Alonso Urrutia / La Jornada
La unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó a desahogar las primeras quejas relacionadas con dos de los asuntos más polémicos por presunto financiamiento ilícito a la campaña del ahora presidente, Enrique Peña Nieto. El proyecto que discutirá y, en su caso, aprobará el Consejo General dictamina que ni en el caso Monex –en su vertiente relacionada con triangulaciones financieras con empresas en Estados Unidos– ni en el de las tarjetas CTM Soriana hay elementos probatorios y, por tanto, son infundadas.
Son apenas las primeras de al menos cinco quejas relacionadas con Monex y Soriana, en las cuales, de acuerdo con el proyecto de la unidad de fiscalización, nada de lo que denunciaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) se comprobó.
De esa manera, no hay motivo de sanción, con lo que se exonera al PRI y a Peña Nieto de esas quejas en su contra.
Es una vertiente de fiscalización. Faltan las denuncias por compra y coacción del voto asociadas a estos casos, que se investigan en otro ámbito.
En el desglose de las quejas que en su momento promovieron el blanquiazul y el sol azteca en relación con Monex y la presunta triangulación financiera –que involucraba a Frontera Television Network e Intelimedia SA de CV, entre otras empresas– por un monto de 56 millones de dólares, originalmente destinados a una campaña publicitaria del priísta en Estados Unidos, la unidad de fiscalización concluye:
Infundado, toda vez que se cuenta con elementos suficientes para acreditar que la otrora coalición Compromiso por México y su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, no recibieron financiamiento encubierto, o bien, recursos ilícitos a través de triangulación del gobierno del estado de México ni de empresas mexicanas de carácter mercantil.
En el documento, la unidad de fiscalización descalifica las quejas del PAN y el PRD con el argumento de que no se encontraron elementos probatorios.
En el caso de la denuncia a un conjunto de empresas, entre ellas Jiramos SA y Frontera Televisión, que había contratado publicidad para Peña Nieto, la unidad de fiscalización afirma haber encontrado elementos de que los contratos habían sido rescindidos el 6 de enero de 2012.
Según los quejosos, dichos contratos sólo servían para encubrir la triangulación financiera de procedencia desconocida a la campaña de Peña Nieto.
La citada instancia del IFE afirma haber hecho una investigación exhaustiva, según la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le proporcionó información mediante la cual una cuenta Monex –denunciada como parte de la triangulación– se trata en realidad de una cuenta que se mantiene abierta para operaciones internacionales.
También es descalificada la denuncia según la cual los recursos para fondear la campaña provenían de la administración mexiquense, pues “a pesar de que no se entregaron mayores indicios, se revisaron las transferencias del gobierno del estado de México a algunas empresas denunciadas que habrían recibido los recursos, concluyéndose que en ese periodo no hubo transacciones inusuales.
Dentro de las investigaciones realizadas por la autoridad sustanciadora, no fue posible comprobar la existencia de alguna relación real o supuesta entre las empresas denunciadas y los miembros del equipo de campaña, como denunciaban los quejosos aludiendo a una cuenta de Soctiabank en la que estaría involucrado el ex coordinador de campaña, Luis Videgaray.
Sobre la queja por financiamiento ilícito por conducto de CTM Soriana, la unidad de fiscalización desecha prácticamente todo. A decir de esta instancia, de las 850 mil tarjetas del convenio sólo se distribuyeron 479 mil, de las cuales se utilizaron 14 mil 118, y sostiene que dichos plásticos eran de uso muy específico y sólo otorgaban ciertos beneficios, pero no dinero en efectivo.
De igual forma, descalifica la denuncia perredista de que varios gobiernos estatales firmaron convenios con Soriana para ser usados en la compra del voto.
Los contratos de Baja California Sur, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, concluye, provienen de licitaciones públicas abiertas y de programas de gobierno que tienen la finalidad de beneficiar a poblaciones determinadas, de acuerdo con partidas presupuestales aprobadas por los congresos.
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