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Jesusa Cervantes
“Sería negligencia y encubrimiento si las autoridades teniendo esta información no actúan y se volverían cómplices de un delito”.
Esa fue la declaración que el 22 de julio de 2012 dio el entonces diputado del PT, Mario Di Costanzo, al referirse al caso Monex; hoy por ironías de la política, ambiciones o perversidad de los priistas, será justamente Di Costanzo quien defenderá a Enrique Peña Nieto ante diputados federales de la Comisión Monex.
Él deberá argumentar –el 16 o el 17 de enero– que no se utilizaron las instituciones bancarias –en detrimento de los usuarios–, como instrumento de un grupo de priistas para lavar dinero y financiar la campaña del “buen pelao que se peina de lao”, como le dicen ahora los inquilinos de la sierra del llamado Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Coahuila), a Enrique Peña Nieto.
El pasado 7 de enero, Di Costanzo, quien en diversas entrevistas radiofónicas detalló cómo se dio la triangulación para financiar la campaña de Peña Nieto, se pasó del otro lado: fue nombrado director de la Condusef, la misma instancia que perredistas, petistas e integrantes de Movimiento Ciudadano encontraron como rendija para que se aceptara en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso Monex y cualquier tipo de financiamiento ilegal que se hubiere presentado en la campaña presidencial pasada.
La declaración de Di Costanzo lo obliga, por ética política, profesional y dignidad, investigar, de lo contrario caería en lo que él dijo, “negligencia y encubrimiento”.
El 22 de julio pasado, la radio PCA PodCast AGE de Los Ángeles, California, entrevistó a Di Costanzo, el hoy director de la Condusef. Entonces afirmó que del análisis de la información que la oposición estaba haciendo en contra de la campaña de Peña Nieto, “apunta a una serie de triangulaciones con empresas fantasmas que buscaron colocar dinero, no proveniente de prerrogativas del IFE, es decir, que pudo venir (el dinero) de las finanzas del Estado de México u otra actividad. Esa triangulación les permitió financiar la campaña de Enrique Peña Nieto”.
Y más: “En pocas palabras, lo que hacen estos documentos (facturas, depósitos de una empresa a otra de las utilizadas por el PRI), es mostrar cómo para llevar a cabo esta compleja operación se crearon, hasta el momento, seis empresas, entre ellas Inizzio y EFRA. Vemos muchas irregularidades, son empresas que tienen el mismo giro, mismo dueño, es una empresa espejo de la otra y mientras una depositaba el dinero en Monex, la otra lo sacaba a través de tarjetas de prepagadas. La ingeniería financiera de esta operación es muy parecida y con estructura similar con las operaciones de lavado de dinero”.
Di Costanzo ofreció muchos más detalles de cómo, hasta ese 22 de julio, habían llegado a la campaña peñista 160 millones de pesos; pero aquí lo importante es que el próximo miércoles o jueves, deberá estar en la Cámara de Diputados ante los legisladores que integran la comisión de investigación del caso Monex y como autoridad tendrá que sostener sus dichos pasados, retractarse para defender a su nuevo jefe, Enrique Peña Nieto, o sostener mediante argucias legales que no es mediante la Condusef que se deban realizar las investigaciones.
Mientras Di Costanzo sude ante legisladores, los verdaderos operadores y quienes habrían participado e ideado parte de la operación para financiar la campaña presidencial y gracias a los cuales Peña Nieto despacha hoy en Palacio Nacional, estarán muy tranquilos, riendo y poniendo a prueba las habilidades del nuevo funcionario para no responder nada. Cómo cuando él reclamaba a los titulares de Hacienda en sus comparecencias que no respondieran a los reclamos y preguntas que él les hacía como oposición.
José Luis Lozada Neyra, dueño de las más de 20 empresas que presuntamente se usaron para triangular el dinero de la campaña presidencial; Gabino Fraga, de Grupo GAP y EFRA; José Antonio González Fernández, Alfredo Carrillo Chontowky, Gisel Morán, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Vega, Armando Hinojosa Cantú –dueño de Grupo Higa–, Alfredo del Mazo; banca Monex, Santander, y HSBC, que presuntamente habrían participado en todo este entramado financiero y del cual Proceso dio cuenta en varios de sus números, estarán todos tranquilos.
Mario Di Costanzo pidió a la propia Comisión que le diera tiempo antes de comparecer ante los diputados, así, su presencia se había planeado para el 23 de enero, sin embargo los priistas hoy pretenden que sea el 16, cuando mucho el 17 de enero el día en que se presente. Un día después lo hará Alfredo Cristalinas, encargado de las indagaciones en el IFE, quien, por cierto, llamó a declarar a José Luis Lozada Neyra para que diera una explicación de la participación de sus empresas… No hay que olvidar que el mismo Lozada, ante una reunión con sus empleados, se mofó de lo que en ese julio y agosto se estaba denunciando en los medios de comunicación y con pruebas, dijo que mientras Peña Nieto estuviera de su lado, nada le pasaría ni a él ni a sus empleados; y que su presencia en el IFE sería mero trámite. Lo cierto es que Cristalinas nunca ha querido informar qué fue lo que habló con este personaje, uno de los claves para desenmarañar la triangulación.
Por lo pronto, Di Costanzo será el primero en sudar ante sus excompañeros… todo para defender a Enrique Peña Nieto.
Bueno, de lo otro, del posible dinero ilícito que llegó del narcotráfico a la campaña de Peña Nieto, pues será difícil que los diputados lo puedan comprobar o siquiera… mencionar. El tiempo y nombramientos clave en la administración es lo que pudiera dar pistas para indagar.
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