Salvador García Soto
A partir de que las indagatorias de la PGR y la SEIDO apuntan a las empresas de José Luis Guadiana en la investigación de una red ligada a los narcomineros del carbón en Coahuila, surgen otros nombres ligados a este polémico empresario y a su hermano Armando Guadiana, que aparecen mencionados en las investigaciones de la Procuraduría.
Uno de ellos es el alcalde de Progreso, el municipio donde fue acribillado Heriberto Lazcano El Lazca y en donde el capo vivía y aparentemente se dedicaba a la explotación de pozos carboníferos sin ser molestado por autoridad alguna. Rubén Trejo es el presidente municipal a quien se vincula con José Luis Guadiana y sus empresas que comercian el carbón. La situación económica del alcalde, según las autoridades, ha mejorado considerablemente desde que se asoció con Guadiana.
Otro nombre que aparecería en la red ilegal del carbón es el del empresario Pedro Alcalá González, dedicado a la venta de gas en Sabinas y a la “ganadería de exportación y la cría de caballos cuarto de milla”. Hay líneas de investigación que lo conectan con la compra de carbón ilegal en la zona, según testimonios recabados por las autoridades.
Parte de las investigaciones sobre las empresas de los Guadiana tiene que ver con el constante flujo de efectivo. Sus ganancias líquidas anuales se estiman en 400 millones de pesos, y en su mayoría son manejos de compras y ventas en efectivo. Mientras José Luis Guadiana es ubicado como propietario de varias empresas como Materiales Industrializados S.A, o la compañía minera Caopas, su hermano Armando se dio a conocer como crítico del ex gobernador Humberto Moreira, contra quien promovió varios amparos por el endeudamiento al estado, además de ser operador de Andrés Manuel López Obrador en Coahuila.
Cuando el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo la semana pasada que “hace meses que sabemos” de la existencia de vínculos entre empresarios y narcotraficantes metidos a la explotación del carbón ilegal en Coahuila, en realidad lo que quiso decir el funcionario es que las investigaciones llevan tiempo tratando de armar la red de nombres, empresas y presuntos delincuentes involucrados en lo que parece un entramado legal y financiero para adquirir el carbón ilícito y “lavarlo” junto con las millonarias ganancias que genera a través de los membretes de empresas establecidas y, algunas, registradas como proveedores oficiales de la CFE.
La pregunta es si los nombres que aparecen en esas investigaciones saldrán a relucir en lo que resta de esta administración o si el tema de la narcominería en Coahuila, destapado por Moreira en acusaciones que hizo a raíz de la muerte de su hijo, será un asunto que el gobierno del presidente Calderón deje pendiente al de Enrique Peña Nieto. Si en el caso de Tres Marías que desató un escándalo internacional, la procuradora Marisela Morales ya declaró que tendrá que venir a resolverlo su sucesor, ¿ocurrirá lo mismo con el delicado tema de la narcominería en Coahuila?
NOTAS INDISCRETAS… Entre los hombres que acompañan a Miguel Ángel Mancera en su equipo de transición llama la atención el nombre de Andrés Webster Henestrosa, encargado de asuntos de Cultura. Webster es sobrino de Andrés Henestrosa y tiene entre sus cartas haber sido colaborador del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca y luego haber repetido con Gabino Cué. Por cierto que intelectuales oaxaqueños no le perdonan dos cosas: una, que el abultado presupuesto que manejó en dos sexenios no ayudó a mejorar notablemente la cultura en Oaxaca y dos, que nunca se pronunció contra la represión de Ulises en aquel conflicto oaxaqueño de la APPO… Se baten los dados. Tocó Serpiente.
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