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Roberto Fonseca / Apro
Bajo estrictas medidas de seguridad y ante más de 70 periodistas nacionales y extranjeros, iniciará este viernes el juicio contra 18 mexicanos detenidos en Nicaragua el 24 de agosto anterior, acusados de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de estupefacientes.
Procedentes de México, los 18 detenidos ingresaron a Nicaragua el 20 de agosto a bordo de seis camionetas Chevrolet, con logotipos de la cadena Televisa.
Según ellos, venían de tránsito para garantizar una cobertura especial en Costa Rica, pero las autoridades nicaragüenses terminaron descubriendo ocultos en uno de los vehículos 9.2 millones de dólares, así como residuos de cocaína.
“Es una cantidad enorme, creo que en los últimos años no ha habido un golpe de esa naturaleza en toda el área centroamericana. Es la fecha y todavía no se ha determinado de dónde venía ese dinero, en qué sería utilizado y a quién iba destinado. No hay una explicación lógica de por qué venía esa suma de manera clandestina, evadiendo el sistema de aduanas y el sistema tributario nicaragüense”, comentó Julio César Arias, juez de Audiencia y quien encontró elementos suficientes para decretarle prisión preventiva y remitir a juicio al grupo de mexicanos.
Los 258 paquetes de dólares, según la acusación del Ministerio Público de Nicaragua, eran trasladados en tres de las seis camionetas Chevrolet, modelo 2011: las que portan las placas 571-XXD, 886-XCR y 165-XCC.
En cada una de ellas viajaban tres personas. Y al frente de todas, fungiendo como jefa de la caravana, Raquel Alatorrre Correa.
“La misma cantidad de dinero incautado (más de 9 millones de dólares) es una prueba material irrefutable, eso es como encontrar en una bodega una tonelada de mariguana o de cocaína; entonces, eso tiene por supuesto una relevancia enorme. Constituye uno de los elementos de prueba más importantes”, indicó el juez Arias.
Además de la cuantiosa suma de dinero asegurado, otro elemento trascendental de este caso es el modus operandi del grupo, moviéndose por la región como supuestos reporteros de Televisa.
“La fachada utilizada hasta el momento de su detención era extraordinaria, porque se identificaban como un grupo de periodistas que circulaba por varios países de Centroamérica, supuestamente a la búsqueda de noticias de trascendencia o bien para cubrir eventos o espectáculos de gran magnitud. Eso les permitió no ser detectados por un buen tiempo, ya que ningún gobierno quiere ponerle trancas ni obstáculos a la labor periodística”, agregó el juez Arias.
De acuerdo con datos migratorios provenientes de San José, Costa Rica, el grupo se movilizaba bajo esa fachada desde 2008, entrando y saliendo impunemente por los puestos fronterizos centroamericanos, poniendo en evidencia la fragilidad y debilidad de los controles migratorios, aduaneros y de seguridad.
Además de las camionetas con los logotipos de Televisa, el grupo portaba uniformes, papeles membretados y gafetes con la marca distintiva del gigante televisivo.
No obstante, de acuerdo con el juez Arias, a las autoridades nicaragüenses no les corresponde corroborar si son o no empleados activos o retirados de Televisa.
“Lo único que hasta el momento sabemos es que ellos quisieron hacerse pasar como periodistas, pero eso no lo podemos afirmar ni negar, eso quedará sujeto a otras averiguaciones e investigaciones que hagan las autoridades mexicanas, porque no nos compete a nosotros determinar efectivamente si estas personas estaban vinculadas o no a determinado medio de comunicación”, aclaró.
“Creo que serán los mismos procesados quienes deberán decir y demostrar si efectivamente son o no periodistas, y demostrar por tanto que no son miembros del crimen organizado”, añadió.
Arias, de unos 55 años y originario de Managua, camina sin escolta en las instalaciones de los juzgados de Managua. Viste de civil, sin la acostumbrada toga judicial negra.
Sin embargo, admitió que mientras duró la audiencia inicial contra los 18 mexicanos, la policía le asignó un escolta que lo mantuvo siempre bajo vigilancia.
Arias recordó que este juicio ya se declaró de “tramitación compleja”, basándose en el artículo 135 del Código Procesal Penal de Nicaragua, lo que implica el doble de tiempo para desarrollar este proceso, tanto para la parte acusadora como para los defensores.
Por tanto, el juez noveno de Distrito Penal de Managua, Edgard Altamirano, tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir del 24 de agosto, cuando los señalados fueron puestos a la orden del juez Arias.
“El proceso dura eso, seis meses, y los jueces no estamos facultados ni para restringir ni para ampliar esos plazos o términos. El (juez Altamirano) tiene seis meses para enmarcar todas sus actuaciones. El puede realizar el juicio cuántos días sean necesarios, dar todos los recesos que crea conveniente, hasta concluir y finalizar en un fallo, siempre en el plazo de seis meses”, insistió Arias.
Por tanto, el plazo máximo para un fallo sería febrero de 2013, sin embargo, extraoficialmente se rumora que podría concluir en las próximas semanas.
El juez Arias, en cambio, cree que el proceso se extenderá y será prolongado, dado que intervendrán más de 12 testigos por parte del Ministerio Público y un equipo de defensores integrado por unos seis abogados del bufete de Ramón Rojas.
“Son un equipo bueno de abogados”, dijo refiriéndose a los defensores, “son jóvenes pero tienen mucha experiencia y mucho ímpetu. Ellos conocen bien de este tema porque ya han estado en otros casos similares, así que yo espero que se produzcan debates muy firmes durante el proceso”, refirió Arias.
Mientras fungió como juez de Audiencia o juez de Garantía, Arias dijo que, en reconocimiento a la Convención de Viena, él autorizó a las autoridades del Consulado de México en Nicaragua que se reunieran con los 18 mexicanos detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, de la Policía Nacional.
Confirmó que hubo un primer encuentro, aunque no precisó fecha. Se consultó al Consulado de México al respecto, pero sus representantes no confirmaron ni desmintieron la versión de Arias.
Además, el juzgador recordó que al menos cinco de ellos han sido atendidos por los médicos forenses y por especialistas de salud pública, ya que han presentado males cardiacos, odontológicos y dermatológicos, entre otros.
De acuerdo con versiones policiales, la mayoría de los 18 detenidos fueron trasladados desde hace un par de semanas al Sistema Penitenciario Nacional, a la denominada Cárcel Modelo, ubicada en el municipio de Tipitapa, a unos 23 kilómetros de Managua, la capital nicaragüense.
Sin embargo, cuatro de ellos, entre los que estaría la líder del grupo, Raquel Alatorre, permanecen en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
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