Privatización de Pemex: Peña Nieto ofrece a alemanes energéticos

Hace un año, Enrique Peña Nieto declaró al diario “Financial Times” que de llegar a la Presidencia de la República modificaría el régimen legal de Pemex para permitir la inversión privada.

Lilia Arellano

Hace un año, Enrique Peña Nieto declaró al diario “Financial Times” que de llegar a la Presidencia de la República modificaría el régimen legal de Pemex para permitir la inversión privada en actividades reservadas por la Constitución a la empresa paraestatal. Y ahora, este viernes, en Berlín, Alemania, confirmó que su gobierno abrirá a la iniciativa privada el sector petrolero nacional, a través de un reforma energética, que deberá ser aprobada por el Congreso. Se trata de una de las reformas estructurales que el neoliberalismo, ahora  con la casaca priísta, impondrá, si lo permitimos los mexicanos y legisladores de oposición en particular, junto con la reforma laboral que se debate en el Senado, y las que se preparan en materia hacendaria y fiscal, con el propósito de presuntamente generar mayor crecimiento económico, elevar la competitividad del país, generar mayor riqueza, aunque persista su desigual distribución y, lo peor, es que el peso recaerá en las espaldas de los trabajadores y los recursos energéticos del país.

Al igual que la reforma laboral, la reforma energética se intentará imponer a toda costa a los mexicanos, sin contar con un amplio consenso social y sin que antes se desarrolle un debate extenso y franco con las fuerzas políticas de oposición, con todos los sectores productivos, con las organizaciones sindicales y de trabajadores y con la ciudadanía en general. En lugar de tomarse el tiempo necesario para realizar un cambio de esa magnitud en la estructura legal, administrativa y operativa de la principal generadora de riqueza de México, y buscar con todo cuidado un modelo mexicano que lleve a Pemex a una mayor eficiencia y que permita que el sector energético pueda desarrollar adecuadamente su potencial y contribuir a la economía de una mejor manera, se tiene la intención de imponer dicha reforma a rajatabla, de modificar el régimen legal para permitir la inversión privada en actividades reservadas por la Constitución al sector público.

Dados los resultados de la elección federal del pasado 1 de julio, todo parece indicar que la visión de la derecha, incrustada en el PAN pero también en el PRI y sus satélites, que busca una extraordinaria fuente de riqueza en el oro negro y la exploración y explotación de los hidrocarburos, entre otras fuentes de energía, a través de una mayor participación de la iniciativa privada, particularmente de trasnacionales que buscan únicamente la ampliación de su riqueza, se impondrá en el Congreso mexicano a la visión de los partidos de oposición como PRD, PT y Movimiento Ciudadano, e incluso a algunos sectores aún nacionalistas dentro del PRI, que pugnan por la modernización de la injerencia pública, así como mantener los recursos energéticos de la Nación en manos del Estado, en una fuerte empresa pública, precisamente el camino contrario al que se ha seguido en los últimos dos sexenios encabezados por el panismo conservador.

Preocupa en el país las declaraciones de Enrique Peña Nieto ante dirigentes empresariales del Deutsche Bank y de la Latin American Veraint (asociación) en el sentido de que su gobierno impulsará las reformas legales necesarias para la apertura del sector energético mexicano al capital privado en los sectores de exploración, explotación y refinación, aunque matizó que “sin que el Estado pierda la propiedad de los hidrocarburos o la rectoría económica de Pemex”. Inquieta sobre manera que su visión sea reduccionista al señalar que “aferrarnos a paradigmas de carácter ideológico o a resistencias apegadas a ese principio, estaremos posponiendo beneficios para todos los mexicanos”. Alarma también que la dirigencia nacional de su partido, que encabeza Pedro Joaquín Coldwell, secunde estas intenciones sin un amplio debate nacional y la construcción de los consensos indispensables para sacar adelante una reforma energética de esa magnitud en el Congreso de la Unión que modifique la Constitución para lograr mayor apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a recursos privados.

Peña Nieto argumenta que la reforma de marras se instrumentaría para favorecer a la población con insumos energéticos de mejores precios y de mayor acceso, que es el mismo argumento que se ha venido manejando desde hace años para ir abriendo cada vez más a Pemex a la participación privada trasnacional con los resultados que todos resentimos, es decir, energéticos carísimos, como nunca en la historia del país, que benefician sólo a las compañías extranjeras y lesionan todos los días el patrimonio de millones de mexicanos, sin excepción. También, falazmente señala que empresas estatales difícilmente pueden encontrar por sí mismas capacidades financieras para el desarrollo de infraestructura y para la exploración y producción que se requiere, cuando esto lo logró ya la propia Pemex, no sólo en el terreno financiero sino sobre todo en el técnico, antes de que se les ocurriera a los gobiernos neoliberales compartir y desviar la riqueza que esta generaba con empresas privadas y trasnacionales, en deterioro de la propia empresa y del patrimonio de todos los mexicanos en general.

El próximo presidente de México también advierte que su administración promoverá otras reformas de carácter estructural, como la hacendaria que, dice, permitirá mayor competitividad y generación de empleos, además de flexibilizar el régimen fiscal para el pago de impuestos. Preocupación, pena y tristeza da cuando se ve al mexiquense promoviendo al país como el paraíso de la maquila, cuando ya es la cuarta nación maquiladora del mundo, y del comercio libre, sin trabas, con 44 acuerdos comerciales con otras naciones, que han impulsado el cierre de la planta productiva del país, porque los productos, artículos y mercancias “es más barato”, producirlos en otro lado e importarlos.