Luciano Campos Garza / Apro
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) Margarita Martínez Garza, acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de entrometerse en la investigación que el organismo que ella representa ha seguido en el caso de la tragedia del casino Royale, donde fueron asesinadas 52 personas el 25 de agosto del 2011.
Mediante un boletín difundido hoy, la ombudsman estatal desacreditó la acusación que le hizo el miércoles el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villarreal, quien la acusó de obstruir la investigación que él llevaba para conocer las fallas de los tres niveles de gobierno en el homicidio múltiple del establecimiento de apuestas, ubicado en la colonia San Jerónimo, al poniente de Monterrey.
No hay fundamento jurídico para que la Legislatura nuevoleonesa la cite, dijo la presidenta de la comisión estatal.
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos está impedida jurídicamente para colaborar con la CNDH con el objeto de promover ante el Congreso del estado un procedimiento de responsabilidad en contra la primera visitadora general del organismo local, con motivo de que el órgano competente para conocer de la actuación de la funcionaria no es la Legislatura del estado, sino el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal”, explicó.
“Sin embargo, como fue anunciado, se someterá a consideración del Consejo la actuación de la primera visitadora general, para que se tomen las medidas que conforme a la ley y la Constitución correspondan”, agregó.
Aunque no se le menciona en el texto por su nombre, en la página de la comisión estatal, aparece como primera visitadora Catalina Teresa Rivera Díaz.
Asimismo, Villarreal señaló que la CNDH no tiene competencia legal para emitir recomendaciones dirigidas a los organismos públicos estatales de derechos humanos.
Aclaró en el comunicado de hoy: “La única vía por la que la CNDH puede conocer de los actos y omisiones de los organismos públicos estatales de derechos humanos es por medio de las ‘inconformidades’ previstas en la Constitución, las cuales sólo pueden promover las víctimas interesadas, con motivo de algún agravio.”
Martínez Garza dijo que la inconformidad de Plascencia Villarreal se basó únicamente en un conflicto de competencias generado por una laguna constitucional.
“La alegada facultad de atracción de la CNDH y la alegada facultad exclusiva de la CNDH para conocer de hechos violatorios a los derechos humanos cuando hay concurrencia de autoridades federales y locales, no tienen referente constitucional, es decir, no están previstas en la Constitución”, expuso.
La defensora nuevoleonesa le comunicó a su similar nacional que de manera oficiosa, sin que pesen en ello la recomendación emitida, ni la amenaza de involucrar en la disputa al Congreso local, analizará el desempeño de la primera visitadora de la CEDH en el caso del multihomidicio.
También diseñará un programa de capacitación entre su personal en materia de facultades y competencias de organismos públicos de derechos humanos.
Finalmente, Martínez Garza aseguró que, a diferencia de la afirmación de la Plascencia, ya fue elaborada la recomendación de la CEDH a servidores públicos de la entidad por su actuación en la investigación de la tragedia.
Precisó: “El organismo estatal inició una investigación de oficio, y a la cual ya se dictó la recomendación respectiva, estando en procedimiento en este momento, en el período de notificación de la recomendación. No hay omisión alguna ni retraso por parte del organismo estatal. La recomendación está sólidamente documentada y exhaustivamente fundada. La prioridad siempre han sido las víctimas y sus familiares.”
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