La reforma en materia de telecomunicaciones aprobada en la Cámara de Diputados pone al empresario Carlos Slim en un callejón sin salida, al impedirle acceder de hecho al must carry y must offer. Pero lo verdaderamente importante es que los cambios constitucionales permitirán que empresas extranjeras invadan el sector en su totalidad. Pocas voces en el Congreso protestaron. Una de ellas fue la de Ricardo Monreal, quien les preguntó a los legisladores que aprobaron los cambios: “¿Con quién negociaron?”
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Atrincherados durante siete horas en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD y PVEM negociaban –lo que les permitieron negociar los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia– algunos cambios a la reforma en materia de telecomunicaciones.
El PRI demandaba la reciprocidad en la apertura a la inversión extranjera en radiodifusión de hasta 49%. El PAN aceptaba sin tener claridad de lo que estaba haciendo –como más tarde en el pleno lo mostró su coordinador, Luis Alberto Villarreal García–, siempre y cuando se eliminara de la iniciativa la “opinión no vinculante del Ejecutivo Federal” en el otorgamiento de nuevas concesiones; a cambio imponía la opinión “técnica” del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Y en el fondo de la discusión: La intención del PRI de introducir de manera subrepticia cambios al must carry (la obligación de la televisión satelital de ofrecer gratis los canales de televisión abierta) y al must offer (obligación de la televisión abierta de ofrecer gratuitamente sus canales a concesionarios de televisión restringida).
Purificación Carpinteyro, diputada por el PRD que participó en las negociaciones y quien se consideró “parte intrínseca” de las mismas –así lo dijo desde la tribuna la madrugada del viernes 22– fue quien evidenció la mañana del miércoles 20 las intenciones del PRI de darle un nuevo sentido al must carry y must offer.
La denuncia frenó la discusión de un dictamen avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales por mayoría –sólo una abstención– que ya contaba con las firmas de 355 diputados.
El cambio afectaba en dos de sus apartados a la empresa de televisión satelital Dish, de la que Carlos Slim es socio comercial. Incluso a uno de estos se le llamó “párrafo Dish”.
Luego de siete horas la declaratoria explícita contra el hombre más rico del mundo se eliminó, pero los priistas dejaron –con la anuencia de PAN, PRD y PVEM– otro párrafo que terminará por poner en una encrucijada a Slim: Pagar por la retransmisión de los canales de la televisión abierta (cuatro de Televisa y tres de TV Azteca) o romper el acuerdo de facturación que tiene Dish con Telmex, eje de atracción para mantener y lograr nuevos suscriptores.
Si Dish no rompe su acuerdo y se pretende beneficiar de la regla de la gratuidad de la retransmisión, Slim tendría que ser sancionado y perder tanto la concesión de Dish como la de Telmex, según el nuevo apartado que el PRI finalmente introdujo sin que en esta ocasión Carpinteyro chistara.
La historia de los pocos pero importantes cambios que el Congreso logró imponer a la iniciativa de modificaciones constitucionales de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México se inició cuando el PRI decidió poner candados a la inversión extranjera en una industria que vale 3 mil millones de dólares, la de radiodifusión (televisión abierta y radio), pero dejó suelta la que vale diez veces más, la de telecomunicaciones y comunicación vía satélite y que según la Cofetel alcanza los 30 mil millones de dólares.
Por esta razón la madrugada del viernes 22 Ricardo Monreal, diputado de Movimiento Ciudadano, dijo que los cambios son “una reforma engañabobos, entreguista, que va a saquear al país”.
El PAN avaló sin saber
En su artículo quinto transitorio la iniciativa elaborada por el Pacto por México establecía la apertura del 100% a la inversión extranjera “en telecomunicaciones y comunicación vía satélite (televisión restringida, cable, telefonía móvil, fija e internet) y 49% en radiodifusión.
Este semanario adelantó (Proceso 1898) que el PRI negociaría con el PAN establecer el candado de reciprocidad en radiodifusión; esto es que si un país sólo permite invertir 20% en esta materia, entonces México aceptaría la participación extranjera en la misma proporción.
A las 11 de la mañana del jueves 21 los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM se encerraron a negociar siguiendo la línea de los integrantes el Consejo Rector del Pacto por México y del enviado de Peña Nieto, Aurelio Nuño.
El PAN aceptó la reciprocidad. La intercambió por su posición de eliminar la “opinión no vinculante” del Ejecutivo Federal en la entrega, ampliación o cancelación de concesiones por la de una opinión técnica del secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero ya en el pleno, el coordinador de los diputados panistas dio un resbalón que evidenció la falta de conocimiento sobre el valor de lo que estaba en juego respecto a la inversión extranjera.
Desde la tribuna, cuando Monreal argumentó el voto en contra de su partido se refirió a la inversión extranjera en telecomunicaciones y vía satélite: “¿Cómo permitir que el 100% de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones y vía satélite? En ningún país del mundo es así. Estados Unidos permite el 19% y Canadá el 10%”.
Y lanzó la pregunta: “¿A quién le quieren entregar el país? ¿Por qué el saqueo tan ramplón? Las telecomunicaciones son de interés nacional”.
Villarreal, siguiendo la línea de Juan Molinar Horcasitas y Santiago Creel (integrantes del Consejo Consultor del Pacto y que estuvieron presentes en San Lázaro durante la jornada ), acusó a Monreal de desvirtuar el documento.
“Lo que nosotros hemos puesto en el texto de la reforma dista mucho de lo que usted acaba de mencionar. Hemos puesto una cláusula de reciprocidad… en ningún caso se podrá invertir más de 49%”, defendió el panista, quien así mostró que desconocía lo que había firmado, lo que había intercambiado a lo largo de siete horas de encerrona.
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