Instituto Federal Electoral (IFE) y algunos observadores electorales de la Unión Europea que participaron en los comicios 2012, “chocaron” debido a la actuación del órgano electoral el pasado 1 de julio.
Hace unas semanas, la delegación de observadores electorales que visitó nuestro país, criticó la actuación de las autoridades por haber permanecido en posición conservadora ante las denuncias de compra y coerción del voto registrado en los casos Monex y Soriana.
El mismo documento de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, establece que el IFE argumentó “falta de pruebas” y determinó no dictar las medidas cautelares para congelar las cuentas bancarias donde presuntamente el PRI realizó pagos a sus operadores para la compra de votos.
Los expertos europeos criticaron el monitoreo de noticieros realizado por la UNAM, los debates, la propaganda gubernamental, las encuestas y otros temas.
Por eso, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, respondió —a través de una carta— a la embajadora Marie Anne Coninsx, jefa de esta delegación, que desestima las críticas y afirma que detectaron ciertas imprecisiones en los datos y hechos. El instituto precisa que las denuncias de Monex y Soriana, todavía se encuentran en procesos y se ha actuado.
EL Consejo General del IFE, discutirá una sanción en contra del PRI, por haber recibido una “aportación en especie” por parte del boxeador Juan Manuel Márquez durante la campaña electoral, debido a que el púgil utilizó el logotipo del tricolor en la parte frontal del calzoncillo.
En esta ocasión, de ser aprobada, se multaría al tricolor con 698 mil 900 pesos, lo que se sumaría a los 350 mil que se le impusieron por el mismo tema en abril pasado.
Esta segunda multa resulta de las investigaciones de la Unidad de Fiscalización del IFE, que en su dictamen, determina que sí hubo aportación en especie al PRI por parte del boxeador por al menos 465 mil 933 pesos, costo que tendría contratar publicidad en la vestimenta de un boxeador.
Durante la sesión de este miércoles también se discutirán sanciones contra organizaciones de observadores nacionales que presentaron irregularidades en sus informes de ingreso y gasto sobre los recursos que recibieron del propio IFE para realizar su labor.
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