Santiago Igartúa / Apro
El movimiento #YoSoy132 denunció que en el caso de las 69 personas que se encuentran detenidas por los disturbios del primer día de diciembre, las autoridades policiacas del Distrito Federal han incurrido en diversas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.
Para la oerganización estudiantil, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) abrió cinco averiguaciones previas, imputando a todos el delito grave de ataques a la paz pública con agravante de pandilla, “a pesar de que la propia Comisión de Derechos Humanos local ha documentado por lo menos 22 casos de detención arbitraria”.
“Estas (violaciones) comenzaron con la violencia empleada para detener a los manifestantes y a distintas personas de forma arbitraria”, dijo en conferencia de prensa Ana Laura, quien acusó que dichas arbitrariedades se extendieron al cerco “ilegal” que la Procuraduría dispuso para impedir el acceso de familiares, abogados y miembros del Cojudh-132 a la Agencia 50 del Ministerio Público (MP), durante la noche del domingo, “evitando así poder constatar en qué estado se encontraban nuestros compañeros”.
“Esto es claramente violatorio de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción IX. Posteriormente, los detenidos fueron consignados durante la madrugada, sin haberse desahogado las pruebas existentes, dándose una nueva violación al debido proceso y al derecho humano a la presunción de inocencia”, reclamó la estudiante.
Pacífico desde sus principios fundamentales, el movimiento rechazó haber sido parte de “cualquier acto de violencia”; y aseguró que sus integrantes que se encuentran detenidos fueron privados de su libertad arbitrariamente. A ellos, como al resto de los consignados, declararon su apoyo “incondicional”: “Todos son nuestros presos”, dijeron.
Acompañados por representantes del grupo autodenominado Liga de abogados 1 de diciembre, conformado por 30 litigantes que hicieron suya esa causa, los estudiantes también denunciaron que el día de ayer, mientras sus compañeros detenidos se encontraban en audiencia, las autoridades volvieron a hostigarlos y a violar sus derechos.
“De nueva cuenta se formó un cerco policíaco en la entrada de los juzgados del reclusorio Norte, que llegó a impedir el acceso de algunas personas que fungirían como testigos y puso en peligro la labor de defensa de varios de los abogados solidarios. De nueva cuenta, nos encontramos con que la autoridad incumple con la ley, esta vez impidiendo se actuase conforme a lo establecido en el artículo 59 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en donde se nos dice que toda audiencia será pública”, dijo González.
En cuanto a medios de comunicación, #YoSoy132 denunció al periódico Excelsior y a un medio local de Oaxaca por haber violado los derechos humanos de sus compañeros:
“La criminalización en los medios de comunicación de todos los detenidos ha sido constante, calificándolos de ‘vándalos’ y violando nuevamente el derecho humano a la presunción de inocencia. Esto ha sido particularmente grave en los casos de los compañeros Stylianos García Vackimes, Mario Flores Guerrero, Ángel Boydan Florezco, Miguel Ángel Zepeda Patlani y Judith Gómez Contreras, a quienes la Procuraduría ha señalado como ‘líderes de la revuelta’. Esto no hace más que demostrar su ignorancia de la forma en la que el movimiento está organizado y la falta de profesionalismo a la hora de investigar.
“Aunado a esto, se facilitó esta desinformación a distintos medios como Excelsior y NSSOxaca, destruyendo así la presunción de inocencia y promoviendo entre la sociedad la idea de que nuestros compañeros son culpables, celebrando de esta forma un juicio mediático ilegal e injusto”, lamentó Ana Laura Dino.
Por su parte, Juan de Dios Hernández, abogado defensor de los detenidos, dio a conocer que en el caso de todos los consignados, las autoridades actuaron con nada más que los dichos de los policías aprehensores. “No tienen ni una sola prueba de cargo. Apenas el dicho de los granaderos. Y de ellos hay pruebas de que nunca hubo una actitud disuasiva de las fuerzas represivas. Sirvieron como mensajeros del dolor y del sufrimiento”, dijo el abogado, quien recordó que el plazo para resolver la situación jurídica de los 69 detenidos vence el próximo domingo a las 18 horas, y concluyó:
“Esto es un caso evidentemente político. No jurídico. El domingo la juez tendrá que resolver en uno de dos sentidos: o dicta un auto de libertad por falta de méritos, o dicta un auto de formal prisión y convalida esta violación del estado de derecho en México”.
Comentarios