El incremento de más 1,000% que experimentó el precio del hierro en los últimos 10 años, lejos de representar una buena noticia para Michoacán, que ocupa el primer lugar en su producción nacional, resultó ser el origen de una cruenta disputa por el control de su producción.
En su pico más alto, el hierro (llamado indistintamente fierro) alcanzó un precio internacional de 187 dólares por tonelada en diciembre de 2010, luego de haber iniciado una escalada que provocó que su valor pasara de 13 dólares en 2003 a 135 dólares actualmente, según datos de The Steel Index.
La guerra que destapó la alta valoración de esta materia prima para producir acero involucró a ejidatarios, grupos de las denominadas "autodefensas", organizaciones del crimen organizado como Los Caballeros Templarios, La Familia, el cártel Guadalajara Nueva Generación, Los Zetas, importantes siderúrgicas y hasta "empresarios" de origen chino.
"Se generó una ‘fiebre de hierro' donde varios aventureros llegaron a aprovechar los altos precios y, como en las historias del viejo oeste y el oro, esto también atrajo a forajidos", señaló una fuente cercana al sector quien pidió no ser identificada para proteger su integridad.
La explosión de los precios de las materias primas en general provocó que los ejidatarios en Michoacán exigieran mejores tratos para permitir la explotación de las minas que se encontraban en sus tierras, lo que detonó diversos conflictos entre 2007 y 2013.
"El conflicto en Michoacán es muy complejo. El resquebrajamiento del tejido social es tan grande que la gente se acostumbró a tener niveles de tolerancia a la delincuencia de alguna manera", señalaron por su parte fuentes de la secretaría de Gobernación que pidieron no ser identificadas.
"Las generalizaciones son peligrosas, pero casi toda la gente (en Michoacán) está involucrada con alguna actividad delictiva, desde el taxista que transporta el dinero a la mafia o el que lo lava. Está bien difícil diferenciar entre buenos de malos, porque durante largo tiempo el tejido social se ha visto resquebrajado y la gente ve cosas que no son buenas como situaciones normales", aseveraron.
Un ejemplo es el caso de la minera Las Encinas, propiedad de la siderúrgica italo-argentina Ternium, que involucra a 467 comuneros de San Miguel Aquila, uno de los municipios más pobres de ese estado, pero al mismo tiempo una de las zonas con mayor cantidad de yacimientos de fierro, oro, plata y cobre.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que agrupa a más de 40 organizaciones sociales en la región, el caso de Las Encinas inició en 1998 cuando los ejidatarios buscaron renegociar el pago de regalías.
Durante más de dos décadas, los comuneros recibieron cerca de 1,500 pesos mensuales por el uso de sus tierras, pero en 2011 y luego de haber mantenido un plantón de tres meses para impedir la extracción del metal, los ejidatarios llegaron a un nuevo acuerdo de compensación.
"En abril de 2011, los comuneros acordaron con Ternium que pagara 3.3 dólares por tonelada de hierro obtenida de la mina Las Encinas, lo que cumplió hasta marzo de 2012", según lo documentado por OCMAL.
Un año más tarde, la empresa pagaba cerca de 18,000 pesos mensuales a cada comunero, aunque según una averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la compensación podría haber alcanzado los 33,000 pesos al mes.
Estos pagos atrajeron el interés de grupos delictivos como Los Caballeros Templarios, quienes comenzaron a cobrar 2,000 pesos mensuales a los comuneros por una especie de "derecho de piso".
Este caso sería el inicio de la batalla por controlar una "jugosa mina", que si bien no era de oro, sí estaba dejando ganancias millonarias a los productores de hierro en Michoacán.
CNNExpansión buscó a personal de Ternium para conocer su versión al respecto, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Extorsionadores encuentran "mina de oro"
Con una superficie de más de 15% del territorio concesionado, en Michoacán, además de Ternium, empresas como Arcelor Mittal, Geologix Exploration, Mittal Steel, Endeavour Silver Corp y AHMSA tienen concesiones en la entidad, según datos del Servicio Geológico Mexicano.
Aunque las mineras son propietarias de las concesiones, amparadas por la Ley de derecho Minero, están obligadas a llegar a acuerdos con los ejidatarios para poder extraer mineral en las áreas en las que operan.
"La Familia y luego los Templarios comenzaron a estar detrás de los representantes ejidatarios que negociaban con las empresas. En un primer momento se logró pacificar la zona gracias a los nuevos acuerdos que se lograron para repartir las ganancias de las ventas", dijo la fuente de la industria.
El interés por el hierro se evidenció en un incremento en la producción, que se triplicó en la última década al pasar de 1.3 millones de toneladas en 2003 a casi 4.3 millones en octubre de 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La siguiente gráfica muestra la evolución de los precios del mineral de hierro que pasaron de cerca de 13 dólares en 2003 a un pico más de 180 dólares en 2011, para caer de nuevo a cerca de 150 dólares a finales de diciembre de 2013.
Ante la mayor explotación de la zona, así como los altos precios, grupos delictivos comenzaron a tomar un papel más predominante en las negociaciones entre ejidatarios y acereras para el pago de los montos compensatorios.
En este sentido, el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Alejandro Hope, aseguró que La Familia, liderada por Nazario Moreno González, alias ‘El Chayo', comenzó a tomar fuerza entre 2005 y 2006 en Michoacán.
"La Familia Michoacana surge en cierta manera como ahora las llamadas autodefensas, con la consigna de defender a los michoacanos de Los Zetas", dijo el especialista.
Entre 2007 y 2009, los cárteles consolidaron su presencia en Michoacán, al fungir como una especie de "representantes" de los ejidatarios.
"Es uno de los estados donde más sistematizada se ha vuelto la extorsión, donde llega a más sectores económicos", comentó Hope.
El descontrol en la entidad comenzó a crecer cuando Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez, alias ‘La Tuta', comenzaron a amenazar de muerte a los directores comerciales de las grandes compañías de la zona para obligarlos a pagar a tiempo sus facturas a los proveedores, además de cobrar un sobreprecio por estos servicios, actuando casi como firmas de factoraje.
"Los Templarios tomaron dos actividades principales del Estado: la administración legal de la violencia y el cobro de impuestos... eran más efectivos que el SAT", comentó la fuente.
El punto de quiebre se registró en abril del año pasado, cuando se encontró el cuerpo del director de desarrollo institucional de la acerera de origen indio Arcelor Mittal, Virgilio Camacho Cepeda.
El directivo había denunciado el tráfico de hierro a través del puerto de Lázaro Cárdenas hacia China por parte de Los Templarios, en un negocio valuado en cerca de 40 millones de dólares, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal este sábado.
Aunque la prensa local especuló que el asesinato del directivo fue obra de Los Templarios, a nueve meses de haber ocurrido, las autoridades aún no han detenido a los responsables.
El asesinato del directivo evidenció que los conflictos entre las empresas, los comuneros y la delincuencia comenzaban a escalar para salirse francamente de control, toda vez que a este caldo de cultivo se sumó la presencia de la "mafia china", que comenzó a participar en la exportación de productos, a través del Puerto de Lázaro Cárdenas.
Arcelor Mittal no respondió a las solicitudes de entrevista sobre el tema.
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