La meta del millón de autos
Santiago Levy y el IVA
Enrique Galván Ochoa / Dinero
Finalmente alguien se atrevió a decir públicamente lo que muchos mexicanos piensan: deben ir a la cárcel los políticos y funcionarios que llevaron a la quiebra a estados y municipios. Habló fuerte el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada, en el Foro México 2013, a cuya apertura asistió un día antes el presidente Peña Nieto. Sin embargo, su administración pareciera que sigue el camino opuesto: está implementando un rescate sin culpables, una especie de Fobaproa II. Algunos gobernadores y alcaldes retuvieron el impuesto sobre la renta a los burócratas y no lo entregaron, y no serán castigados. Con todo, la propuesta de Foncerrada no está completa si no abarca también al propio sector empresarial. No se ha escuchado que el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex o cualquiera de los demás organismos cúpula pida cárcel para los directores, gerentes o dueños de compañías que están en el centro de situaciones muy complejas, por decirlo con suavidad. Han guardado silencio en el caso Wal-Mart. Por otro lado, no hay que olvidar que la quiebra de gobiernos estatales y municipales está relacionada con financiamientos que recibieron de la banca privada y habría que examinar caso por caso: ¿en qué condiciones se pactaron? Jalisco y Cuernavaca, por ejemplo. Si se trata de aplicar la ley, que sea parejo. ¿O no?
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