Tan ríspidas están las cosas en el Senado que los legisladores se sacudieron cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) les envió un breve documento con sus recomendaciones sobre la ley de telecomunicaciones. Agudo, certero, el texto de cinco páginas centra sus críticas en el artículo 131 –que alude a la tarifa cero en materia de interconexión–; incluso pide suprimirlo. En ello coinciden el especialista Jorge Fernando Negrete y la excomisionada de Cofetel Clara Luz Álvarez, quien asegura que la parte más incómoda del escrito de la OCDE fue su recomendación de incrementar de 10 a 15% las multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.
Jenaro Villamil
A petición del senador panista Javier Corral, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) envió el viernes 4 sus comentarios al Senado sobre la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones, lo que generó una molestia mayúscula en el gobierno, especialmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En cinco cuartillas, el documento enviado por Eugenia Garduño, directora de la OCDE para México y América Latina, propone la eliminación o modificación de varios artículos: el 131, relativo a las interconexiones asimétricas; el 67 y 170, respecto de la figura de la concesión única; el 198, en materia de asignaciones de funciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el 201 y el 210, para defender las facultades del IFT; además recomienda incrementar las multas de 10 a 15% tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.
Más contundente que los propios comisionados del IFT, la OCDE defiende la autonomía del organismo regulador y sentencia que “existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse”, al tiempo que la iniciativa del Ejecutivo federal “introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente”.
Las críticas y sugerencias de la OCDE se sumaron a una serie de documentos que llegaron a las comisiones dictaminadoras del Senado y califican la iniciativa de Peña Nieto como violatoria de derechos de libertad de expresión, persecutoria y censora en internet, elaborados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Sociedad de Internet capítulo México (Isoc, por su acrónimo en inglés).
La explicación técnica y las críticas de la OCDE provocaron molestia e incomodidad no sólo porque éste es el organismo cuyo informe de enero de 2012 inspiró la reforma constitucional de abril de 2013, sino porque el gobierno federal y los defensores de la iniciativa presidencial no habían considerado que una opinión tan dura provocara lo que no querían: llamar la atención sobre las deficiencias e impedir una aprobación fast track.
El especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, explica a Proceso que uno de los puntos fundamentales del documento de la OCDE es su crítica al artículo 131, que ordena una “tarifa cero” en materia de interconexión, la gran batalla entre Telmex-América Móvil y sus competidores.
“Este artículo 131 le quita su naturaleza al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le secuestra la posibilidad de regular las tarifas entre empresas telefónicas y le quita su naturaleza al propio IFT”, sentencia Negrete.
Las tarifas de interconexión constituyen “el alma del sistema de capitalización del sistema de telecomunicaciones” y un artículo de este tipo “llevará a la descapitalización del sector porque nadie va a reinvertir ni tampoco existirá cobertura donde no es negocio la telefonía, como las zonas rurales”, afirma el entrevistado.
Y abunda: La “tarifa cero” que ordena la ley implicaría una pérdida de ingresos de 11 mil millones de pesos para América Móvil, pero también “un fracaso regulatorio”.
En torno a este artículo, la OCDE asienta: “La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la regulación de interconexión. Por ejemplo, el texto no debería establecer ‘facturación y retención’ (‘compensación recíproca del tráfico’) o ‘tarifas de interconexión asimétricas’, como señala el artículo 131. Estas son decisiones que el IFT debería tomar, con base en los resultados de un análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de detalle, podría minar gravemente la capacidad del IFT para regular el sector, así como para adaptarse a un entorno que cambia con rapidez. Por tanto, recomendamos eliminar el citado artículo 131”.
A su vez, la especialista Clara Luz Álvarez considera que la parte más incómoda del documento de la OCDE es su recomendación de incrementar de 10 a 15% las multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, justo cuando los concesionarios de televisión, especialmente la CIRT, Televisa, TV Azteca y otras compañías radiofónicas habían pedido lo contrario en los foros organizados por el Senado.
La OCDE sostiene en su documento: “Las penalidades máximas son relativamente bajas (5% de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296-E, y 2.5% para la radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306-C). Recomendamos aumentar las multas a 10 o 15% y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu ‘convergente’ de la ley”.
La tibieza del IFT
En la defensa de las funciones del IFT, el documento de la OCDE fue mucho más claro que el propio organismo regulador. En su documento de 10 cuartillas, los siete comisionados del instituto evitaron pronunciarse sobre la presunta invasión de sus facultades por parte de la SCT, de la Secretaría de Gobernación o de la Profeco.
