Operaciones con recursos ilícitos y defraudación fiscal, los cargos.
Silvia Otero / El Universal
La Procuraduría General de la República obtuvo y cumplió dos órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Tabasco Rafael Andrés Granier Melo, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal; será decisión de un juez federal si permanece en calidad de detenido en el hospital o es remitido a prisión.
Autoridades de la dependencia federal expusieron que los cargos imputados se relacionan con el mal manejo de más de 989 millones de pesos que recibió su gobierno en el periodo 2010-2012, por concepto de aportaciones federales para gastos de seguridad, educación, salud, programas sociales y de protección civil (ante contingencias por desastres naturales), que presuntamente fueron desviados y triangulados por funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Tabasco.
A partir de la averiguación UEIORPIFAM/AP/078/2013, que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ante la denuncia del gobierno de Tabasco por el presunto desvío de casi 2 mil millones de pesos del erario, la PGR halló elementos para presumir la responsabilidad penal del ex mandatario, por lo que en días pasados consignó el expediente.
En sus declaraciones ante el Ministerio Público federal, cuando se presentó de forma voluntaria a declarar el 12 de junio pasado, Granier negó haber tenido participación alguna en los delitos que se investigan; sin embargo, la PGR consideró que hay elementos indiciarios para determinar que pudo tener injerencia en el desvío de los fondos federales, mediante operaciones ilícitas que habrían operado funcionarios como su ex tesorero José Manuel Saíz Pineda.
Las fuentes consultadas detallaron que en este caso, la modalidad de delito que se le fincó a Granier por operaciones con recursos de procedencia ilícita es por la presunta triangulación de los fondos federales en su gestión, para ocultar el destino final del dinero —distinto al propósito con el que fueron entregados por la Secretaría de Hacienda a Tabasco—, que se depositaron en un centenar de cuentas bancarias y transferidos a una sola de Bancomer de la Secretaría de Finanzas tabasqueña.
Después de que la PGR consignó el expediente, el juez cuarto de Distrito de Tabasco concedió las dos órdenes de aprehensión en contra de Granier, por lo que al mediodía de ayer personal de la Policía Federal Ministerial se presentó en el Hospital Ángeles, al que ingresó con una afección cardiaca el 14 de junio pasado, para notificarle el cambio de su situación jurídica a indiciado, y cumplir las órdenes de aprehensión del juez.
La PGR informó que el juez federal, “de acuerdo a sus facultades, determinará el lugar donde Granier deberá ser puesto a disposición en los términos que señala la ley”.
El despacho de su abogado, Eduardo Luengo Creel, en un comunicado indicó que la defensa no conoce el contenido de estas órdenes, ni en que se basan y “está a la espera de una resolución por parte del juez cuarto de Distrito con sede en Villahermosa, para determinar qué procede en cuanto a la situación médica por la que atraviesa el químico Granier”.
En entrevista, el fin de semana, antes de que se diera a conocer las órdenes de aprehensión, Luengo indicó que presentaría como pruebas de descargo ante la PGR la relación de sus bienes y cuentas para demostrar la legalidad de su origen, ya que incluso antes de que fuera gobernador “gozaba de una solvencia económica sobrada”. (Con información de Alberto Morales y Roberto Barboza)
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