La impunidad de Walmart

Raymundo Riva Palacio

Incansables, los ejecutivos de Walmart México decían en abril que las acusaciones publicadas en The New York Times sobre prácticas corruptas como procedimiento para conseguir permisos para abrir tiendas como margaritas, estaban sujetas a investigación. La subsidiaria mexicana no tenía nada más qué decir, porque según ellos, colaboraban plenamente con las autoridades. Este lunes, sin embargo, el mismo Times los pintó no sólo como mentirosos, sino como unos “corruptores agresivos y audaces”. No fue un caso aislado donde fueron víctimas de voraces funcionarios públicos, sino arquitectos de una red de corrupción que les permitió 19 las tiendas. Cuando el periódico publicó en abril que habían repartido 24 millones de dólares en México, Walmart escogió una estrategia de silencio hasta que las cosas se evaporaran. Pomposos y presuntuosos, los ejecutivos de Walmart, se escondían tras las faldas de su casa matriz en Arkansas.

“¿Le sorprende a alguien que Walmart corrompa al gobierno mexicano?”, se preguntó este jueves la versión online de la respetada revista The Atlantic. “La corrupción (léase dinero en efectivo) es claramente la divisa que los ejecutivos de extranjeros de la compañía están usando para penetrar en nuevos mercados. En México, específicamente, parece que los funcionarios locales tienen muchas dificultades para decirles no. Si usted gana 47 dólares como alcalde y Walmart le ofrece tres años de salario por sólo firmar un permiso ilegal, también tendría problemas para decirles que no”.

Pero en México, sobretodo. Particularmente porque después de la primera investigación del Times en abril, lejos de que hubiera sanciones o extrañamientos siquiera, el gobierno de Felipe Calderón exoneró a la compañía. Después de las presiones en la prensa, la Secretaría de la Función Pública revisó el asunto y tras varios meses, “encontró que no había prueba de que Walmart pagara algún tipo de soborno a funcionarios mexicanos”. Como remate, aseguró que “no había rastros de corrupción” en permisos y licencias.

La investigación del Times neoyorquino es una bofetada a la Secretaría de la Función Pública y una llamada a la indignación. El periódico documenta 114 mil dólares que le pagaron a un ex alcalde perredista de Teotihuacán para facilitar la construcción de una tienda en las zonas arqueológicas protegidas. Revela, en ese caso, cómo en un acto de audacia, pagó 52 mil dólares para que el mapa de zonificación de la zona fuera cambiado por otro que les beneficiaba en la víspera de que se publicara en la Gaceta Oficial del estado de México. Descubre donaciones y pagos a funcionarios del gobierno de Arturo Montiel y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el de Vicente Fox. La corrupción, que no encontró la Función Pública, es abrumadora.

Walmart difundió desde el lunes en Arkansas una respuesta a la investigación del Times, donde reitera que forman parte de sus propias investigaciones internas que hacen desde hace un año. En efecto, desde diciembre pasado, cuando la multinacional fue informada de las prácticas de sus ejecutivos, iniciaron su propia pesquisa y tomaron acciones correctivas para mejorar sus procedimientos. Pero eso fue en Arkansas, no en la ciudad de México, donde Walmart mantiene la política de avestruz: esconder la cabeza pensando que nadie ve el cuerpo.

Es inadmisible la actitud de Walmart y del gobierno federal. Con la llegada de una nueva administración, es de esperarse que se inicie una nueva investigación dentro de la nueva Fiscalía Anticorrupción para aclarar el grado de prácticas corruptas en las que incurrió la multinacional y se sancione a los responsables. Con un mexiquense en la Presidencia, el gobierno tiene, además, el deber político y moral para ir hasta el fondo de lo que sucedió, al haber varios funcionarios mexiquenses en épocas donde Enrique Peña Nieto era parte de la misma administración. Es un buen asunto para iniciar las tareas contra la corrupción, que demuestre que en efecto la justicia es ciega, pero no en los términos literales como la vieron los gobiernos de Fox y Calderón, sino para aplicar la ley sin importar quién sea el responsable.