GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de siete años de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco llegó hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde dicho asunto se litiga desde el 2008.
Ahí, ante directivos del organismo internacional y representantes del gobierno mexicano encabezados por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas de tortura sexual, narró la pesadilla que vivió aquel 4 de mayo de 2006 en San Mateo Atenco, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México:
Refirió que la madrugada de ese día, policías federales irrumpieron en la casa donde se encontraba, en San Mateo Atenco, después de protestar por la muerte de un menor de edad durante una manifestación celebrada la víspera.
Los policías, dijo, la detuvieron y le cubrieron el rostro con su propia ropa para no identificar a los agentes.
Luego, dijo, vinieron los golpes y posteriormente la subieron a un camión, donde se percató que había más personas detenidas.
Ahí mismo, dijo, fue abusada sexualmente.
Sin poder contener el llanto, la activista narró que los abusos continuaron luego en el penal de Santiaguito por parte de policías, médicos y ministerios públicos. Nunca la dejaron, indicó, denunciar a sus torturadores.
Prosiguió su relato:
”
La persona que era antes de 2006, ya no existe, ya no sirvo para hacer el trabajo que realizaba antes con personas vulnerables, ya no soporto escuchar hablar del dolor de otras personas, dejamos de tener nombre, Italia, Mariana, María… ahora somos las violadas de Atenco, el dolor sigue ahí”.
Bárbara hace una pausa y luego subraya que ella y sus compañeras decidieron acudir al organismo para buscar justicia y que la pesadilla que vivieron no vuelva a ocurrir.
Después de narrar su experiencia como víctima, Bárbara Italia leyó un texto que llevaba escrito, cuyo contenido sorprendió a los presentes.
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”.
Fue la respuesta al planteamiento previo que hizo el representante mexicano, Gómez Robledo en el sentido de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña por la presidencia admitió su responsabilidad de haber ordenado la operación policiaca en Atenco, pretendía recurrir a la solución amistosa por ser la medida “idónea para el reconocimiento y reparación de violaciones a derechos humanos” y que de 2006 a 2009 se consolidaron 21 soluciones amistosas que tuvieron “un efecto positivo”.
Aún más, Gómez Robledo pidió a los comisionados presentes en la sesión, entre ellos Tracy Robinson, que acompañe al Estado “en la búsqueda de la solución amistosa y de esta manera reparar a las víctimas de conformidad con los estándares de los derechos humanos y de conformidad con la ley de víctimas recientemente aprobada recientemente”.
Pese a que en la audiencia, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García , aceptó que las violaciones a derechos humanos a las 11 mujeres de Atenco, “ameritan una reparación integral y ofrecer una disculpa pública”, Bárbara Italia Méndez insistió en que el tiempo para reparar el daño dentro del Estado mexicano había pasado, y que ello fue el motivo por el que se recurrió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
“No nos busquen para buscar una reparación de daño”, advirtió Méndez al señalar que los únicos interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que las representaban.
La respuesta de Bárbara Italia desconcertó a los representantes del Estado mexicano, entre ellos el actual procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras, encargado de la dependencia que lleva el caso en el país, aseguró que de los 2 mil policías, entre federales y estatales que participaron en el operativo, fueron sujetos de investigación 29, pero sólo dos de ellos fueron procesados penalmente.
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