Arturo Rodríguez García / Apro
La operación de los pocitos de carbón, presuntamente propiedad del grupo criminal Los Zetas, ya ha cobrado vidas humanas, aunque la información se ha mantenido en la opacidad.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los siniestros carboneros en Coahuila, sobre los que existe una amplia cobertura mediática, los gobiernos estatal y federal han ocultado información sobre los accidentes laborales donde mueren mineros.
Es el caso de dos accidentes suscitados la tercera semana de julio, con saldo de un trabajador muerto y dos lesionados.
De acuerdo con un oficio girado por el gobierno de Coahuila a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los siniestros mineros se registraron los días 20 y 22 de julio de este año.
El oficio, identificado con el número 2609/2012, fue signado por el delegado de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE), Norberto Ontiveros Leza, y dirigido al director jurídico de la delegación de la STPS, Alejandro Castañeda Zavala, con fecha del 24 de julio pasado.
El filón siniestrado era propiedad de una persona identificada como Juan Antonio Quistiano Laves.
Dos días después, el 22 de julio, otro trabajador quedó severamente lesionado de la columna vertebral luego de que un tapón botara y le impactara la espalda, en un pocito carbonero ubicado en la Villa de Cloete.
El trabajador herido sólo pudo afirmar que el pocito era propiedad de una persona a quien llamaban Reynol, quien lo contrató.
El diario Reforma publicó hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a tres empresas carboneras vinculadas con Los Zetas, cuyo principal operador fue identificado como José Reynol Bermea, presunto jefe de plaza de la mencionada organización criminal.
La semana pasada, en diferentes entrevistas, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aseguró que el contexto en que fue asesinado su hijo, José Eduardo, a principios de octubre, es el de una sociedad en la que empresarios del carbón están inmersos en actividades delictivas.
El pasado mes de julio, el gobernador Rubén Moreira informó sobre un operativo en que fueron destruidos varios pocitos carboneros ubicados a pie de carretera, en las villas de Agujita y Cloete, en Sabinas.
Moreira Valdés admitió entonces que esas minas se encontraban en terrenos del gobierno estatal y también reconoció que la delincuencia organizada ya opera en la minería del carbón.
Hasta el momento, el caso de las minas de José Reynol Bermea es el único que ha trascendido a la opinión pública, aunque según Reforma el “narcoempresario” fue detenido en días pasados por elementos de la Armada de México.
Comentarios