Rosa Rojas / Enviada La Jornada
Zautla, Puebla. Junto a los rumores sobre las empresas de minería a cielo abierto llegaron en 2011 a la Sierra Norte de Puebla (SNP) informes fragmentarios refieren la existencia de proyectos para construir seis hidroeléctricas en la región, que se supone están ligados a las primeras para proveerlas de energía.
El gobernador Rafael Moreno Valle anunció en marzo –dos meses después del inicio de su mandato– que se invertirían 100 millones de pesos para construir en este municipio la primera de 50 ciudades rurales sustentables (CRS) para dotar de servicios a la población indígena y campesina dispersa.
Como en el caso de las minas, tampoco ha habido información oficial acerca de las hidroeléctricas para la población que podría ser afectada o beneficiada con los proyectos. La inquietud cundió entre indígenas y campesinos ante el peligro de perder la tierra, de que les quiten sus manantiales, de ver inundados sus árboles frutales, sus milpas, sus bosques, los cementerios donde reposan los ancestros; todo aquello que constituye su patrimonio construido con arduo trabajo y que podría ser sepultado por las aguas a causa de una decisión tomada en una oficina lejana, para beneficio de algunos pero a cuenta de utilidad pública.
Sobre las ciudades rurales, el gobierno estatal informó a finales de abril de 2011 que para construirlas en San Miguel Tenextatiloyan, comunidad del municipio de Zautla, habría 200 millones de pesos que aportarían la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), el gobierno estatal y Fundación Azteca. (Desinformémonos, noviembre 2012).
Resistencia ante el fracaso en Chiapas
Las ciudades rurales serían uno de los instrumentos para combatir la pobreza –con el supuesto de que indígenas y campesinos son pobres porque viven dispersos en las zonas rurales– y bajar los costos de la introducción de servicios –agua potable, electricidad, drenaje, centros de salud, centros comerciales y escuelas–, concentrando a la población en una unidad habitacional, lejos de sus áreas de cultivo.
La CRS de Tenextatiloyan sería el piloto en la Sierra Norte, y tendría que haber estado terminada el pasado 5 de mayo, cuandio se conmemoró el 150 aniversario de la batalla de Puebla, pero lo que se inauguró en abril fue un Centro Integrado de Servicios en un inmueble. Las resistencias al proyecto provinieron de las comunidades presuntamente beneficiarias, de funcionarios municipales de Zautla, de organizaciones indígenas y campesinas, de centros de desarrollo rural, académicos y organizaciones de derechos humanos que subrayaban el fracaso de las CRS en Chiapas.
La Jornada solicitó al gobierno de Pueblas una entrevista con funcionarios para obtener la versión oficial sobre las cuestiones de la minería, las hidroeléctricas y las CRS en la Sierra Norte, pero no obtuvo respuesta.
Hasta donde se sabe –por comentarios de diputados poblanos–, Moreno Valle habría dado marcha atrás a la construcción de esta ciudad rural, indicó Raymundo García, secretario ejecutivo de la organización Causa Indígena de Zapotitlán de Méndez, quien señaló que a principios de enero solicitarán una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado para pedirle informes sobre estos proyectos.
Además, envió sendas solicitudes a los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, amparándose en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las que les pide copia certificada de contratos, concesiones, asignaciones, permisos y autorizaciones de explotación minera y para la construcción de hidroeléctricas en territorio indígena en la Sierra Norte, así como manifestaciones de impacto ambiental y estudio técnico justificativo de cada una de ellas y, si existen, declaratorias de áreas naturales protegidas en la región, con copia de los acuerdos respectivos.
García López agregó que otras CRS en la Sierra Norte se construirían en Zongozotla y Cuetzalan. En Zongozotla hay una sola comunidad y la gente vive como en panal, así que no se justifica el argumento de combatir la dispersión; el objetivo oculto es desplazarnos, indicó en entrevista.
Además –señala–, las minas, las hidroeléctricas y las ciudades rurales llegaron juntas y aparentemente se complementan: las dos primeras desplazarían a las comunidades de sus territorios y en las terceras se reubicaría a los damnificados –o beneficiarios, según se vea– por el desarrollo económico.
Eso facilitaría el control de la población, la haría dependiente del mercado aniquilando su agricultura de autoconsumo: Quieren proletarizarnos, llevarnos a la reconversión económica para que tengamos que comprar la comida, para que trabajemos de peones o en los viveros, consideró por separado el dirigente de la organización Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitonas), Florencio Carlos Zabaleta.
Respecto a las hidroeléctricas, mencionó que están monitoreando dichos proyectos para informar a las comunidades el impacto y consecuencias que pueden traer.
En Unitona, que como organización regional tiene presencia en 28 municipios y trabaja con ocho organizaciones de base, se conoce que sobre el cauce del río Ajajalpa, en el municipio de Ahuacatlán, se pretende construir dos hidroeléctricas, una en la comu- nidad de Xochicuautla, por Grupo México, y otra en San Mateo Tlacotepec, de la empresa Comexhidro, que abarca también el municipio de San Felipe Tepatlán. Hay otro proyecto hidroeléctrico, al parecer también de Grupo México, unos kilómetros más abajo, por la comunidad de Bienvenido, ya colindando con Olintla.
En la cuenca del río Zempoala, entre Zapotitlán de Méndez y Xochitlán de Vicente Suárez, se ubica el proyecto hidroeléctrico San Antonio, el cual ha presentado dos veces la manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat y ha sido rechazada, según se sabe hasta ahora, informó.
Apuntó que le dicen minihidroeléctrica San Antonio, pero de mini no tiene nada, porque abarca cinco municipios: Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayan, Zoquiapan y Nauzontla. Luego, más abajo, entre Jonotla y Zoquiapan, se encuentra otro proyecto hidroeléctrico del cual no se sabe de qué empresa es, y hay un proyecto más sobre el río Apulco, a la altura de San Juan Tahitic, municipio de Zacapoaxtla.
Labor de concientización
Zabaleta señaló que todas esas hidroeléctricas afectarán la rica biodiversidad de la Sierra Norte de Puebla, sus espesos bosques de pino y encino, y un sinnúmero de arroyuelos caudalosos que bajan de sus escarpadas cumbres para formar ríos que desembocan por Veracruz en el Golfo de México. De concretarse la triada minas-hidroeléctricas-ciudades rurales –advierte– se cancelará el futuro de los pueblos serranos, produciéndose ecocidio y etnocidio. Son proyectos de muerte que además han sido impuestos, sin consulta.
El dirigente comentó que el artículo 13 de la Constitución de Puebla, que señala que los pueblos indígenas de la entidad son sujetos de derecho público, ampara en cierta parte su lucha, así como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ahora tiene rango de ley, para defender sus recursos naturales, su territorio y su derecho a la consulta previa, libre e informada, no la consulta a modo que pretenden hacer el gobierno y las empresas sólo con las autoridades municipales.
La otra parte también es la labor que se hace con la gente. Estamos haciéndole ver lo que se viene para 2013, pues con proyectos de particulares como estos y con el cambio de gobierno (con Enrique Peña Nieto) no sabemos cómo se vaya a poner la situación en la Sierra Norte, pero lo que tenemos bien claro es que vienen con todo por la privatización del agua y el despojo del territorio, afirmó el dirigente de Unitona.
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