Patricia Dávila / Apro
Funcionarios de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), de la PGR, advirtieron que mientras la dependencia federal no conozca la carpeta de investigación sobre el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, no avalará el fallo emitido por la Procuraduría estatal en torno a que el homicidio de la periodista se relacionó a un robo y no a su actividad periodística.
El martes 30 por la noche, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ), Amadeo Flores Espinosa, presentó ante la prensa como probable asesino a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, quien según el funcionario estatal “se declaró confeso” del homicidio ocurrido el sábado 28 de abril en el domicilio de la reportera.
Según Flores Espinosa, El Silva señaló a su cuñado José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, como copartícipe de los hechos.
Más aún, el procurador de Veracruz destacó que los acusados conocían a la periodista y la asesinaron para robarle, de acuerdo con la confesión de El Silva.
En tanto, abundó el funcionario estatal, El Jarocho se encuentra en calidad de prófugo, por lo que se solicitó el apoyo a la Procuraduría General de la República (PGR) y de las 31 procuradurías estatales para la localización del presunto homicida.
–De acuerdo con los protocolos y si hay una coadyuvancia, ¿el gobierno de Veracruz debió notificar de las actuaciones ministeriales a la Fiscalía y a la misma revista Proceso? –se preguntó al funcionario de la FEADP.
–No es un deber, es cuestión de conveniencia, de que las autoridades que llevan la investigación informen a sus coadyuvantes para dar consistencia a las actuaciones y tener elementos de análisis.
Porque finalmente, prosiguió, “los estados y la Federación tienen un acuerdo y, si aceptaste esta coadyuvancia, se tiene que compartir información.
“Nosotros tendremos que esperar a que nos den a conocer de manera formal las diligencias. De lo contrario, no podemos decir si estamos de acuerdo o no” en el esclarecimiento del caso.
Según la PGJE, en más de seis meses de indagatorias se tomó la declaración a 38 personas, se realizaron 155 diligencias, se integraron unos 56 dictámenes periciales y se recibieron 35 informes de investigación, los que se presentaron ante el Ministerio Público (MP).
Estas investigaciones, afirmó la PGJE, llevaron a la localización de El Silva en el municipio veracruzano de Colipa. La dependencia estatal también sostuvo que se trató de un trabajo “profesional”, “acucioso” y “científico” que, “por la delicadeza del caso”, se mantuvo en total secreto.
Sin embargo, de acuerdo con el funcionario de la FEADP, este organismo aún no conoce todas las actuaciones a que se refiere el procurador de Veracruz, así como del apoyo solicitado para dar con el paradero de El Jarocho.
Este martes, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, comentó a CNN México que la postura del semanario es la misma que asumió un día después de la muerte de Regina Martínez, en una reunión con el gobernador Javier Duarte, “por el momento, no les creemos”.
Rodríguez Castañeda también denunció que la PGJE “no cumplió los términos de la coadyuvancia” con los que inició la indagatoria, en la que el reportero de la revista, Jorge Carrasco, fungiría como coadyuvante en la investigación, pues no tuvo un “acceso debido a la investigación”.
Puntualizó que la Procuraduría de Veracruz “se reservó la investigación” y Proceso no conoció sus detalles, por lo tanto –aclaró– el semanario considera que el caso “no está resuelto” y que se debería dar prioridad al trabajo periodístico de Regina Martínez como línea de investigación.
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