanda a Peña Nieto que se empeñe en la búsqueda, específicamente en lo que ahora usted designó como la Zona Sur en su estrategia de seguridad. Pero en una carta enviada a EPN le dice que con su discurso parece que le están dando borrón y cuenta nueva a estos asuntos, pues de una cifra de miles de desaparecidos graciosamente usted ha dado una nueva cifra. Sí, hay que ocuparse de los vivos.
Tampoco se trata de decir –añadió la señora Pérez Rodríguez– que “son víctimas del sexenio anterior, pues somos víctimas de un estado que permitió que se propagara de manera cotidiana la pelea de cárteles de la delincuencia, como si se tratara de algo común. He aquí las consecuencias: mi familia, y la de muchas más, destrozada para siempre, y usted elogiando a quienes nos han hecho tanto daño”. También menciona que la falta de gobernabilidad del señor Egidio Torre fue causa de la tragedia sucedida el 14 de agosto de 2012.
Graciela, como miles de mexicanos, sólo pide a Peña Nieto que se busque a nuestros desaparecidos, en esa carta que cierra describiéndose como una madre muerta en vida, buscando a su única hija, a su hermano y tres sobrinos (http://bit.ly/S9EsB8). ¿Habrá algo que la autoridad federal le pueda decir a esta madre, más allá de discursos y promesas vanas? ¿Tendrá algo que informar sobre estos casos el escenográfico Osorio Chong, que ayer en Tampico instaló fugazmente el gabinete de seguridad federal para revisar los avances logrados desde que 13 días atrás se había realizado otro simulacro burocrático parecido?
Y, mientras la PGR da signos de algún avispamiento en cuanto a la denuncia presentada el pasado 13 de abril, y ratificada por diputados federales del PRD, el PT y MC el 13 del corriente contra el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, polémico personaje a quien se acusa de utilizar el presupuesto de esa empresa de la administración federal, dedicada al abasto social de leche (http://bit.ly/1nEQwF2), para promoverse como precandidato priísta a la gubernatura de Oaxaca (los quejosos aseguran que en prensa, radio y páginas web de esa entidad hay diaria publicidad pagada de Liconsa, y que tan sólo en lo que va del año se contabilizaron 150 notas en primeras planas), ¡hasta mañana, con Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre entregando coloridas casas nuevas en La Pintada, a ocho meses de la tragedia en Guerrero por la cual se ofreció que habría rápido y ejemplar castigo contra constructores abusivos, lo cual hasta ahora (pero, ¡por supuesto!) ha quedado en simple promesa pintada!
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