Proceso
La Presidencia de la República interpuso hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia legal en contra el Juez 32º de lo Civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía, por invalidar las facultades constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de la televisión abierta, conocidos como must carry y must offer.
En conferencia de prensa, el vocero gubernamental Eduardo Sánchez y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, argumentaron que el llamado must carry y must offer gratuito es un elemento esencial de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones recientemente aprobada, “porque genera competencia en el sector de la televisión de paga” y, aún más, para salvaguardar el derecho de toda persona a recibir las señales de televisión abierta por medio de la televisión de paga sin costo adicional”.
Es también, añadieron, una forma de proteger el derecho a la información plural y oportuna.
Además, recordaron que la Constitución establece que el IFT es quien debe resolver sobre la retransmisión de contenidos, es decir, sobre el must carry y must offer gratuito y no un juez local.
Por tal motivo, Sánchez y Castillejos reiteraron que el juez, al argumentar que el IFT carece de competencia en dicha materia argumentando la posible violación de derechos de autor, “invade a todas luces las facultades que a la Federación le otorga la Constitución”.
Recordaron que la SCJN ha establecido en varios precedentes, que el presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la Federación aún y cuando éstas estén conferidas a otro Poder Federal.
Por separado, Dish aseguró que el juez José Guadalupe Mejía es “comparsa” de Televisa.
En un comunicado, la empresa de Joaquín Vargas indicó que solicitará al Ifetel que continúe con la discusión, trámite y resolución de todo lo relacionado con la retransmisión de señales abiertas en sistemas de televisión restringida, dado que el Juez 32 es “claramente incompetente” para intervenir en estas materias.
La empresa reiteró que estas materias están reservadas por la Constitución al propio Ifetel y a los tribunales federales especializados.
El órgano regulador determinó, ayer, retirar del orden del día de su sesión del Pleno la resolución para emitir los lineamientos en materia de retransmisión de televisión abierta, conocida como must carry-must offer, en función de un oficio que le dirigió el Juez 32 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Para Dish “este oficio se suma a una serie de medidas y acuerdos que el Juez 32 ha dictado, una y otra vez, a solicitud de Grupo Televisa en el juicio que dicha empresa promovió contra Dish desde el año 2011”.
Recordó que las medidas cautelares dictadas por el Juez 32, en dos ocasiones han sido suspendidas y anuladas por jueces y tribunales de amparo.
Frente a esta conducta, dijo Dish, ha presentado recursos de queja administrativa ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, y formuló en el año 2013 querella penal contra el Juez 32.
El oficio del Juez 32 constituye un agravio directo e inédito a la Constitución y al régimen de autonomía que la Reforma Constitucional de junio de 2013 le otorgara al Ifetel, consideró.
Comentarios