Les imputan lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico
Dpa, Afp y Notimex
Managua, 19 de diciembre. Un juez de Nicaragua declaró hoy culpables de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de drogas a 18 mexicanos detenidos en agosto pasado con 9.2 millones de dólares, quienes se identificaron como periodistas y técnicos de la empresa Televisa.
El magistrado concluyó que hay indicios fuertes y probados de las actividades ilícitas de los mexicanos, lo que podría llevarlos a enfrentar una pena de 30 años de prisión.
La sentencia fue dictada esta noche (hora local) por el juez Edgard Altamirano, al concluir un sonado proceso que duró nueve días y se realizó con un permanente dispositivo de seguridad policial en los tribunales capitalinos.
El juzgador deberá informar próximamente la condena que recibirá cada uno de los procesados, que desde el 20 de agosto permanecen retenidos en las oficinas de Auxilio Judicial de la Policía, pero serán llevados a cárceles del sistema penitenciario. El propio Altamirano anunció que dictará sentencia el próximo 18 de enero.
Los 18 mexicanos fueron detenidos en el puesto fronterizo de Las Manos, al ingresar a Nicaragua vía terrestre desde Honduras en seis camionetas tipo van con logotipos de Televisa –empresa que se deslindó de los acusados– en los que la policía encontró 9.2 millones de dólares escondidos en 39 paquetes dentro de compartimientos secretos.
Las autoridades nicaragüenses señalan que la líder del grupo es Raquel Alatorre Correa y Juan Torres es segundo al mando.
En las investigaciones del llamado caso Televisa, el juez argumentó que no le queda duda del lavado de dinero. Explicó que el dinero incautado no es totalmente legal y estaba oculto en los vehículos, como es usual en este tipo de operaciones del crimen organizado.
Refirió que los acusados realizaban el traslado de dinero y usaban el enmascaramiento como empleados de Televisa para efectuar sus actividades ilícitas. El origen del dinero “no tiene una explicación (…) No queda duda de los hechos que les acusan (por lavado de dinero), porque no hay justificación legal ni financiera que pueda dar indicios de que esos recursos sean bien habidos”.
El juzgador estimó que fue demostrado que hay una organización ilícita que se moviliza por Centroamérica desde México.
Indicó que la defensa de los 18 inculpados no aportó pruebas de la supuesta actividad periodística de sus representados.
En cuatro de las camionetas las autoridades comprobaron la presencia de partículas de cocaína, lo cual indica que hay fuertes elementos de que (los vehículos) también se estaban empleando para el transporte internacional de estupefacientes.
Para ratificar el delito de crimen organizado, Altamirano presentó un recuento de los hechos: el uso de emblemas de la cadena Televisa en la ropa y equipos de comunicación del grupo, así como las contradicciones que hubo entre los detenidos sobre su misión en el país.
Al respecto, el juez consideró válidas las declaraciones de 21 testigos, entre éstos peritos policiales, oficiales de migración, expertos en telecomunicaciones y ex empleados de un hotel donde el grupo se hospedó en uno de su viajes a Managua.
Antes de concluir la audiencia, el juez dio la palabra a los detenidos. Alatorre Correa se limitó a pedir su traslado de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía de Managua al centro penitenciario de mujeres La Esperanza, ubicado al oriente de la capital.
David Gustavo Reyes Arce pidió un juicio apegado a derecho y que sean tomadas en cuenta las evidencias al momento de dictar el fallo. “Si hice algún daño, pido perdón a Nicaragua y a México (…) espero un juicio justo, estoy en las manos de Dios”.
De igual manera se expresó Salvador Guardado, quien además denunció que durante la detención del grupo hubo violaciones a sus derechos humanos.
Rodolfo Jiménez Camacho, Osvaldo López Uribe, Raúl Alejandro Salinas, Valentín Delgado Guillén, Hiran Pacheco Basurto y Cecilio Torres hicieron cortas intervenciones y pidieron justicia; afirmaron que se está jugando con su libertad.
Juan Luis Torres denunció violaciones a sus garantías fundamentales y escasa asistencia para preparar la defensa con sus abogados. Sólo siete minutos en los 120 días que ha durado su detención.
Por su parte, la fiscalía argumentó que los 18 inculpados, bajo fachada de ser empleados de la cadena televisiva mexicana, se movían libremente por el país utilizando credenciales y emblemas de esa empresa de comunicaciones para trasladar dinero de norte a sur, y a su regreso transportaban droga.
Las pruebas entregadas al juez Altamirano incluyeron el dinero incautado, joyas, vehículos con equipos de última tecnología de telecomunicaciones y el detalle de los movimientos migratorios realizados en más de 40 viajes por al menos cuatro de los detenidos, entre ellos Alatorre, entre 2008 y 2012.
Tras la declaración de culpabilidad del juez, la Fiscalía de Nicaragua pidió una pena máxima de prisión. La Procuraduría General de la República solicitó 43 años de cárcel para Alatorre Correa, por haber sido la jefa del grupo, y 34 años para los otros 17 procesados.
Cabe destacar que en Nicaragua la pena máxima efectiva de prisión es de 30 años, aunque la sumatoria de condenas supere ese tiempo. En tanto, los abogados de los detenidos pidieron 14 años de condena, pues –argumentaron– los procesados no tenían antecedentes penales.
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