Jorge Carrasco / Proceso
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no saben cómo proceder luego de la intervención del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, requerida por la revista Proceso, en el caso de las boletas de la elección presidencial del 2006.
Ante su falta de claridad por los efectos de la solicitud de la ONU al Estado mexicano para que se suspenda temporalmente la destrucción de esa papelería, los magistrados electorales optaron por posponer su decisión.
En una sesión de casi cuatro horas, la Sala Superior del TEPJF decidió, por seis votos contra seis, aplazar el juicio interpuesto que pide la suspensión del acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE), que había programado para la segunda quincena de noviembre pasado la desaparición de toda evidencia oficial de la elección presidencial de hace seis años.
El único voto a favor fue el del ministro Manuel González Oropeza, quien como responsable del juicio proponía desechar el caso por considerar que se había quedado sin materia.
Argumentó que tras la petición de medidas cautelares del Comité de Derechos Humanos de la ONU a favor del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, el IFE había emitido un nuevo acuerdo para suspender, por el momento, la desaparición de los paquetes electorales.
La propuesta fue rechazada por los demás magistrados electorales, quienes consideraron que el acuerdo original del IFE, del 3 de octubre pasado, puede volver a tener efectos si es que el Comité de Derechos Humanos rechaza la demanda presentada por Rodríguez Castañeda, en contra del Estado mexicano.
El sobreseimiento dejaría sin recurso legal de defensa a los partidos que quisieran impugnar el propio acuerdo, dijo la mayoría.
Rodríguez Castañeda interpuso la demanda ante la ONU el 25 de octubre pasado, por considerar que el acuerdo del IFE para destruir las evidencias de lo que fue la elección del 2006 anula su derecho a la libertad de información y soslaya la falta de mecanismos en México para una defensa adecuada en materia electoral por parte de los ciudadanos.
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