MÉXICO D.F. (apro).- En vísperas de que dé inicio el juicio en su contra, la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo promovió un amparo contra el auto de formal prisión que pesa en su contra desde el pasado 4 de marzo por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Con el argumento de que los cargos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR) “no tienen sustento”, la ‘maestra’ adujo que ha sido víctima de “múltiples violaciones” constitucionales a sus derechos.
De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, el recurso legal fue interpuesto este martes por la defensa legal de Gordillo Morales en el Palacio de Justicia Federal, y en las próximas horas se le asignará juzgado para determinar si procede la demanda de garantías.
A esa demanda de amparo se suman dos juicios más a favor de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, a quienes la PGR señaló como las personas que desviaron fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para compras y pagos personales de Gordillo, cuyos abogados informaron que el próximo miércoles 17 no acudirá a la primera audiencia de su juicio “por motivos de salud”.
El juicio contra la exlideresa del SNTE iniciará mañana miércoles y se tiene prevista la comparecencia de funcionarios de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya investigación se tradujo en la acción penal contra Gordillo Morales, presa en el reclusorio femenil de Tepepan desde el pasado 26 de febrero luego de ser detenida en el aeropuerto de Toluca, procedente de San Diego, California.
Según fuentes judiciales, el juez Alejandro Caballero Vertiz giró varios citatorios después de que la defensa legal de Elba Esther ingresara las primeras peticiones para que comparezca Alonso Irrastes Lira, para dar cauce a las diligencias en materia contable, con lo que la defensa, a cargo de Antonio del Toro Carazo, pretende probar la inocencia de su cliente.
Gordillo Morales encabezó el SNTE durante más de dos décadas, y está presa desde el pasado 26 de febrero, acusada de desviar fondos gremiales en beneficio propio.
Según la acusación, parte de ese dinero se utilizó para comprar bienes raíces en Estados Unidos, así como en tiendas departamentales.
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