Jorge Carrasco Araizaga / Proceso
Las acusaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto contra Elba Esther Gordillo podrían alcanzar hasta 16 años de prisión si la Procuraduría General de la República (PGR) acredita en su contra los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, dio a conocer que Gordillo Morales fue acusada por los presuntos delitos de delincuencia organizada en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, prevista en el artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada y en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (CPF).
El artículo 400 bis del CPF prevé una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien maneje recursos dentro o fuera del territorio con el conocimiento de que son de origen ilícito.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez informó que la acusación también está relacionada con el artículo 4 de esa Ley, fracción II, inciso a, relativo a la responsabilidad de quienes tienen funciones de administración, dirección o supervisión respecto a las actividades de delincuencia organizada.
Esa disposición considera una pena de ocho a 16 años de prisión y de 500 a 25 mil días de multa.
Según la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, la maestra malversó dos mil 600 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), utilizando cuentas en el extranjero.
En caso de ser sentenciada, Gordillo, de 68 años, podría beneficiarse del artículo 55 del propio CPF que establece el beneficio de prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años, siempre y cuando el juez obtenga un peritaje que la persona no es de alta peligrosidad.
Las mismas acusaciones pesan contra Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, señalados como intermediarios de desviar los recursos del SNTE.
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