Luis Hernández Navarro
Como el padre autoritario que justifica golpear a su hijo desobediente porque es para su bien, así el gobierno federal pretende disculpar la grave afectación de los derechos del magisterio que la reforma educativa hace en nombre del bienestar de los docentes y de la mejoría de la educación.
Lo que está en curso es una ofensiva autoritaria para cambiar de fondo el modelo de relación laboral del magisterio con el Estado y avanzar en la privatización de la enseñanza. La reforma administrativa y laboral disfrazada de educativa, el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y el cambio en las reglas de juego en la negociación de las condiciones generales de trabajo son parte del nuevo esquema de trato.
El pasado primero de marzo, Enrique Peña Nieto afirmó que son falaces los argumentos de que la reforma educativa se hizo al margen y en contra los maestros, porque se trata de un esfuerzo al lado de ellos. Sin embargo, la nueva norma establece un régimen laboral privativo que afecta derechos consagrados de los trabajadores de la educación y abre el camino a la privatización de la enseñanza. Se trata de un nueva legislación acordada desde arriba, sin tomar en cuenta la opinión de los profesores.
Apenas dos días antes, en cadena nacional, el mandatario explicó el arresto de Elba Esther Gordillo como una acción en defensa del patrimonio magisterial, cuando se trató de una acción punitiva para someter la tímida resistencia de la dirigente magisterial al establecimiento de nuevas reglas del juego entre ella y el gobierno. No hay en la sanción nada que apunte a erradicar la corrupción sindical ni a democratizar el SNTE.
Las declaraciones presidenciales son un indicador de que el Ejecutivo no las tiene todas consigo en la batalla por persuadir al magisterio nacional. A pesar de la vasta campaña publicitaria que ha echado a caminar para convencer sobre las bondades de la nueva norma y el apego a la ley en la encarcelación de Elba Esther, los profesores no le creen.
El nuevo esquema de relación laboral está contenido en la reforma constitucional aprobada y en una forma distinta de negociar salarios y condiciones de trabajo anunciado por Graco Ramírez. Hasta ahora, y desde la firma en 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, existía en los hechos una doble negociación. El SNTE acordaba en un primer momento con el gobierno federal sus demandas laborales y, luego, adicionalmente, las secciones pactaban con los gobiernos en los estados prestaciones adicionales.
Pero eso va a cambiar. Según el gobernador de Morelos, el presidente y los mandatarios de los estados acordaron realizar una sola negociación del pliego petitorio anual. “El próximo 5 de marzo –informó Graco– los mandatarios estatales se reunirán con los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda para definir el esquema de negociación nacional”. Formalmente, la inmensa mayoría de los trabajadores de educación básica del sistema público son empleados de los estados, no de la Federación. El nuevo esquema implica en los hechos una nueva centralización.
Los gobernadores dispondrán de un instrumento privilegiado para disciplinar a los líderes del SNTE en los estados, que es una Espada de Damocles sobre sus cabezas: los expedientes financieros que documentan sus inescruplosos manejos de las cuotas sindicales estatales, pero también de otros recursos provenientes de la administración de los seguros de vida y grupales de los agremiados.
En lo inmediato, este elemento disuasivo ha sido una herramienta central para frenar cualquier expresión de inconformidad de los dirigentes institucionales del gremio ante la reforma educativa. La instrucción precisa de Juan Díaz –el recientemente designado presidente del SNTE– a sus subordinados, es que la nueva norma transite. Se trata, dijo, de una modificación constitucional que avalamos. Como advirtió el clásico: copelas o cuello.
Las nuevas reglas del juego pueden conducir, desde la lógica del gobierno federal, a terminar el SNTE como un sindicato nacional. Raúl Cervantes, senador priísta, llamó a iniciar el proceso de fragmentación del sindicato. “Estoy convencido –dijo– que debe ser una descentralización total, eso haría que no hubiera dobles sindicatos, los estatales y el federal”.
Y, aunque por el momento el Ejecutivo reconoce a Juan Díaz como su interlocutor, algunos funcionarios con poder acarician la idea de impulsar como una carta de relevo a Carlos Jonguitud Carrillo, hijo del cacique del SNTE entre 1972 y 1989, y dirigente del fantasmal Sindicato de Trabajadores de la Educación (STE), que afirma tener 290 mil afiliados que casi nadie conoce.
Promotor de una cruzada para sustituir a Elba Esther Gordillo, que según él cuenta con un fondo económico constituido con el apoyo de algunos gobernadores de los distintos partidos políticos, Jonguitud Carrillo anuncia que hay que reconfigurar las estructuras sindicales, hay que llamar a todas las partes y unificar los criterios para ir en pro de esta reforma laboral que tanto beneficio le va a dar al país.
Interrogado sobre las reuniones que ha tenido para tratar el asunto, el hijo del Padrino afirmó: Si he tenido reuniones no se deben ventilar, porque entonces rompo cualquier acuerdo que yo pudiera tener, en caso de que lo tenga. Debo ser muy cuidadoso en ese tema
Lo que se está configurando en el sector educativo –como en todo el resto del país– es una restauración autoritaria del priísmo. En nombre de la calidad de la enseñanza y la defensa del patrimonio sindical, desde el poder se quieren eliminar conquistas laborales del magisterio, desmantelar el sindicato nacional y recuperar a los docentes al redil de la política tricolor. Sin embargo, a pesar de que hayan disciplinado a los dirigentes institucionales, miles de maestros de oponen a ello. Este martes, muchos de ellos lo dirán en las calles.
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