Slapp: técnica disuasiva
Litigios largos y costosos
Saving Mexico, manchado
Julio Hernández López / Astillero
Pemex (es decir, la administración peñista) ha decidido invertir en otro tipo de exploraciones: sumergir en aguas jurídicas profundas, con altos costos en cuestión de litigio y tiempo, a activistas y partícipes en protestas pacíficas, para así desgastarlos, intimidarlos, cansarlos y hacerlos desistir en función de lo oneroso y enredado de un prolongado proceso legal. La técnica es conocida como slapp ( a strategic lawsuit against public participation: un pleito jurídico estratégico contra la manifestación pública) y es utilizada por diversas corporaciones en varios países (http://bit.ly/1hMyUlc , en inglés).
El arranque de ese proyecto, que forma parte del más general que busca criminalizar la protesta social, tuvo como plataforma una acción pacífica de la sección mexicana de Greenpeace, seis de cuyos activistas ingresaron el pasado 1º de marzo, con permiso y previo registro, a la torre de Pemex Refinación en Veracruz. Dos de ellos descendieron a rapel desde la azotea del edificio, adonde aseguran que también llegaron con permiso, y desplegaron una manta de 128 metros cuadrados con una imagen que provocó marcado enojo en la administración federal, al tocar la figura de Enrique Peña Nieto, mostrándolo manchado de petróleo en una reproducción de la famosa portada de Time a la que, además, agregaron un signo de interrogación en el encabezado, también muy conocido, Saving Mexico? Greenpeace organizó esa protesta “para cuestionar que el gobierno federal pretenda ‘salvar a México’ utilizando más combustibles fósiles, los mismos que generan el cambio climático que nos afecta a todos” (http://bit.ly/1qe4H5u ).
Esa protesta pública y pacífica motivó que los seis activistas fueran detenidos durante 29 horas, primero por la autoridad naval y luego en separos de la Procuraduría General de la República. Ya ante un agente del Ministerio Público (MP), la acusación contra todos fue por allanamiento de morada y por daños contra Rosina González específicamente, joven poblana de 26 años, de los cuales seis ha dedicado a Greenpeace, el último de ellos como parte de la estructura organizadora. González es licenciada en cultura física y ha participado en protestas en la Estela de Luz y en el Senado. Las irregularidades del caso hicieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptara la queja de los activistas el pasado 10.
La desproporción de las acusaciones y la aplicación de las técnicas del slapp quedan de manifiesto especialmente en el caso de Rosina. A ella se le había amenazado con una condena hasta de diez años de cárcel bajo el señalamiento de que una cámara de las llamadas GoPro, que se llevan en el casco de los equipos de rapel, habría caído sobre un reflector de esas oficinas de Pemex, al que habría dañado irreversiblemente. Greenpeace afirma que cuenta con fotos de ese mismo reflector funcionando perfectamente los días posteriores al supuesto daño, durante eventos públicos que se encuentran en la red.
El equipo jurídico de la ONG ambientalista afirma que esa averiguación previa lleva varias irregularidades, entre ellas, que no se ha presentado factura del supuesto reflector de 78 mil pesos, que no hubo un estudio de causalidad entre la caída de la cámara y el reflector roto, tampoco hay argumento jurídico que sustente la retención durante 29 horas de los activistas. Esa averiguación se formó a partir de declaraciones de un testigo, que a su vez contó a la Marina que vio una cámara GoPro en el suelo; la Marina a su vez contó al MP esa versión y de ahí basan su 'averiguación' para inculpar a Rosina. Sobre el allanamiento de morada, es un cargo que no puede proceder pues los activistas entraron con permiso y al tratarse de un edificio público de todos los mexicanos, como es Pemex, no puede configurarse el allanamiento de morada ante un edificio de dichas características.
El problema no es de dinero. La agrupación ecologista, con oficinas en 43 países, está dispuesta a pagar hasta el último centavo si se cumplen los requisitos legales para tipificar el delito y éste es demostrado en contra de Rosina (a última hora, el agente del MP consignó ante el juez una acusación por daño intencional, que tiene una penalidad menor a la inicialmente sugerida por Pemex). Pemex, por su parte, esgrime un argumento mayor: le es imprescindible defender el estado de derecho y castigar toda violación a la ley. Tolerancia cero en una institución histórica y demostradamente permeada por la corrupción y el incumplimiento de las leyes. Tolerancia cero en el caso exclusivo de una lámpara, en un país diariamente conmovido por los escandalosos casos de corrupción, injusticia, ilegalidad e impunidad.
Esa defensa extrema del imperio del derecho ha sido sostenida en dos reuniones en el Distrito Federal por Javier Romo, asesor jurídico de Emilio Lozoya, director general de Pemex; Javier Guerra Fernández, subdirector jurídico de control de proyectos y procesos, e Ignacio Durán Lomelí, gerente de comunicación social. Rosina ha sido el blanco de las intimidaciones, con los funcionarios dirigiéndose exclusivamente a ella y no al resto de los partícipes que son miembros de Greenpeace, y enfatizando que cometió un delito y podría pasar varios años en prisión (en defensa de Rosina hay una página, http://bit.ly/1p1O7Zt ).
Durante 20 años de actividades en México, Greenpeace nunca se había enfrentado a una situación parecida. Su lectura es que “lo que Pemex está haciendo es implementar una estrategia de slapp, una vía legal con el objetivo de intimidar y censurar las críticas bajo la amenaza de los grandes costos que implicaría una defensa, mientras la parte acusadora llega a desistirse del caso, para obligar a frenar las críticas u oposición a algo, generalmente una táctica implementada por las grandes corporaciones. La corporación gana cuando, debido al miedo y altos costos, el crítico u opositor renuncia a luchar por una causa”. ¡Hasta mañana, con el Foro Pemex 2014 programado del 22 al 24 de este mes en Expo Banamex!
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