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El Instituto Federal Electoral (IFE) anunció este jueves que acatará la petición del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACDH-ONU) para frenar la destrucción de las boletas correspondientes a los comicios presidenciales de 2006.
Y este mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informará al IFE sobre las medidas cautelares para suspender la destrucción de boletas, programada inicialmente para el lunes 12.
El consejero electoral Marco Antonio Baños confirmó, en entrevista con Excélsior, que el IFE atenderá la medida, debido a que México tiene firmados tratados internacionales que lo comprometen a tomar en cuenta la petición de ONU.
Sin embargo, Baños aclaró que las papeletas de los comicios presidenciales de 2012 sí serían destruidas, salvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine lo contrario, luego de que PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) impugnaran la decisión del IFE para destruir las boletas.
Cabe destacar que, en los comicios presidenciales de 2006, la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de sólo 250 mil sufragios, equivalente a medio punto porcentual de la votación total.
Rodríguez Castañeda solicitó tener acceso a las boletas de 2006, petición que le fue denegada, razón por la que interpuso un recurso ante Naciones Unidas.
En su solicitud, el periodista pide garantizar el derecho de acceso a la información para conocer “la verdad histórica”, e invoca al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, del cual México forma parte.
El argumento del director del semanario es que destruir las boletas violaría la libertad de información y las garantías judiciales, por lo que pidió que se dicten medidas provisionales para evitar que el procedimiento continúe.
En la edición 1878 de Proceso, que circula esta semana, se destaca que la revista presentó, junto con la organización Litiga, un recurso de protección judicial en contra del acuerdo avalado el 3 de octubre por el IFE sobre la destrucción de la papelería de los polémicos comicios.
“Tanto la petición a la ONU como la demanda de amparo colectivo pretenden detener la destrucción de las boletas para garantizar el derecho de acceso a la información en poder del Estado, que tiene el carácter de pública”, justificó Graciela Rodríguez Manzo, presidenta de Litiga y abogada de la revista ante el Comité de Derechos Humanos de ONU.
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