Oportunidades electoreras
Amagos de cárcel
Nuevos aires judiciales
Julio Hernández López / Astillero
Ping pong: Los Pinos acumula evidencias de que durante el calderonismo se dio uso politiquero y delictivo a la Procuraduría General de la República (PGR, en el tramo de Marisela Morales) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP, con Genaro García Luna como el gran especialista en montajes), y deja correr la versión de que podrían darse aprehensiones relevantes, mientras el PAN endereza misiles videograbados contra el uso electoral, y también presuntamente delictivo, de los programas sociales del gobierno federal en 14 entidades, con la siempre enturbiada administración veracruzana como ejemplo ya denunciado en solicitud de acción penal contra más de medio centenar de funcionarios de diversos niveles.
Balacera política en las alturas, con Oportunidades y Rosario Robles acusados de operar una red de complicidades entre operadores del priísmo y servidores públicos del equipo de Javier Duarte, el gobernador formal, en el Veracruz al que ha llegado a retomar riendas Fidel Herrera Beltrán. Hay videos puestos por el Partido Acción Nacional y por ciudadanos ( http://bit.ly/Yw3Vlg y http://bit.ly/11eFM5W ) en los que se puede apreciar el mecanismo de conversión de los recursos públicos en votos partidistas. No ha sido ajeno a esos procedimientos el partido de blanco y azul, pues durante 12 años sus operadores realizaron semejantes condicionamientos del voto ciudadano, pero ahora usan las evidencias visuales y auditivas para lanzarse contra el partido de tres colores con el que aún sostienen gozoso pacto (por México) de colaboración.
Más allá de las motivaciones coyunturales de estos esfuerzos justicieros, quedan en grave evidencia la Secretaría de Desarrollo Social, como tal, y la titular, Rosario Robles. Con gran impudicia, esa secretaría y sus programas de ayuda a marginados han sido convertidos en instrumentos electorales del PRI, con ciertos funcionarios expresamente reclutados por sus habilidades en la adulteración de urnas, pero no por su sapiencia o experiencia en los temas colocados a su disposición. El botón veracruzano de muestra debería llevar al peñismo a una corrección de fondo, a menos que el carro completo fuera una política gubernamental expresa y confesa.
En otros temas (que son los mismos), ha de decirse que aun cuando técnicamente está facultada para presentar conclusiones de inculpabilidad, la PGR ha actuado con un sentido selectivo y politizado en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, quien quedó ayer en vías de expedita liberación gracias al virtual desistimiento practicado por un agente del Ministerio Público Federal 10 días atrás y que ayer ratificó el procurador Jesús Murillo Karam.
La maniobra de insólita exculpación coloca en entredicho la función del órgano acusador y coloca al Poder Judicial en una condición de inutilidad práctica, pues bastará con la abstención o desistimiento de la PGR para que los jueces –de por sí sometidos a las presiones de los nuevos dueños del avasallante aparato presidencialista– se queden sin sustancia para continuar con la tarea presuntamente impartidora de justicia. Tan individual gesto de la PGR, para con un militar que sufrió el desafecto de Felipe Calderón y ahora goza del afecto de Enrique Peña Nieto, contrasta escandalosamente con los miles de expedientes que podrían merecer semejante tratamiento exculpatorio pero, en cambio, deben continuar por largos pasillos del infierno procesal sin que agente ministerial o procurador afanoso se dignen presentar conclusiones de inculpabilidad.
Tan dañina para la salud pública resultó la locura cesarista blanquiazul de Felipe Calderón, quien enderezó las baterías institucionales contra sus adversarios políticos en maniobras que una a una se le cayeron incluso durante su administración y con más razón ahora, como ya lo está siendo la generosidad cesarista selectiva de tres colores que está usando sus instrumentos de presión para favorecer a sus allegados (el general Ángeles Dauahare había participado en un acto de campaña de EPN en San Luis Potosí antes de ser aprehendido) pero también (caras de la misma moneda) podrá usar más delante esos mecanismos pervertidos contra opositores y contrincantes.
La suerte judicial también ha cambiado para MVS, la empresa de telecomunicaciones que durante el calderonismo sufrió encono y maltrato. Entre otros agravios, esta firma fue notificada en agosto del año pasado de que no serían renovadas las concesiones relacionadas con la banda de 2.5 GHz porque habían estado subutilizadas conforme al criterio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que así cumplía instrucciones vengativas de Los Pinos, según lo que luego denunciaría Joaquín Vargas. La subutilización provenía de una trampa elemental: no las habían utilizado porque el gobierno federal había puesto mil trabas, en un bloqueo sistemático, agudizado en su último tramo por la postura periodística de Carmen Aristegui en su noticiero matutino y específicamente por la manera en que abordó el tema del presunto alcoholismo de quien entonces ocupaba Los Pinos, denunciado en la cámara de diputados por Gerardo Fernández Noroña.
Con el nuevo inquilinato de Los Pinos (y con Eduardo Sánchez como subsecretario de normatividad de medios de la Secretaría de Gobernación, abogado que antes lo fue de MVS), las cosas han cambiado (como le cambiaron al ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, a quien un juez absolvió), de tal manera que, en una decisión dividida, una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió (mediante el otorgamiento de cuatro recursos de amparo) echar abajo la disposición de la SCT de 2012 pero sin entrar al fondo del asunto sino dejando a la SCT de 2013 la responsabilidad de volver a resolver sobre el mismo caso. Tache a Calderón y manga ancha a Peña Nieto, en los nuevos aires judiciales mexicanos (inaugurados con el huracán Florence).
Y, mientras la propuesta obamista de reforma en materia de armas ha sufrido el primer revés derivado del efecto Boston, ¡hasta mañana!
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