John M. Ackerman
Después de dos traslados pacíficos del poder presidencial en 2000 y 2006, la violencia política ha retornado. El primero de diciembre docenas de jóvenes fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública, y dos activistas pacíficos, Uriel Sandoval y Juan Francisco Kuykendall, gravemente lesionados. El primero perdió un ojo y el segundo parte de su cerebro, ambos heridos por la violencia ejercida por la Policía Federal. Asimismo, las detenciones arbitrarias y la incapacidad de la policía capitalina para proteger negocios y monumentos revelaron el estado de desprotección en que nos encontramos los habitantes de la ciudad de México. La liberación de algunos presos políticos ayer no modifica en absoluto los agravios cometidos.
Recordemos cómo en 1988 fueron asesinados dos colaboradores de alto nivel del entonces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, cuatro días antes de las elecciones presidenciales. Francisco Ovando y Román Gil habían construido una red nacional para recolectar los resultados electorales el día de los comicios. Gracias a su muerte fue más fácil para Carlos Salinas orquestar el fraude que cancelaría la posibilidad de una alternancia hacia la izquierda en aquel año.
Seis años después, el 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a sangre fría a plena luz del día. La tensión entre el presidente Salinas y el candidato Colosio había aumentado desde el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado para la Paz en Chiapas, lo cual permitió al ex regente capitalino tener más reflectores que el candidato presidencial. Dos semanas antes de su fallecimiento, Colosio había marcado su distancia de Salinas en un simbólico discurso en el Monumento a la Revolución. No pocos cronistas e historiadores han señalado que con ese pronunciamiento público, Colosio firmó su sentencia de muerte.
Las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 no fueron de ninguna manera ni pulcras ni equitativas. En 2000, tanto el candidato del PRI, Francisco Labastida, como Vicente Fox recibieron enormes cantidades de dinero de manera ilegal. Si bien el IFE impuso multas históricas en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, nunca se llegó al fondo de las telarañas de financiamiento ilícito y la mayoría de los responsables quedaron impunes. Hoy, por ejemplo, Carlos Romero Deschamps, líder petrolero y uno de los principales responsables del Pemexgate, despacha cómodamente desde una curul en el Senado.
La elección de 2006 también estuvo marcada por las graves irregularidades que todos conocemos. Hubo una intervención indebida desde la Presidencia de la República, una campaña mediática calumniosa financiada ilegalmente por el sector privado y un total desaseo en el conteo de los votos. El dato más indicador es que a la fecha los ciudadanos aún no hemos podido revisar la papelería de aquellas fatídicas elecciones.
En 2012 nos encontramos ante una macabra síntesis de las viejas y las nuevas formas para defraudar la voluntad popular y violentar la democracia.
Uriel Sandoval, Juan Francisco Kuykendall y las docenas de activistas que fueron arbitrariamente detenidos y encarcelados son hoy lo que fueron Ovando y Gil en 1988 y Colosio en 1994: víctimas de un sistema político que está dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder su control sobre las palancas del poder. Hubo una clara sed de venganza. Alguien tuvo que pagar por la insubordinación de los jóvenes del movimiento #YoSoy132.
Como complemento, tenemos unos días después el carpetazo anticipado del IFE de los casos de Monex y Soriana. Y por su destacada labor en la protección de los potentados, la magistrada María del Carmen Alanís recibe de manos de Enrique Peña Nieto un anillo de diamantes como la mujer del año.
Hace falta repudiar sin regateos la violencia porril ejercida por los grupos de choque muy probablemente auspiciados desde las más altas esferas del nuevo gobierno federal.
Esa vieja estrategia de los halcones la conocemos bien desde 1971. También es importante señalarles a los pocos jóvenes que auténticamente creen en métodos violentos de lucha, que esa senda está destinada al fracaso y que además pone en grave riesgo la integridad física de sus compañeros y amigos pacifistas.
No se debe nunca dar pretextos a la autoridad para cancelar el derecho constitucional a la libre manifestación pacífica.
Hay, sin embargo, buenas noticias. Primero, se demostró la enorme fuerza de las redes sociales y las cámaras ciudadanas como instrumentos para la autodefensa popular. A partir de hoy, no puede haber protesta o acción ciudadana sin una comisión formal a cargo de grabar desde todos los ángulos posibles. Así se podrá evitar tanto la infiltración de los saboteadores como las detenciones arbitrarias. Con estas protecciones, los jóvenes podrán vencer el miedo e inundar de nuevo las calles para continuar defendiendo sus muy justificadas demandas para la total renovación de la clase política nacional.
La otra buena noticia es que Marcelo Ebrard termina hundiendo toda posibilidad para recibir el apoyo de la izquierda en 2018. Cada vidrio roto el pasado primero de diciembre se debe a una imperdonable falla en la vigilancia de sus policías. Y cada joven detenido injustamente fue un imperdonable agravio a la ciudadanía por parte de su gobierno.
Muchos ya lo sabíamos, pero hoy como nunca queda claro que Ebrard es igual de represor y cínico que Peña Nieto. Si quiere contender por Los Pinos, que lo haga por donde le corresponde: el PRI. #1DMX no se olvida #TodosSomosPresos.
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