De acuerdo con las investigaciones estas personas, habrían tramitado los registros de los vehículos sin cumplir con los requisitos establecidos, como es el hecho de no corroborar si la persona que se presentó a realizar el registro era la misma que la de la identificación oficial.
Notimex
México.- El procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, informó que ya se giró orden de aprehensión contra los cuatro servidores públicos de módulos delegaciones que realizaron los trámites de registro de las 16 camionetas con razón social de Televisa.
Es de destacar que la semana pasada se solicitaron las órdenes de aprehensión contra los cuatro empleados que laboraban en los módulos de Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan, como presuntos responsables del delito de ejercicio ilegal del servicio público.
De acuerdo con las investigaciones estas personas, habrían tramitado los registros de los vehículos sin cumplir con los requisitos establecidos, como es el hecho de no corroborar si la persona que se presentó a realizar el registro era la misma que la de la identificación oficial.
Otro hecho es la presunción de que los cuatro empleados sólo recibieron copias de documentos originales para efectuar dicho registro ante la Secretaría de Transporte y Vialidad.
El procurador capitalino reiteró que ya se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes y se espera que en cualquier momento se les localice para ser puestos a disposición del juez de la causa, quien determinará su situación jurídica.
En tanto, la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría capitalina indaga el contenido de equipos electrónicos encontrados en el domicilio donde los ciudadanos colombianos José Ricardo Quintero y Valdermar Muñoz, convivieron antes de ser asesinados en la colonia Santa Cruz Atoyac, el 16 de noviembre pasado.
Rodríguez Almeida informó también en entrevista que en la averiguación previa iniciada por el doble crimen no hay indicios de la presunta participación de agentes de la Policía Federal Ministerial.
El pasado 16 de noviembre los colombianos fueron privados de la libertad y fueron detenidos en agosto pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial realizado en la colonia Contry Club, delegación Coyoacán.
Ambos permanecieron bajo la medida cautelar de arraigo, la cual libraron al no encontrarse elementos suficientes para su consignación por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína.
En otra parte de la entrevista el funcionario precisó que la PGJDF no cuenta aún con la denuncia de la activista de derechos humanos Jesús Robles Maloof, quien la víspera presuntamente fue agredido por elementos del Estado Mayor Presidencial, en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El titular de la dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, informó que en cuanto esta persona acuda al Ministerio Público se iniciarán las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.
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