JUAN CARLOS CRUZ Y PATRICIA DÁVILA
MEXICO, D.F. (apro).- El juez sexto de distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, decretó el auto de formal prisión en contra Elba Esther Gordillo Morales por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A las 22:15 de este lunes 4, el juez también dictó formal prisión para Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, el resto de los coacusados, junto con la profesora Gordillo.
Un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señala que el juez Caballero Vértiz encontró que los elementos valorados son suficientes para acreditar la existencia de una organización delictiva a la que pertenecen Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y Elba Esther Gordillo Morales.
Los imputados, en el periodo comprendido de 2009 a 2012, presuntamente transfirieron dinero de diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cuentas propias.
Una vez realizados los depósitos respectivos, los inculpados procedían nuevamente a transferir el numerario a otras personas para que al final llegaran a cuentas de Elba Esther Gordillo.
De tal manera que de esas conductas, unidas entre sí, se evidencia que los activos del delito obtenían dicho numerario a través de depósitos y transferencias, con conocimiento de su ilicitud, pretendiendo con ello ocultar su origen.
De acuerdo con el comunicado, el delito de delincuencia organizada está previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, en relación con el diverso 4, fracción II, inciso a, respecto de la profesora Gordillo Morales, mientras que los ilícitos restantes se enmarcan en el inciso b del mismo ordenamiento legal.
En tanto, las operaciones con recursos de procedencia ilícita se acreditan en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Entrevistado al abandonar el reclusorio Preventivo Oriente, después de conocer la resolución del juez, el abogado de la exdirigente del SNTE, Arturo Guzmán Rangel, indicó que valorarán el dictamen para presentar el recurso de apelación en un plazo no mayor a tres días.
Además, el litigante indicó que aún no se determina a cuántos años ascenderá la condena que se le puede acreditar a la maestra, ya que ello se valorará en el plazo de un año.
“Nosotros no compartimos la resolución de juez. Nosotros creemos que las pruebas que aportábamos eran suficientes y contundentes (para decretar su libertad), y ahora haremos valer el recurso conveniente para los intereses de la defensa”, indicó Guzmán Rangel.
Por su parte, la hija de Gordillo, la senadora Mónica Arreola, quien llegó al reclusorio antes de las 21:00 para escuchar el veredicto de juez, abandonó el penal sin dar declaraciones, una vez que se le dictó auto de formal prisión a la también fundadora del Partido Nueva Alianza (Panal).
Por la mañana, el abogado Felipe Borrego, otro de los defensores de Gordillo, presentó al juez Alejandro Caballero los alegatos en que la defensa fundaba sus criterios para que se dejara en libertad a la expresidenta vitalicia del SNTE, actualmente presa en el penal de Tepepan.
De acuerdo con el litigante, las acusaciones en contra de Gordillo Morales, por delincuencia organizada y utilización de dinero de procedencia ilícita, carecen de fundamento, aparta de que fueron insuficientes las pruebas presentadas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UFIC-SHCP).
Pese a que el término para resolver la situación jurídica de Gordillo vencía a las 22:50 de este día, cinco minutos después la de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, y hasta el martes 5 la de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, el juez determinó dictar de manera conjunta su resolución de formal prisión.
La maestra fue detenida el martes 26 de febrero en el aeropuerto de Toluca, a su llegada de San Diego, California; más tarde fueron capturados dos de sus supuestos cómplices, Gallardo Chávez y Díaz Flores, mientras que Ugarte Ramírez fue aprehendida un día después en su casa.
El abogado Borrego señaló que con el fin de salvaguardar el estado de salud de Gordillo, la maestra aguardará la resolución del juez en el penal de Tepepan, por lo que será el juez Caballero Vértiz quien envíe un actuario a notificarle el fallo.
Lo propio ocurrirá con Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, quien será notificada en el Hospital Militar, en donde se encuentra recibiendo atención médica desde el día de su detención.
Y es que, según el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el domingo pasado “Gordillo tuvo un problema de salud que implicó el uso de apoyos para la movilidad y de tener mucho mayor auxilio para poder moverse. Su salud está teniendo altibajos, aunque los médicos la reportan estable”.
Desde que en un principio fue internada en el penal de Santa Martha Acatitla, Gordillo Morales era trasladada de este lugar para realizar las diligencias en el reclusorio Oriente, sede del juzgado que lleva su causa, a bordo de una ambulancia y acompañada de un médico, dos enfermeras y dos custodias, ya que la profesora había presentado problemas de presión.
Por la mañana de este día, El Universal publicó que la PGR entregó pruebas de que esta red, conformada por los cuatro detenidos, es culpable de los delitos que se les imputan, tal como lo establece el artículo 400 Bis del Código Penal Federal:
“Incurre en lavado de dinero quien administre, custodie, cambie, deposite, transporte, transfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, que en este caso fue el desvío del dinero perteneciente a los maestros del SNTE”.
Se precisa que los cuatro detenidos realizaron operaciones para ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
Por otro lado, la autoridad acusadora hizo todo lo posible por obstaculizar el desarrollo de las diligencias: ayer, por segunda ocasión consecutiva, el titular de la UFI, Alberto Bazbaz, no se presentó a la comparecencia fijada por el juez.
Tampoco lo hicieron los representantes legales de Gremio Inmobiliario El Previsor y de TTS de México –cuya accionista es la difunta madre de Gordillo Morales–, firmas que son mencionadas dentro de la red de empresas beneficiadas con parte de los depósitos por 2 mil 600 millones de pesos que, de acuerdo con la PGR, desvió la maestra Gordillo.
Mientras tanto, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda continúan investigando a otras dos personas por el desvío de dinero que sufrió el SNTE, de acuerdo con la declaración del 26 de febrero de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR.
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