Carlos Acosta / Apro
La destrucción de las boletas y demás materiales electorales de los polémicos comicios de 2006, que –según acuerdo del Consejo General del IFE, del 3 de octubre pasado– iniciaría el próximo día 12, se pospondrá el tiempo que sea necesario y hasta que se desahogue el litigio internacional que resultó de la acción promovida por Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Así lo informó este viernes Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero del Instituto Federal Electoral, quien, en cambio, adelantó que la destrucción de la paquetería electoral de las elecciones del 1 de julio de este 2012 iniciará el próximo lunes 12.
Así lo había acordado el Consejo General del IFE y este viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló dicho acuerdo.
“Nuestras juntas distritales están ya preparadas para llevar a cabo estas actividades”, dijo Valdés.
“Mi convicción jurídica –dijo– es que debemos de reflexionar en el Consejo General con mucha prudencia, entendiendo que se trata de un llamado al Consejo General del Instituto, en tanto que instancias del Estado mexicano, porque a quién se dirige este comité de derechos humanos es al Estado mexicano y con visión de Estado tendremos que tomar alguna resolución.”
Insistió Valdés en que “la prudencia debe imperar”, pues, dijo, “es importante que ese litigio se desahogue en los términos que establecen los convenios internacionales y de esta manera, pues, nosotros tomar las resoluciones que correspondan.”
Adelantó que en la sesión del Consejo General del próximo miércoles 14 de noviembre se tendrá ya un proyecto de acuerdo del Consejo para establecer un criterio respecto de la destrucción del material electoral de la elección presidencial de 2006.
“En mi opinión jurídica, y mi reflexión sobre este particular, es en el sentido de que debemos ser prudentes”, dijo Valdés, y concluyó:
“Debemos de crear el espacio temporal suficiente para que el litigio internacional se desahogue y así el Estado mexicano no se encuentre en una situación de desatender una recomendación internacional que, independientemente de las valoraciones que se tendrán que hacer en el mismo foro internacional –en el que se ha emitido esta propuesta de medidas cautelares–, nosotros seamos muy, muy prudentes, para que el prestigio de México como una nación que respeta los derechos humanos no se vea vulnerado por una decisión que pudiera ser imprudente.”
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