Más bien, sugirieron a los legisladores que los doten de “flexibilidad” para regular las concesiones de uso social, y “adecuar eficazmente el marco regulatorio a la realidad cambiante del mercado”.
En materia de regulación de contenidos y de publicidad, los comisionados sostienen: “En nuestra opinión las facultades del instituto de vigilancia, supervisión y sanción en estas materias, que podrían considerar facultades para ordenar la suspensión de transmisiones contrarias a la normatividad, no excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes”.
Ni siquiera se pronunciaron en contra de la prórroga hasta diciembre de 2017 del llamado “apagón analógico”. Sólo sugieren “prever mecanismos orientados a mantener la continuidad del servicio de televisión abierta para la población de zonas semiurbanas y rurales, así como en comunidades indígenas”.
–¿No cree usted que la OCDE dijo muchas cosas que el IFT debió decir en su opinión sobre la ley de Peña Nieto? –se le cuestiona a Clara Luz Álvarez, quien fue comisionada de la Cofetel.
–La opinión del IFT fue demasiado moderada. Debió haber sido mucho más contundente. Me hubiera gustado ver al IFT defendiendo su autonomía constitucional. Los del IFT reaccionaron como si fueran la Cofetel, que era un organismo desconcentrado y no autónomo. Por supuesto, la OCDE hizo mejor su trabajo para cuidar las funciones del IFT que ellos mismos.
Presiones contra la OCDE
Apenas se ventilaron en la prensa las opiniones críticas de la OCDE, desde la SCT hubo fuertes presiones para que el organismo “tutor” de la reforma en telecomunicaciones matizara o modificara su postura.
Cinco días después, el miércoles 9, la OCDE emitió un comunicado de prensa para aclarar que la opinión del viernes 4 era tan sólo “un documento de trabajo, con una circulación restringida”. Sin embargo, no se desdijo de las sugerencias.
También afirmó que, en aras de que la opinión pública tenga “un punto de vista integral”, daba a conocer todos aquellos elementos “que no fueron mencionados en nuestra nota original, pero que son fundamentales para poner en su correcta dimensión la trascendencia de las telecomunicaciones en México”.
Para el organismo dirigido por José Ángel Gurría, excanciller y exsecretario de Hacienda, la iniciativa tiene avances importantes en la estructura del IFT, en “la incorporación de un nuevo capítulo sobre los recursos de numeración, denominación y direccionamiento”, la “inclusión de ofertas mayoristas de referencia”, la “red compartida mayorista”, así como la determinación de “agentes económicos preponderantes”.
El jueves 10, el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la OCDE “aclaró” su posición. “Lo que había habido, pues, era la opinión al parecer de un asesor, pero no necesariamente de la organización como tal”, minimizó.
La postura de la CDHDF
De todos los documentos ventilados tras los foros en el Senado, el más claro y contundente fue el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que considera que la iniciativa de Peña Nieto “vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del IFT, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el internet, afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”.
La CDHDF advierte que la iniciativa “contiene artículos preocupantes, como el 197, fracción VII, que permite bloquear, inhibir o anular servicios de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a personas que transitan en el Distrito Federal”.
La comisión recuerda que este artículo, contenido en el capítulo más polémico de la ley denominado “Colaboración con la Justicia”, tiene disposiciones prohibidas por la Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La opinión de la CDHDF ha contrastado con el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no ha emitido ninguna posición con respecto a las constantes críticas a las violaciones contenidas en la iniciativa del Ejecutivo federal.
“Uno hubiera esperado de la CNDH un pronunciamiento de este tipo porque lo más grave de la iniciativa es la violación a las libertades”, comenta Clara Luz Álvarez a Proceso.
La posición de la CDHDF coincide con la adoptada por la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que organizó la primera marcha contra la iniciativa el pasado jueves 10, y con la de la Isoc capítulo México.
La Isoc envió un documento al Senado en el que considera como “ambigua” e “incierta” la definición que la misma iniciativa del Ejecutivo federal le da al servicio de internet, y critica todas las disposiciones relacionadas con la vigilancia a la red.
“La vigilancia de las comunicaciones debería ser considerada como un acto altamente intrusivo que interfiere los derechos a la privacidad y la libertad de opinión y de expresión, amenazando los cimientos de una sociedad democrática”, afirmó la Isoc, citando el documento Principios internacionales sobre aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones.
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